La orden restringe temporalmente al gobierno de ejecutar su serie de medidas migratorias.
(POLÍTICA PARA MI).- Una jueza federal de Detroit emitió una orden que restringe temporalmente al gobierno de Donald Trump de ejecutar su serie de medidas migratorias dirigidas a impedir el ingreso de musulmanes al país.
La jueza Victoria Roberts emitió la orden en respuesta a una petición presentada ante la corte federal en el distrito este de Michigan que buscaba un mandato permanente contra la denegación de entrada a residentes legales e inmigrantes con visas válidas.
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Trump firmó la semana pasada la orden ejecutiva que afecta a personas que tienen pasaportes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, además de detener temporalmente la entrada de refugiados al país.
Inmigrantes con la tarjeta de residencia fueron inicialmente incluidos en la prohibición de ingresar a EE.UU., pero el domingo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, emitió una declaración diciendo que no estaban sujetos a las restricciones.
Este viernes, abogados del departamento de Justicia se dedican a la tarea de defender la orden de Trump, que muchos juristas y defensores de los derechos de los inmigrantes han calificado de inconstitucional.
¿NECESARIA O INCONSTITUCIONAL?
La Casa Blanca sostiene que la medida es necesaria para la seguridad nacional, pero ha sido declarada inconstitucional por una serie de fiscales generales en estados demócratas.
Jueces federales en Boston, Seattle y Virginia sopesarán demandas presentadas por diferentes estados y grupos de defensa que desafían la orden de Trump.
En Seattle, los estados de Washington y Minnesota están pidiendo a un juez que suspendala orden de Trump en todo el país, lo que representaría la decisión más amplia hasta la fecha contra la directiva del mandatario.
Si el juez decide que Washington y Minnesota tienen capacidad legal para demandar, la decisión podría ayudar a los fiscales demócratas a enfrentar a Trump en los tribunales en asuntos más allá de la inmigración.
Además, 50 capítulos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron solicitudes de la Ley de Libertad de Información para obtener detalles sobre cómo la dirección de Aduanas y Protección Fronteriza implementaron la orden de Trump, después de que varios tribunales federales emitieron órdenes que instruían al gobierno a dejar de ejecutar la orden migratoria.