Unidad secreta antiterrorista interrogó a abogados en la frontera

El gobierno del expresidente Trump usó poderes expansivos del gobierno federal para detener e interrogar a activistas y periodistas.

(POLÍTICA YA). – Documentos recientemente publicados muestran que la administración del expresidente Donald Trump utilizó poderes expansivos del gobierno federal para detener e interrogar a periodistas, abogados y activistas en la frontera.

EE.UU. creó lista secreta de periodistas que cubrieron la caravana

Los registros, obtenidos por el sitio de investigaciones periodísticas ProPublica, revelan que abogados como Taylor Levy y Héctor Ruiz fueron interrogados por miembros del secreto Equipo de Respuesta al Terrorismo Táctico de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La misión declarada del equipo es impedir que presuntos terroristas extranjeros entren al país, pero el gobierno de Trump amplió los poderes en la frontera que le permiten detener e interrogar a civiles que ingresan a Estados Unidos.

En esos momentos, el gobierno sospechaba que los abogados “brindaron asistencia” a la caravana de migrantes que entonces era el foco de atención significativa de la administración y los medios de comunicación de derecha.

Los funcionarios especularon en informes posteriores que los abogados de inmigración buscaban lucrarse mediante el traslado de migrantes a través de México, y que el movimiento de izquierda llamado “Antifa” podría haber estado involucrado.

Los documentos fueron proporcionados a ProPublica por Santa Fe Dreamers Project, una oficina de abogados de interés público que los recibió después de presentar una demanda de la Ley de Libertad de Información sobre las detenciones de Levy y Ruiz en la frontera de El Paso, Texas.

Levy era parte del equipo legal que representaba al padre de una niña migrante que había muerto el mes anterior bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, que es parte de CBP.

“Había tanto odio por los abogados de inmigración en ese momento”, recordó Levy. "Pensé que alguien había puesto una denuncia anónima de que yo era un terrorista".

Los dos abogados fueron interrogados sobre sus actividades en México, específicamente, si habían estado en Tijuana recientemente, y se les preguntó sobre sus trabajos y antecedentes educativos.

Documentos que fueron producidos en la demanda de la Unión de Libertades Civiles (ACLU)  sobre la unidad han demostrado que sus miembros con frecuencia cuestionan a los ciudadanos estadounidenses.

“Todo esto es COINTELPRO para tontos”, dijo a ProPublica Mohammad Tajsar, abogado de la ACLU en referencia a un notorio programa de espionaje nacional de hace décadas.

Tajsar representa a activistas de San Diego que fueron detenidos bajo el mismo esquema. Un "aparato de recopilación de información se compartió y desplegó a través de varias agencias diferentes y resultó en una red que atrapó a un montón de personas".

 

 



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