El Gobierno de México envió el martes a Estados Unidos a 26 miembros de cárteles del narcotráfico que se encontraban en prisiones federales y estatales del país.
Entre estos integrantes, que fueron enviados en avión, destacan Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, presuntos líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa; y Juan Carlos Félix Gastelum, líder de una importante facción del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.
Las autoridades mexicanas dijeron este miércoles que, como en el caso del envío de delincuentes a Estados Unidos ocurrido el pasado febrero, no se trató de una extradición (a pesar de que todas las personas tenían órdenes para ser extraditados), sino de una entrega dentro de los límites legales de México.
“Estamos aplicando el mismo sistema donde un país soberano requirente (Estados Unidos, bajo solicitud del Departamento de Justicia) le pide a un país soberano requerido (México) un apoyo de este carácter que esta dentro del marco legal nuestro. Es exactamente lo mismo (del envío pasado) y además es lo mismo que vamos a seguir haciendo”, dijo el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, en conferencia de prensa desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló en la conferencia de prensa que el traslado de los 26 integrantes de cárteles se hizo “bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país”, agregando que estas personas seguían llevando a cabo actividades ilícitas desde las prisiones donde se encontraban llevando sus procesos legales.
“Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, orientada a la protección de la población de nuestro país”, declaró García Harfuch.
Se trata de “delincuentes de alto perfil que, aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas (a las prisiones), mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, añadió el secretario de Seguridad de México.
García Harfuch dijo que “muchos” de los 26 integrantes de cárteles enviados a EE.UU. habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad y se tenía previsto que otros “recibieran resoluciones similares” para ser llevados a prisiones menos vigiladas.
“Esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, agregó el secretario federal.
Las 26 personas enviadas a EE.UU. se encontraban recluidas en diferentes prisiones de México: 14 procedían de centros federales, 11 de centros penitenciarios en la Ciudad de México y una más estaba en una cárcel de Baja California, según dijeron las autoridades en la conferencia de prensa.
De acuerdo con García Harfuch, enfrentan diversas investigaciones en Estados Unidos por delitos de alto impacto, entre ellos tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes; ordenaron o participaron en ataques contra autoridades; contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga, y con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años”, indicó el titular de la SSPC.
Sobre el operativo, las autoridades mexicanas dijeron que los 26 integrantes de cárteles fueron trasladados a Estados Unidos en 12 aeronaves diferentes, una de ellas perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar) y las 11 restantes propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las 12 aeronaves llevaron a las 26 personas a varios puntos de EE.UU.:
- Ocho individuos llegaron a White Plains, en Nueva York.
- Seis más aterrizaron en Dulles, Virginia.
- Otros seis llegaron a Phoenix, Arizona.
- Cinco, a San Diego, California.
- Y uno más aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York.
Cinco de los 12 vuelos despegaron desde el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que fue inaugurado para uso comercial en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Para llevar a cabo el operativo de traslado, se desplegaron 988 elementos de la SSPC, Sedena, Semar, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Asimismo, se utilizaron 90 vehículos de estos mismos cuerpos de seguridad.
“Actualmente, los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas (…) operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones” de traslado, dijo García Harfuch.
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