A medida que aumenta la evidencia de atrocidades cada vez más intensas, incluyendo la tortura de niños, que se están cometiendo en Myanmar, los generales de las fuerzas armadas del país están rebrandeando su régimen de junta y planeando elecciones manipuladas en una nación de la que solo controlan partes.
Han rescindido una orden de estado de emergencia de cuatro años, impuesta durante su golpe militar de 2021, y han formado una administración provisional para gobernar el país del sudeste asiático devastado por la guerra hasta que se forme un nuevo parlamento tras una votación nacional.
Pero, según los analistas, es solo un cambio cosmético: está diseñado para dar la apariencia de que siguen el manual democrático mientras permanecen firmemente en el poder, algo que las fuerzas armadas de Myanmar tiene una larga y notoria historia de hacer.
La elección, que se celebrará en etapas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, es considerada abrumadoramente como una farsa y una herramienta utilizada por la junta para darle una apariencia de legitimidad mientras busca afianzar su poder y obtener reconocimiento internacional.
Sin embargo, la notoriedad de la junta solo está creciendo.
Los investigadores de la ONU han reunido pruebas de tortura sistemática contra los detenidos por las fuerzas armadas, ejecuciones sumarias de combatientes capturados o civiles acusados de ser informantes, niños de tan solo dos años detenidos en lugar de sus padres y ataques aéreos contra escuelas, viviendas y hospitales.
Esto es lo que hay que saber:
Durante más de cuatro años, los gobernantes militares de Myanmar han librado una brutal guerra civil en todo el país, enviando columnas de tropas en campañas sangrientas, incendiando y bombardeando aldeas, masacrando a residentes, encarcelando a opositores y obligando a jóvenes a unirse al Ejército.
Las Naciones Unidas y otros grupos de derechos humanos han acusado a las fuerzas armadas de crímenes de guerra mientras combate a luchadores por la democracia y a antiguos grupos armados étnicos para aferrarse al poder.
Al frente de esta junta está el general Min Aung Hlaing, el jefe del Ejército que tomó el poder en 2021, derrocando al Gobierno democráticamente elegido de la premio Nobel Aung San Suu Kyi e instalándose como líder.
Las fuerzas armadas, que anteriormente había gobernado Myanmar con mano de hierro durante décadas, intentaron justificar su toma de poder alegando un fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020, que fueron ganadas por abrumadora mayoría por el Partido Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi. Las acusaciones nunca se comprobaron.
Min Aung Hlaing ha sido sancionado y rechazado por Occidente, la economía del país está hecha trizas y sus fuerzas armadas han perdido territorio significativo en su agotadora guerra civil de múltiples frentes.
El Mecanismo Independiente de Investigación de la ONU para Myanmar señaló que la “frecuencia e intensidad” de las atrocidades en el país solo ha aumentado en el último año.
El grupo encontró que niños de tan solo dos años a menudo eran detenidos en lugar de sus padres y algunos también fueron abusados y torturados.
Ha recopilado pruebas de “tortura sistemática” en los centros de detención controlados por los militares, incluyendo violaciones y otras formas de violencia sexual. Algunos detenidos murieron como resultado de la tortura, según el IIMM.
Los responsables incluyen a miembros y unidades específicas de las fuerzas de seguridad involucradas en operaciones, así como a comandantes de alto rango, según el grupo.
Las fuerzas armadas han negado repetidamente haber cometido atrocidades y dicen que está atacando a “terroristas”. La junta no ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.
La junta dijo que sus objetivos electorales son lograr “un sistema democrático multipartidista genuino y disciplinado y la construcción de una unión basada en la democracia y el federalismo”.
Pero, con la mayoría de los legisladores prodemocracia del país en el exilio o en la cárcel, y la represión y los ataques generalizados de las fuerzas armanas contra la población, tal votación nunca sería considerada libre ni justa, según los observadores.
“Es una elección falsa… No es inclusiva, no es legítima”, dijo a CNN Mi Kun Chan Non, activista de mujeres que trabaja con la minoría étnica Mon de Myanmar.
Muchos observadores han advertido que Min Aung Hlaing busca legitimar su toma de poder a través de las urnas y gobernar mediante partidos políticos afines.
“Necesita legitimarse… Pensó que la elección es la única manera (de hacerlo)”, dijo Mi Kun Chan Non.
Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales nunca han reconocido a la junta como el Gobierno legítimo de Myanmar, y la elección ha sido rechazada por varios Gobiernos de la región, incluidos Japón y Malasia.
Un colectivo de expertos electorales internacionales dijo que una elección genuina en Myanmar “es imposible bajo las condiciones actuales”, en una declaración conjunta publicada por la organización paraguas International Idea. Los expertos señalaron “legislación draconiana que prohíbe partidos políticos de oposición, el arresto y detención de líderes políticos y activistas prodemocracia, severas restricciones a los medios y la organización de un censo poco fiable por parte de la junta como base para la lista de votantes”.
Otros dicen que no pueden confiar en los militares mientras continúen su campaña de violencia y cuando su historia está plagada de falsas promesas de reforma.
Los detalles sobre el proceso electoral son escasos, pero muchos ciudadanos podrían emitir su voto en una zona de conflicto activo o bajo la vigilancia de soldados armados, una perspectiva aterradora que algunos dicen podría generar más violencia.
Las bombas de la junta han destruido viviendas, escuelas, mercados, lugares de culto y hospitales, y son una de las principales causas del desplazamiento de más de 3,5 millones de personas en todo el país desde el golpe.
Se teme que quienes se encuentren en zonas controladas por la junta sean amenazados o coaccionados para votar. Y algunos municipios podrían no llegar a votar nunca, dada la falta de control de la junta sobre grandes extensiones del país fuera de su región central y las principales ciudades.
Uno de los grupos armados étnicos más poderosos del país, el Ejército de Arakan, ha dicho que no permitirá que se celebren elecciones en los territorios que controla, que incluyen la mayor parte del estado occidental de Rakhine.
Y el Gobierno de Unidad Nacional, una administración en el exilio que se considera el Gobierno legítimo de Myanmar, ha instado a la población a “oponerse y resistirse” a participar en la votación, afirmando que la junta “no tiene el derecho ni la autoridad para celebrar elecciones”.
También hay señales de que los militares están tratando de consolidar su poder en las partes del país que no controlan. Al rescindir el estado de emergencia nacional, también impusieron la ley marcial en más de 60 municipios, otorgando a las fuerzas armadas mayores poderes en los bastiones de la resistencia.
“Los militares han estado presionando con fuerza para recuperar los territorios que han perdido, pero recuperar el control consolidado –especialmente de cara a las elecciones– será casi imposible en un plazo tan corto”, dijo Ye Myo Hein, investigador principal del Southeast Asia Peace Institute, con sede en Washington.
“En cambio, celebrar elecciones en este contexto peligroso probablemente desencadene aún más violencia y agrave el conflicto en todo el país”.
Ya se están tomando medidas para reprimir aún más la disidencia antes de la votación.
Una nueva ley penaliza las críticas a las elecciones, amenazando con largas penas de prisión a quienes se opongan o interfieran en la votación. Y una nueva ley de ciberdelitos amplía los poderes de vigilancia en línea del régimen, prohibiendo el uso no autorizado de VPN y apuntando a los usuarios que accedan o compartan contenido de sitios de redes sociales prohibidos.
Min Aung Hlaing formó recientemente un nuevo órgano de gobierno, la Comisión de Seguridad Nacional y Paz (NSPC), en reemplazo del anterior Consejo de Administración del Estado.
El jefe de la junta también se ha sumado el cargo de presidente del nuevo régimen a la lista de títulos que ostenta, que incluye presidente interino y jefe de las fuerzas armadas. Y la nueva administración provisional está compuesta por leales y oficiales militares en activo.
La medida fue “nada más que un viejo truco: poner vino viejo en una botella nueva”, dijo Ye Myo Hein.
“Las fuerzas armadas han utilizado estas tácticas muchas veces a lo largo de su historia para crear la ilusión de cambio… La junta militar, liderada por Min Aung Hlaing, sigue firmemente al mando”.
Ya ha ocurrido antes.
Myanmar ha sido gobernado por sucesivos regímenes militares desde 1962, convirtiendo a una nación antes próspera en un Estado paria empobrecido y hogar de algunas de las insurgencias más largas del mundo.
En 2008, el régimen militar impulsó una reforma constitucional que allanó el camino para que un Gobierno semicivil tomara el poder, mientras preservaba su influencia significativa en la política del país.
Lo que siguió fue una década de reformas democráticas limitadas y libertades que atrajeron mayor inversión extranjera –incluido el regreso de marcas globales como Coca-Cola– y el acercamiento con países occidentales. Una generación de jóvenes birmanos comenzó a soñar con un futuro diferente al de sus padres y abuelos, a medida que llegaban inversiones y oportunidades.
Pero los militares nunca renunciaron realmente al poder político.
Cuando el partido de la consejera de Estado Aung San Suu Kyi arrasó en las elecciones de 2020 para un segundo mandato, fue una sorpresa para algunos militares, que esperaban que su propio partido afín pudiera llegar al poder democráticamente.
La exícono de la democracia fue detenida durante el golpe al año siguiente, juzgada por un tribunal militar y condenada a 27 años de prisión. El paradero exacto de la líder de 80 años sigue siendo un secreto muy bien guardado, y la junta ha buscado asegurarse de que Suu Kyi y su popular, pero ahora disuelto, partido NLD queden borrados políticamente.
Al presentarse como un gobierno civil, los analistas dicen que los militares también intentarán convencer a algunos países de normalizar relaciones.
Rusia y China son dos de los mayores aliados de Myanmar, y Tailandia e India han impulsado un mayor acercamiento con la junta para poner fin a la crisis en sus fronteras.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el jueves pasado que “apoya la vía de desarrollo de Myanmar de acuerdo con sus condiciones nacionales y el avance constante de su agenda política interna”.
En las últimas semanas, Min Aung Hlaing recibió inesperadas buenas noticias de Estados Unidos.
Una carta de la administración Trump detallando sus nuevas tarifas fue presentada por el líder de la junta como una mayor interacción.
Luego, la administración Trump levantó sanciones a varias empresas e individuos responsables de suministrar armas a Myanmar, lo que provocó la indignación del Relator Especial de la ONU para Myanmar, Tom Andrews, quien calificó la medida de “inconcebible y un gran retroceso para los esfuerzos por salvar vidas inocentes”.
El Ministerio de Información de Myanmar también firmó un contrato de US$ 3 millones anuales con la firma de lobby DCI Group de Washington para ayudar a reconstruir las relaciones con Estados Unidos, informó recientemente la agencia de noticias Reuters. El grupo, así como el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Departamento de Estado de EE.UU. y la embajada de Myanmar en Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Los partidarios de la democracia opuestos a la junta han advertido a la comunidad internacional de que no caiga en el plan electoral de los militares y dicen que tal votación nunca será aceptada por el pueblo.
Min Aung Hlaing y su junta “han absorbido todos los recursos y el dinero que han podido y el país no tiene nada”, dijo Mi Kun Chan Non, activista de los derechos de las mujeres.
“Todo se ha derrumbado… El sistema educativo ha colapsado; el sistema de salud ha colapsado. Los negocios son solo para los allegados”.
Por eso, cualquier futura negociación de paz tras las elecciones, “nunca podremos confiar”, dijo.
“Y la situación de la gente sobre el terreno no cambiará”.
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