Funcionarios de la ciudad de Washington demandaron a la administración de Trump, acusándola de violar la Constitución y la ley federal al enviar miles de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad sin el consentimiento de los líderes locales.
La demanda, presentada el jueves por el fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, afirma que las tropas, muchas de ellas de otros estados, han sido designadas por la Oficina del Servicio de Alguaciles Federales y están patrullando vecindarios, realizando registros y arrestos, a pesar de las leyes federales que generalmente prohíben a los militares actuar como policía local.
La demanda argumenta que el despliegue socava la autonomía de la ciudad, erosiona la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden, y afecta la economía local al desalentar el turismo y perjudicar a los negocios.
“Desplegar a la Guardia Nacional para participar en la aplicación de la ley no solo es innecesario e indeseable, sino también peligroso y perjudicial para el distrito y sus residentes”, declaró Schwalb en un comunicado. “Hoy es D.C., pero mañana podría ser cualquier otra ciudad. Hemos presentado esta demanda para poner fin a esta extralimitación federal ilegal”.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el despliegue de tropas el 11 de agosto como parte de su agenda para combatir el crimen en la capital del país, que también incluyó un aumento de agentes federales de otras agencias y un intento de tomar el control del Departamento de Policía de la ciudad.
En las semanas posteriores, se ordenó a los miembros de la Guardia Nacional en Washington, que incluyen efectivos de seis estados liderados por el Partido Republicano, portar armas. Hasta el martes por la mañana, había 2.290 efectivos de la Guardia Nacional asignados a la misión, 1.340 de ellos provenientes de estados que la apoyan.
La ciudad, según la demanda, “ha sufrido un daño soberano grave e irreparable a causa del despliegue”.
“Ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar”, se lee en la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Washington. “El Distrito de Columbia interpone esta demanda para obtener una medida cautelar y declaratoria que ponga fin a las violaciones de la ley por parte de los demandados, remedie los daños que los demandados están infligiendo al distrito y preserve su soberanía”.
La administración Trump ha elogiado sus esfuerzos en la capital, señalando una fuerte caída en la delincuencia violenta desde que reforzó las fuerzas del orden federales el mes pasado. Sin embargo, los críticos, incluida la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, argumentan que el despliegue de la Guardia Nacional es innecesario y costoso, ya que los contribuyentes pagan aproximadamente US$ 1 millón al día, mientras se ve a sus miembros tomándose fotos con turistas, recogiendo basura y aplicando mantillo.
Esta semana, Bowser emitió un decreto que exige a la ciudad una estrecha coordinación con las fuerzas del orden federales por tiempo indefinido. Si bien algunos grupos progresistas consideraron la medida como una concesión a Trump, Bowser aclaró posteriormente que la orden tenía como objetivo proporcionar una vía para que el Distrito saliera de la emergencia federal, ofreciendo a la administración y a los republicanos del Congreso una vía para reducir su participación en Washington.
“Quiero que el mensaje quede claro para el Congreso: tenemos un marco para solicitar o utilizar recursos federales en nuestra ciudad. No necesitamos una emergencia presidencial”, declaró Bowser el miércoles, enfatizando que proteger la autonomía de Washington sigue siendo su “estrella guía”.
La demanda surge mientras la administración Trump se prepara para una importante operación de control de inmigración en Chicago, y Trump se ha comprometido a enviar tropas de la Guardia Nacional, aunque no ha dado un cronograma.
Mientras el Gobierno busca replicar sus esfuerzos en otras ciudades lideradas por demócratas, Trump ostenta una autoridad única sobre la Guardia Nacional de la ciudad de Washington, que reporta únicamente al presidente de Estados Unidos. El estatus de la ciudad como distrito, no como estado, otorga al presidente y al Gobierno federal mayor margen de maniobra para dirigir a las tropas y a diversas autoridades federales.
La demanda del fiscal general de la ciudad de Washington surge después de que otra impugnación al despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump resultara exitosa a principios de esta semana en California.
Un juez federal dictaminó el martes que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron la ley federal al utilizar a las fuerzas militares estadounidense para ayudar a realizar actividades policiales en Los Ángeles y sus alrededores a principios de este verano.
En junio, Trump ordenó el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y cientos de infantes de Marina a Los Ángeles para sofocar las protestas contra los controles de inmigración, a pesar de la objeción del gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.
Schwalb demandó a la administración Trump el mes pasado después de que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, intentara nombrar a un comisionado de policía de emergencia para reemplazar al jefe de la Policía de Washington y hacerse cargo de las operaciones del Departamento. Finalmente, los funcionarios de Trump se retractaron de esa amplia toma de control, pero aún conservan la facultad de solicitar cualquier servicio del Departamento de Policía local como parte de la emergencia federal, que expira la próxima semana a menos que el Congreso la extienda.
Los republicanos de la Cámara de Representantes están considerando actualmente una legislación que reformaría las políticas de justicia penal en Washington y destituiría a Schwalb, quien fue elegido localmente, para reemplazarlo por una persona designada por el presidente.
Esta semana, Schwalb anunció que se presentará a la reelección.
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