El señalado narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero regresó este miércoles a la corte federal de Brooklyn, Nueva York, para una audiencia en la que la Fiscalía dijo que sigue evaluando si pedirá la pena de muerte contra el fundador del extinto Cártel de Guadalajara.
Caro Quintero fue enviado en febrero pasado desde México a Estados Unidos, donde es acusado por la muerte de Enrique “Kiki” Camarena, el agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que recababa información sobre los grupos delictivos responsables de la producción y el tráfico de drogas, asignado a la oficina de la agencia en Guadalajara, en el occidente de México.
El llamado “narco de narcos”, de 72 años, llegó a la audiencia —de apenas 10 minutos— con uniforme de prisionero: un traje color caqui y camisa color naranja. No entró esposado y se encontraba acompañado por su sobrino Ismael Quintero Arellanes, alias “Fierro”, acusado de cargos relacionados con narcotráfico y de ser lugarteniente de Caro Quintero, cargos por los que se ha declarado inocente.
Este miércoles se cumplía el plazo de 90 días que el juez dio en marzo para determinar si se solicitaba la pena capital. Sin embargo, la Fiscalía dijo que está evaluando con gente fuera y dentro del gobierno para tomar una decisión. El juez programó una nueva audiencia para el 18 de septiembre.
La Fiscalía agregó que presentará como prueba las grabaciones de los interrogatorios y tortura contra Kiki Camarena. Por su parte, la defensa dijo que argumentará por qué un caso como este, que ocurrió hace 40 años en otro país y ha sido tratado en otras cortes, no debería ser de pena de muerte.
Según la DEA, Camarena estaba “extremadamente cerca” de revelar una cadena de distribución de drogas hacia Estados Unidos, pero en febrero de 1985 fue torturado y asesinado a manos del Cártel de Guadalajara, liderado por Caro Quintero. Su asesinato marcó un antes y un después para el organismo y significó el comienzo del fin de la organización criminal.
Caro Quintero fue acusado formalmente en 2022 en el Distrito Central de California por secuestro y asesinato de un agente federal, conspiración para secuestrar a un agente federal, delitos violentos en apoyo del crimen organizado, conspiración para cometer delitos violentos en apoyo del crimen organizado, ayuda e instigación, cómplice después del hecho, posesión con la intención de distribuir marihuana y cocaína, y continuación de la empresa criminal, según registra el Departamento de Estado. En febrero pasado se declaró inocente de los cargos.
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