Un juez legalizó la captura de dos sospechosos de activar los explosivos en el atentado del jueves contra una base aérea en la ciudad colombiana de Cali, que dejó seis civiles muertos y decenas de heridos mientras un tercer presunto implicado fue arrestado por este ataque, informaron autoridades de Colombia.
La Fiscalía del país presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, detenidos en flagrancia gracias a que la comunidad impidió su fuga tras esta explosión atribuida a las disidencias de las extintas FARC.
Según el ente acusador, los dos hombres presentados ante la Justicia trasladaron dos camiones cargados con artefactos explosivos hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y “habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de uno”.
“Dicho procedimiento fue legalizado y avalado por el juez que dirige las audiencias. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los imputará cargos por su participación en el ataque terrorista que deja 6 personas muertas y más de 60 heridas”, señaló la Fiscalía en un comunicado este sábado.
El viernes en la noche, el presidente Gustavo Petro anunció la captura de un tercer sospechoso, Diomar Mancilla, señalado de integrar la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias.
“Capturado Diomar Mancilla de la columna ‘Jaime Martínez’, participó en el atentado a la población civil en Cali”, escribió el mandatario en X.
El ataque causó seis muertos, todos civiles, y más de 60 heridos, de los cuales 37 ya fueron dados de alta.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había informado el viernes de siete fallecidos, por la muerte de uno de los heridos, pero el Puesto de Mando Unificado (PMU), que coordina la atención de la emergencia, confirmó que la cifra oficial de muertos se mantiene en seis.
Este atentado se produjo apenas horas después de que un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fuera derribado, presuntamente con un dron, en una zona rural de Amalfi (Antioquia). En ese ataque murieron 13 uniformados y se atribuyó al frente 36 de las disidencias de las FARC.
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