La demanda alega que la empresa violó la ley antimonopolio por la forma en que trata a sus rivales.
(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump demandó este martes a Google por supuestamente abusar de su dominio en las búsquedas en línea para reprimir la competencia y dañar a los consumidores.
DEMANDAN A FABRICANTES DE APPS MÓVILES POR VIOLACIÓN DE PRIVACIDAD
A la demanda contra Alphabet, la empresa matriz de Google, se han unido 11 estados: Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Carolina del Sur y Texas.
La histórica denuncia federal sigue a una investigación antimonopolio de un año por parte de investigadores del Departamento de Justicia (DOJ).
Además, la demanda surge inmediatamente después de un importante informe del Congreso que concluye que Google y otros gigantes tecnológicos disfrutan de un "poder de monopolio" y han ejercido su dominio de manera anticompetitiva.
Ese informe alega que Amazon ha maltratado a terceros vendedores; que las tarifas y políticas de la tienda de aplicaciones de Apple son anticompetitivas; y que Facebook ha buscado eliminar a futuros rivales mediante adquisiciones específicas.
PROFUNDAMENTE DEFECTUOSA
En respuesta, Google publicó por Twitter que "la demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se ve obligada a hacerlo o porque puede o porque no pueden encontrar alternativas".
La compañía prometió una declaración más amplia luego este martes.
Este ha sido el paso más importante que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para hacer que Silicon Valley rinda cuentas después de que Washington dio un giro dramático contra la industria de la tecnología tras la evidencia de que las principales plataformas de redes sociales fueron manipuladas por esfuerzos de intromisión extranjeros en las elecciones en 2016.
Desde entonces, los altos ejecutivos de las principales plataformas tecnológicas han sido llevados repetidamente ante el Congreso para enfrentar preguntas sobre sus responsabilidades hacia el discurso político; contenido de odio e información errónea; pequeñas empresas y periodismo local; y competencia.