San Diego extiende moratoria para prevenir desalojos durante la pandemia

San Diego vota a favor de extender una moratoria de desalojo para inquilinos y pequeñas empresas, afectados durante la pandemia de COVID-19. Según las ordenanzas locales, los inquilinos que califiquen no pueden ser desalojados tras no poder pagar el alquiler, debido a dificultades financieras relacionadas con la pandemia empezando el lunes 1 de febrero y […]

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(NOTICIAS YA).-San Diego vota a favor de extender una moratoria de desalojo para inquilinos y pequeñas empresas, afectados durante la pandemia de COVID-19.

Según las ordenanzas locales, los inquilinos que califiquen no pueden ser desalojados tras no poder pagar el alquiler, debido a dificultades financieras relacionadas con la pandemia empezando el lunes 1 de febrero y finaliza 60 días después de que finaliza la declaración de emergencia COVID-19 de la ciudad. Para los inquilinos residenciales, cualquier alquiler retrasado que se acumule durante este período y no se reembolse se convertirá en deuda de consumidor.

"Superar esta pandemia, financiera y emocionalmente, es bastante difícil para los residentes y las pequeñas empresas. Lo último de lo que deben preocuparse es de ser desalojados", dijo Gloria después de la votación. "Agradezco al Concejo Municipal por asociarse conmigo para asegurar que los habitantes de San Diego no pierdan su casa o su negocio porque no pudieron pagar el alquiler debido al COVID-19. Pasaremos esto juntos y reconstruiremos mejor."

La prohibición de desalojo para inquilinos residenciales permanecerá en vigor hasta 60 días después de que se levante la declaración de emergencia. Las protecciones para comercios permanecerán vigentes durante el mismo período de tiempo o hasta el 30 de junio, lo que ocurra primero. La declaración de emergencia de la ciudad se suspenderá una vez que finalice la declaración de emergencia de California.

Los residentes y las empresas siguen siendo responsables de cualquier pago de alquiler o arrendamiento, por lo que se anima a los inquilinos y propietarios a elaborar planes de pago. Los inquilinos deben comunicarse con sus propietarios dentro de los siete días posteriores a la fecha de vencimiento del alquiler para calificar para la protección. Los propietarios tienen entonces siete días para solicitar pruebas de dificultades económicas. Los inquilinos residenciales tienen entonces 14 días y los inquilinos comerciales siete días para responder con documentación.

Las empresas afectadas tendrán seis meses a partir del final de la moratoria de desalojo comercial para realizar los pagos pendientes. Las empresas calificadas son aquellas que empleaban a menos de 100 personas a fines de febrero del año pasado, tenían recibos de impuestos de menos de $3 millones y tenían un certificado fiscal comercial válido de San Diego.

La legislación estatal pendiente, el Proyecto de Ley del Senado 91 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 80, extenderían las protecciones de desalojo actuales a nivel estatal para inquilinos residenciales hasta el 30 de junio. Se espera que la Legislatura vote sobre el proyecto de ley esta semana. Si se adopta, la ley estatal tendría prioridad sobre la moratoria local de desalojo residencial adoptada por el consejo el martes, que entraría en vigencia el 1 de julio o cuando expiren las protecciones estatales.

El alcalde Gloria anunció la semana pasada que la ciudad ha recibido $42.3 millones en fondos federales para brindar asistencia financiera para cubrir el alquiler impago y los servicios públicos para los hogares residenciales que califiquen afectados por COVID-19. Estos fondos se distribuirán a través de un programa administrado por la Comisión de Vivienda de San Diego, y los detalles sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud se publicarán próximamente.




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