(CNN) — El Gobierno de Biden pidió a la Corte Suprema que permitiera a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos retirar el alambre de púas en la frontera entre México y EE.UU., una nueva escalada en la disputa entre el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, sobre la política fronteriza.
La disputa gira en torno a si la Patrulla Fronteriza tiene autoridad legal para cortar el alambre de púas que Texas instaló a orillas del Río Bravo. El estado de Texas presentó el año pasado una demanda para detener el corte del alambre, alegando que destruye ilegalmente la propiedad estatal y socava la seguridad con el fin de ayudar a los migrantes a cruzar la frontera.
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Un tribunal federal de apelaciones ordenó el mes pasado a los agentes de la Patrulla Fronteriza que pusieran fin a esta práctica mientras se desarrolla el proceso judicial, y el Departamento de Justicia (DOJ) presentó ahora una solicitud de emergencia, pidiendo a la Corte Suprema que anule esa decisión.
En documentos judiciales, el Gobierno de Biden afirmó que los agentes cortan el alambre para prestar asistencia médica a los migrantes que la necesitan o para detener a migrantes que ya cruzaron a territorio estadounidense.
Como parte de sus argumentos a los magistrados, el DOJ escribió que el fallo del tribunal de apelaciones tiene “graves consecuencias sobre el terreno que justifican la intervención de este Tribunal”.
“Al igual que otros agentes del orden, los agentes de la Patrulla Fronteriza que operan en circunstancias difíciles en la frontera deben tomar decisiones dependientes del contexto, a veces en fracciones de segundo, sobre cómo hacer cumplir las leyes federales de inmigración manteniendo al mismo tiempo la seguridad pública”, escribieron. “Pero la orden judicial prohíbe a los agentes atravesar o mover obstáculos físicos levantados por el Estado que impiden el acceso a la misma frontera que están encargados de patrullar y a las personas que deben detener e inspeccionar”.
El fallo del tribunal de apelaciones también “elimina una forma clave de discreción de los agentes para prevenir el desarrollo de situaciones mortales”, escribió el Departamento de Justicia, incluida “mitigar los riesgos graves de ahogamiento y muerte por hipotermia o exposición al calor”.
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