El Ayuntamiento de Doral se dispone a finalizar este miércoles un acuerdo con el gobierno federal que autoriza a las fuerzas del orden locales el realizar funciones que normalmente corresponden a las autoridades migratorias. Esto incluye interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de violar las leyes migratorias.
La controvertida sección 287(g) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) permite la delegación de agentes de policía para que participen en la aplicación de las leyes migratorias mientras están en la comunidad, por ejemplo, interrogando a quienes sospechen que se encuentran en el país de forma indocumentada y “ejercitando y ejecutando órdenes de arresto por violaciones migratorias”, según un comunicado del gobernador Ron DeSantis en febrero.
“La decisión de la Ciudad de Doral de alinearse con el ICE marca un cambio peligroso que amenaza la seguridad, la dignidad y la confianza de las mismas personas que construyeron esta comunidad”, declaró la venezolana-estadounidense Adelis Ferro ante el consejo.
“Convertir la policía de Doral en un brazo de la policía federal de inmigración destruye la confianza. Cuando la gente le teme a la policía, no denuncia los delitos. Las víctimas guardan silencio, los testigos desaparecen y todos estamos menos seguros”, dijo. “La policía está aquí para proteger y servir, no para discriminar ni deportar. Esta decisión no hace que Doral sea más seguro. Lo vuelve silencioso, sospechoso y dividido”.
Doral, un suburbio de Miami con unos 27.000 inmigrantes venezolanos, tiene la mayor población de inmigrantes venezolanos del país. Su presencia es tan grande que el suburbio se conoce comúnmente como “Dorazuela”.
Los venezolano-estadounidenses ayudaron a Trump a obtener una victoria decisiva en la ciudad, donde su margen de victoria aumentó aproximadamente 20 puntos porcentuales entre 2020 y 2024. Uno de los principales empleadores del suburbio es el resort de golf Doral de Trump.
El mes pasado, la administración de Trump trasladó a migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos de regreso a Venezuela por primera vez desde que ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para reanudar los vuelos de repatriación. Durante los comentarios públicos, los residentes de Doral expresaron su preocupación de que esto infunda miedo en la comunidad y advirtieron que las víctimas indocumentadas de delitos optarán por guardar silencio en lugar de denunciarlo.
“Sin embargo, con esta resolución se corre el riesgo de que (los indocumentados) se sientan perseguidos en su propio vecindario”, dijo la residente Zara Karashi. “Digan no a la 287(g) y demuestren a esta comunidad que su lealtad no es hacia los poderes superiores, sino hacia las personas que construyeron esta ciudad y creen en las promesas que hicieron para mantenerlos a salvo”.
Amanda Sherlock, inmigrante y ciudadana estadounidense con 13 años de experiencia, declaró al ayuntamiento que su departamento de policía se volvería menos efectivo a la hora de responder a la delincuencia y los problemas locales.
“Se supone que nuestro ayuntamiento es un organismo no partidista que trabaja para mejorar la vida cotidiana de los residentes de Doral. Delegar a nuestra policía para que se conviertan en miniagentes de ICE no va a lograrlo”, dijo Sherlock.
El mes pasado, los miembros del Ayuntamiento de Fort Myers votaron en contra de la colaboración con ICE. Sin embargo, posteriormente se retractaron y aprobaron la medida después de que el fiscal general de Florida les enviara una carta advirtiéndoles que estaban infringiendo la ley estatal al rechazar el programa y amenazando con que el gobernador podría destituirlos.
Si bien varias ciudades de Florida han firmado acuerdos con ICE, una de ellas quiere que un juez primero intervenga. En marzo, la ciudad de South Miami demandó al gobernador Ron DeSantis y al fiscal general de Florida y solicitó a un juez que determinara si su ciudad está obligada a inscribirse en el programa de ICE, según la ley estatal.
Hasta la fecha, más de 130 agencias del orden público de Florida han sido aprobadas para participar en el nuevo modelo de grupo de trabajo, y más de 30 agencias más están pendientes.
El Ayuntamiento de Doral entró en receso y sus miembros, todos de origen latino, votarán sobre el programa de ICE el miércoles a las 6 p.m. (hora de Miami).
“Lo que hace esto aún más doloroso es que cada uno de ustedes, sentados en el estrado, es inmigrante o hijo de inmigrante; saben lo que significa dejarlo todo por una oportunidad de libertad. Conocen el miedo, la esperanza, el sacrificio, y aun así, hoy le dan la espalda a quienes recorren el mismo camino que sus familias”, dijo Ferro.
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