(CNN Español) — El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, presentó este miércoles un megaproyecto de ley que plantea una profunda reforma del Estado.
Los 5 puntos más polémicos del megadecreto del presidente Javier Milei
La iniciativa Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, como se titula, tiene una extensión de 183 páginas con más de 664 artículos, entre ellos, el megadecreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que generó diversas reacciones desde su anuncio, siete días atrás.
También incluye la reglamentación del protocolo antibloqueos presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que se endurecen las sanciones a quienes participen y/o convoquen u organicen cortes a la circulación en calles.
¿Es constitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei en Argentina?
“Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 (inicio de la independencia nacional) y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, dice el mensaje publicado en la cuenta en X de la Oficina del presidente Javier Milei, que incluye la foto del legajo de la ley envuelto con una cinta con los colores de la bandera argentina.
El Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos.
Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al… pic.twitter.com/5yYSBYA751
— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 27, 2023
Lo que tienes que saber
Estado de Emergencia
Reforzando el sentido de urgencia que Milei proclama en sus discursos, y que se plasma también en el DNU, el proyecto de ley declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.
¿Cómo impactará en la economía el megadecreto de necesidad y urgencia de Milei?
Este punto otorgaría la potestad al Poder Ejecutivo de tomar decisiones legislativas en todas esas materias durante los próximos dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por dos años más, hasta 2027, es decir, la totalidad del mandato en curso.
Reformas al sistema electoral
Se propone la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), proceso en el que se dirimen las internas partidarias que fue sancionado en 2009, cuyo costo y utilidad han sido cuestionados por distintos partidos a lo largo de los años.
Además, se plantea incorporar la boleta única y modificar la elección de los miembros de la Cámara de Diputados por un nuevo sistema de circunscripciones que cambiaría sustancialmente la composición de la asamblea legislativa y dificultaría la posibilidad de que las fuerzas minoritarias ganen bancas.
Privatización de empresas públicas
La normativa propuesta enlista empresas “de propiedad total o mayoritaria estatal” sujetas a privatizaciones. Entre estas se incluyen la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas, la petrolera YPF, medios de comunicación estatales como la agencia de noticias Télam, la Televisión Pública y Radio Nacional.
“Se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”, dice el texto.
Jubilaciones
Se suspende la fórmula de movilidad jubilatoria. Esto significa que las actualizaciones de las pensiones para la tercera edad serán discrecionales, «hasta tanto se establezca una forma automática».
Mientras no se defina esa fórmula, que no está prevista en el texto de esta ley, los aumentos para este sector de la sociedad quedan en manos del Poder Ejecutivo.
“El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos», dice la nueva normativa.
Regularización de bienes no declarados
Se establece un mecanismo de regularización de bienes no declarados, incluido dinero en efectivo, participaciones accionarias, inmuebles, títulos valores (bonos, acciones, etc.) y bienes intangibles con alícuotas que van del 5% al 15%.
El plazo para acceder a este beneficio sería hasta el 30 de noviembre de 2024 y estarían excluidos los funcionarios públicos con cargos hasta el 30 de diciembre.
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