Hablar de solicitudes de ciudadanía en el Gobierno del presidente Donald Trump es hablar de un endurecimiento en la verificación de antecedentes de quienes solicitan la naturalización o el derecho a vivir, trabajar o estudiar en Estados Unidos, con cambios que van desde la reinstalación de una normativa que no se usaba hasta la revisión de la conducta moral y de redes sociales de los solicitantes.
Las decisiones complican la situación de extranjeros que se encuentran en el país de manera regular y que, hasta hace poco, parecían tener un camino seguro para vivir en el país. Las medidas exigen mayor documentación y un proceso de investigación más exhaustivo.
El pasado 22 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional que administra el sistema legal de inmigración del país, notificó en un memorando la reanudación de una vieja práctica conocida como “verificaciones vecinales” para todos aquellos que solicitan la ciudadanía estadounidense. Es el más reciente de una serie de movimientos para intensificar las revisiones.
Las investigaciones para las solicitudes de naturalización se realizarán bajo la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y cubrirá los últimos cinco años de residencia y empleo del solicitante.
Según la agencia, la medida busca confirmar la elegibilidad del solicitante, especialmente en cuanto a su residencia, “buen carácter moral”, apego a la Constitución estadounidense y orden público del país.
Anteriormente, el servicio de inmigración solía eximir las investigaciones vecinales y se basaba principalmente en verificaciones biométricas y de antecedentes penales. Con la nueva disposición, USCIS decidirá caso por caso si realiza o no la pesquisa según la evidencia en el expediente de cada solicitante.
En caso de que se lleven a cabo, la agencia puede requerir al solicitante cartas de vecinos, empleadores, colegas o asociados comerciales que avalen su idoneidad. La agencia dice que presentar esta evidencia desde el inicio puede evitar una solicitud adicional de información o una investigación más profunda.
El USCIS también amplió el requisito de “buena conducta moral” instruyendo a sus funcionarios a considerar con mayor peso los “atributos o contribuciones” positivos y negativos de las personas que buscan la naturalización.
La agencia busca evaluar si un inmigrante que solicita la naturalización ha demostrado de manera afirmativa que es “digno de asumir los derechos y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense”.
El Gobierno de Trump justificó el cambio afirmando que la ciudadanía estadounidense “es el estándar de oro de la ciudadanía: solo debería ofrecerse a lo mejor de lo mejor del mundo”.
El memorando de USCIS exige el “pago completo” de los impuestos atrasados, así como de otras obligaciones, incluidos los pagos de manutención de hijos. Esto significa que, por ejemplo, una persona con varias multas de tránsito puede ser considerada carente de buena conducta moral, al igual que alguien que incurra en “acoso o solicitud agresiva”, aunque no quedó claro a qué se refería la agencia con esto.
El requisito de demostrar buena conducta moral ha sido desde hace tiempo parte del proceso de naturalización en Estados Unidos, pero abogados de inmigración dijeron a CNN que el memorando está diseñado de manera que impone cargas adicionales a quienes atraviesan ese proceso.
Este “mandato probablemente introduzca un alto grado de incertidumbre, imprevisibilidad y carga administrativa”, dijo a CNN Emily Ryo, profesora de Derecho y Sociología en la Universidad de Duke, cuya investigación se centra en inmigración.
Para Susan Ramos, abogada de inmigración radicada en Arizona, el cambio de política es “preocupante” y dijo que “parece modificar de manera efectiva los requisitos sustantivos para la naturalización sin aviso ni comentarios, solo por medio de una política”.
El Gobierno de Trump apuntó a la verificación de redes sociales para examinar posturas “antiestadounidenses” a quienes soliciten vivir o trabajar en Estados Unidos, aunque no se dio una definición específica de lo que eso implica.
Los funcionarios de inmigración podrán analizar si los solicitantes han tenido “alguna participación en organizaciones contra EE.UU. o terroristas” o si existe alguna “evidencia de actividad antisemita”, según la actualización de la política del USCIS.
La investigación de las redes sociales, ya introducida en junio por la administración Trump en los controles de inmigración, se ampliará para incluir búsquedas de cualquier “actividad anti-EE.UU.”, apunta el texto.
Este año, el Departamento de Estado ha revocado más de 6.000 visas de estudiantes. En junio, las autoridades solicitaron que las embajadas y consulados examinar a los solicitantes de visas de estudiante para detectar “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores”, dijo un funcionario el 18 de agosto.
Agregó que esa cifra es casi cuatro veces mayor que la de visados de estudiantes revocados durante el mismo periodo del año pasado.
“El término (antiestadounidense) no tiene precedentes en la ley de inmigración y su definición depende enteramente de la (administración) Trump”, dijo entonces Aaron Reichlin-Melnick, miembro senior del Consejo Americano de Inmigración, en una publicación en X.
Más de 55 millones de extranjeros con visas válidas en Estados Unidos que están siendo sometidos a un control continuo, dijo el Departamento de Estado.
Según uno de sus funcionarios, los visados son revocados siempre que haya indicios de una posible elegibilidad “lo que incluye aspectos como cualquier indicio de permanencia ilegal, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o prestación de apoyo a una organización terrorista”.
Las suspensiones o revocaciones de visas son parte de las medidas que el Gobierno de Trump ha emprendido contra la inmigración.
En resumen: los cambios harán que el sistema trate a los solicitantes con mucha mayor desconfianza y causará un cambio de enfoque en el USCIS, más centrado en la evaluación e investigación de inmigrantes.
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