El Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres grupos defensores de los derechos humanos de los palestinos que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue y arreste a líderes israelíes por acusaciones de crímenes de guerra en Gaza.
A finales del año pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y un alto funcionario de Hamas ahora fallecido.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este jueves que Estados Unidos sancionará a las tres ONG –Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos (Al Mezan) y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR)– por participar en lo que llamó “ataques ilegítimos de la CPI contra Israel”.
Las organizaciones “han participado directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel”, dijo Rubio en una declaración publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las sanciones estadounidenses llegan días después de que los principales expertos mundiales en genocidio afirmaran que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio.
Israel rechazó la acusación, alegando que se basa en una “campaña de mentiras” de Hamas. Anteriormente ha rechazado otras acusaciones de genocidio o crímenes de guerra.
Al Haq, Al Mezan y PCHR criticaron las recientes sanciones estadounidenses como “inmorales, ilegales y antidemocráticas” en una declaración conjunta publicada en X.
En noviembre de 2023, los tres grupos presentaron una demanda ante la CPI pidiendo al fiscal que investigara a Israel por los ataques aéreos contra zonas densamente pobladas de Gaza, el asedio del territorio, el desplazamiento forzado de su población, el uso de gases tóxicos y la negación de necesidades básicas, incluidos alimentos y agua.
Las organizaciones también instaron a la CPI a emitir órdenes de arresto contra los dirigentes israelíes involucrados en acciones que, según ellos, constituyen “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio”.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exjefe de defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra, incluido el “hambre como método de guerra” y crímenes contra la humanidad.
El tribunal también emitió una orden de arresto contra Mohammed Deif, un funcionario de Hamas a quien Israel considera uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre. Los israelíes afirman que Deif murió en un ataque aéreo el año pasado.
El gobierno del presidente Donald Trump ha emprendido una campaña para sancionar a las organizaciones que participan en los esfuerzos de la CPI para investigar la conducta de Israel en la guerra de Gaza.
La Casa Blanca ha criticado duramente al tribunal con sede en los Países Bajos, que investiga y enjuicia a personas acusadas de los crímenes internacionales más atroces, en virtud de un tratado denominado Estatuto de Roma, del que Estados Unidos no es parte.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a nueve personas que trabajan para la CPI, incluido el fiscal jefe Karim Khan. También ha instaurado una política de denegación y revocación de visas para miembros de la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, en parte debido a sus campañas de “guerra legal” ante la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Rubio dijo este jueves que Estados Unidos “seguirá respondiendo con consecuencias significativas y tangibles para proteger a nuestras tropas, nuestra soberanía y a nuestros aliados del desprecio de la CPI por la soberanía, y para castigar a las entidades que son cómplices de sus excesos”.
Al Haq, el Centro Al Mezan y PCHR condenaron las sanciones “draconianas” en su declaración conjunta, que fue publicada en cada una de sus cuentas X.
“Solo los Estados que ignoran por completo el derecho internacional y nuestra humanidad compartida pueden tomar medidas tan atroces contra las organizaciones de derechos humanos que trabajan para poner fin a un genocidio”, dijeron las organizaciones.
“Mientras el mundo avanza para imponer sanciones y embargos de armas a Israel, su aliado, Estados Unidos, está trabajando para destruir las instituciones palestinas que trabajan incansablemente para que se rindan cuentas por las víctimas de los crímenes atroces cometidos por Israel”, continúa la declaración.
Israel, al igual que Estados Unidos, no es miembro de la CPI y ha cuestionado la jurisdicción de la corte sobre sus acciones en el conflicto, un desafío que el tribunal rechazó este jueves.
La CPI reclama jurisdicción sobre los territorios que Israel ocupa, incluidos Gaza, Jerusalén Oriental y la Ribera Occidental ocupada luego de que los líderes palestinos aceptaran formalmente regirse por los principios fundadores de la corte en 2015.
Amnistía Internacional calificó la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones como un “ataque profundamente preocupante y vergonzoso a los derechos humanos y a la búsqueda global de justicia”.
“Estas organizaciones realizan un trabajo vital y valiente, documentando meticulosamente las violaciones de derechos humanos en las condiciones más horrorosas”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora Senior de Investigación, Defensa, Políticas y Campañas en un comunicado.
“Esta decisión también expone crudamente los esfuerzos deliberados de la administración Trump para desmantelar los cimientos mismos de la justicia internacional y proteger a Israel de la rendición de cuentas por sus crímenes”, denunció Guevara-Rosas.
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