Cerca de 4.000 inmigrantes nicaragüenses que viven hace décadas en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), no saben cuál será su futuro en las próximas semanas. Una incertidumbre inquietante que viven desde que un tribunal federal de apelaciones permitió el miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin a ese beneficio migratorio y los puso en riesgo de ser deportados.
Antes de esto, el fallo de un tribunal inferior impedía al Gobierno eliminar las protecciones para beneficiarios del TPS, que les permitían vivir y trabajar legalmente en EE.UU.. Y la justicia federal había dictaminado en julio que el programa no podía cancelarse mientras continuaba el litigio. Pero ahora, los miles de inmigrantes indocumentados de Nicaragua perderán su estatus legal.
El TPS fue creado como un beneficio migratorio temporal del Gobierno de Estados Unidos para personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural, entre otras condiciones.
Implementado en 1999 como una medida temporal tras el impacto generado por el huracán Mitch en Nicaragua y Honduras, la vigencia del TPS luego se extendió durante años bajo distintos gobiernos de Estados Unidos. Eso cambió con el segundo mandato de Trump y ahora estos inmigrantes se enfrentan al riesgo de ser deportados a Nicaragua, donde los derechos humanos y civiles se han visto gravemente afectados.
“Es bastante duro, porque hablamos de familias que desde 1999 viven en Estados Unidos, que tienen hijos estadounidenses, que tienen sus casas en Estados Unidos y han hecho su vida aquí. ¿Cómo van a regresar a un país donde no tienen ni la seguridad mínima?”, dice a CNN Damaris Rostrán, nacida en Nicaragua e integrante de la Mesa de Trabajo de la diáspora nicaragüense en Nueva York y Nueva Jersey.
Rostrán llegó a Estados Unidos hace 25 años y desde entonces ha sido defensora de los derechos de los inmigrantes de Nicaragua en el país. Como organizadora comunitaria, está vinculada a varios grupos que defienden a los “tepesianos” nicaragüenses. Dice que no lo hace solo porque es parte de su vida profesional, sino también por solidaridad con sus connacionales.
En julio pasado, en el marco del endurecimiento de la política migratoria, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció la cancelación del beneficio TPS para Nicaragua. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) argumentó que el programa no fue diseñado para durar un cuarto de siglo, y que el impacto del desastre natural por el que fue creado “ya no existe” en el país, por lo que no veían motivos para extenderlo.
En palabras de Rostrán, las condiciones para regresar a Nicaragua distan mucho de ser óptimas.
Agrega que la ley inmigratoria es explícita al decir cuáles son las condiciones de los países beneficiarios del TPS, y que, si bien no hay una guerra en curso, la crisis política y social en el país es evidente.
“Todos sabemos que los nicaragüenses lamentablemente cumplimos con esas condiciones, porque desde el 2018 tuvimos un estallido social, que todavía sigue”, dice al referirse a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega, en las que la represión dejó más de 300 muertos.
El Gobierno de Ortega, de carácter autoritario, aún permanece en el poder tras asumir su quinto mandato en el año 2021. En febrero, un informe de expertos de las Naciones Unidas advirtió por lo que consideran una profundización de la represión y de las violaciones a los derechos humanos en el país, y pidió una acción global urgente.
El grupo de expertos señaló que el Gobierno de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, “ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario”, donde no quedan instituciones independientes y la población enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas. CNN consultó al Gobierno de Nicaragua tras la publicación de este informe y no obtuvo respuesta. (Esto fue reportado en un guión de Conclusiones, emitido el 27/2 asunto del mail: **CONCLU NICARAGUA)
En los últimos años, además, distintas ONG han reportado cómo las libertades civiles en Nicaragua se han reducido drásticamente bajo el liderazgo prolongado de Ortega. El Gobierno ha rechazado las conclusiones de estos informes.
Frente a este panorama, la defensora de Derechos Humanos explica la encrucijada a la que se enfrentan los beneficiarios del TPS: por un lado, tener que enfrentar el desarraigo al salir de un país en el que viven desde hace décadas y tienen una vida estable — en muchos casos con hijos que sí son ciudadanos estadounidenses —; por el otro el temor a que, si son deportados, llegarían a un país que casi ya no conocen, donde sus libertades civiles podrían estar en riesgo.
“Estas familias no han regresado en los últimos 25 años a sus países de origen… y hace 25 años las condiciones de Nicaragua eran diferentes”, dice Rostrán, quien también trabajó como enlace comunitario en Nueva Jersey desde la oficina del gobernador.
Subyace además un aspecto psicológico y emocional detrás de la situación de muchos inmigrantes: la separación de familias y el impacto de regresar a un país con el que no se tiene ningún vínculo, tampoco redes de contención.
“Yo llevo la mitad de mi vida viviendo aquí, no he regresado nunca a Nicaragua. El año pasado fui a Costa Rica y solo pasar por encima de Nicaragua y verlo desde el avión para mí fue un impacto emocional fuertísimo”, cuenta Damaris.
Rostrán afirma que hay son varios los grupos de nicaragüenses, además de la organización que integra, con los que en conjunto forman parte de la defensa del TPS. Dice que percibe que en estos grupos aún hay incertidumbre sobre qué esperar o qué decisión tomar.
Desde el anuncio de las autoridades estadounidenses, agrega, trabajan con distintas comunidades para asegurarse de que se pueda hacer una contrademanda a la orden de los tres jueces del del 9º Circuito de Apelaciones de EE.UU. para evitar que los beneficiarios pierdan el acceso al programa.
“Creo que es importante mantenerse organizado. Esto en general para nosotros, los inmigrantes que venimos de países latinoamericanos donde la política no nos ha pagado de la mejor forma”, dice Rostrán.
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