“Tengo todo (en regla), no tengo por qué correr”, fue lo que le dijo su esposo por teléfono en medio de la sorpresiva redada migratoria del jueves en una planta de fabricación de Hyundai, en Georgia. Luz Dary Suárez, inmigrante colombiana, le había avisado del operativo masivo en el lugar, pero él la tranquilizó recordándole que cuenta con permiso de trabajo. Pese a ello, quedó detenido y sigue bajo custodia de las autoridades migratorias, a la espera de la revisión de su caso, como otros trabajadores que denuncian que no contemplaron su estatus legal en el país.
Más de 500 agentes federales, estatales y locales participaron en la operación, que se gestó durante meses y culminó con 475 arrestos en Ellabell, a unos 40 kilómetros al oeste de Savannah, Georgia. La pequeña comunidad quedó sacudida con lo que fue la redada más grande hasta ahora en la actual ofensiva migratoria de la administración Trump en los lugares de trabajo de Estados Unidos.
Funcionarios del ICE dijeron que los encargados hablaron con cada trabajador para determinar quiénes estaban legalmente en EE.UU., y que permitieron que algunos se retiraran. Pero familiares entrevistados por CNN aseguran que también hubo arrestos a personas con permiso de trabajo.
Suárez, que llegó al país con su pareja y dos hijos hace casi dos años y tiene una solicitud pendiente de asilo, contó que, según le dijo su esposo, un agente afirmó durante la redada: “Él está detenido por estar detenido”. Cuando mostró su documentación, otro expresó, según la mujer: “Se queda, porque sí”.
Santiago, un inmigrante colombiano que prefiere no identificarse con su apellido por temor a represalias, está en una situación similar tras el arresto en la redada de su esposa, Camila, de Venezuela. Él conoce bien las instalaciones, ya que también ha trabajado en la planta, y contó que a todos les pedían documentación legal para registrar el empleo.
“Estaban tomando su break y llegaron de sorpresa, los retuvieron”, relató a CNN, según lo que le dijo su esposa. “Irrumpieron en el lugar deteniendo a todas las personas, no importaba quién fuera. Al momento de la detención, me indica que cuando la estaban procesando le preguntaban a cada uno qué documentación tenía”, contó.
Sin embargo, cuenta que cuando Camila les mostró sus papeles, el agente encargado “puso en su papeleo que no tenía nada y la mandó al bus”.
Los testimonios coinciden con lo que cuenta Mauricio, otro inmigrante que prefiere no usar su apellido. Su esposa permanece detenida desde la redada del jueves, pero contó a CNN lo que alcanzó a detallarle sobre esa jornada. “Estaban tranquilas porque ella y el hermano tenían los documentos en regla. Pero dice que las personas realmente llegaron, atropellaron, no aceptaron ningún documento”, declaró. “Por más que los pudieron verificar, les dijeron que nada iba a valer, que todos iban a quedar arrestados”, reiteró.
CNN consultó al ICE sobre las verificaciones de documentación en el operativo y solicitó comentarios sobre los señalamientos de los familiares, y está a la espera de respuesta.
Un portavoz de Hyundai dijo a CNN que no cree que ninguno de los arrestados fuera empleado directo de Hyundai Motor Company.
“Hyundai está comprometida con el pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado donde operamos. Esto incluye los requisitos de verificación de empleo y las leyes de inmigración”, dijo la compañía el viernes en un comunicado. Además, dijo que se llevará a cabo una investigación para verificar que los proveedores y subcontratistas cumplan con la ley.
Un empleado de la planta contó previamente a CNN que durante la revisión agentes entregaron a algunos trabajadores un papel con una autorización para salir de la planta.
Imágenes de video obtenidas por CNN mostraron a agentes enmascarados y armados dando órdenes a los trabajadores que llevaban cascos y chalecos de seguridad mientras se alineaban y las autoridades allanaban las instalaciones. El operativo desencadenó una estampida entre trabajadores que intentaban huir del lugar.
Mauricio agrega que su esposa no cayó en esa desesperación, sino que estaba tranquila por contar con permiso de trabajo. “Pero quedó consternada cuando le dijeron que nada de eso iba a ser válido”, señaló.
Santiago, frente al comunicado del ICE que señala que los 475 detenidos estaban ilegalmente o violando su estatus, asegura que es “totalmente falso”, no solo por su esposa, sino por otros compañeros de los que sabe que cuentan con permiso.
Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, informó que la mayoría de los detenidos son trabajadores coreanos, pero no dio un desglose detallado de las nacionalidades.
Santiago calcula que entre 70 y 80 % de los trabajadores de la planta eran coreanos. “Eran los encargados de hacer todo. La comunicación era un 70 % en coreano, 20 % en inglés y 10 % en español”, apuntó. Además, señala que muchos de los planos e instrucciones estaban en coreano, por lo que la comunicación podía dificultarse. Por su parte, Mauricio señala que “siempre fue un misterio” saber por qué había tantos coreanos en la planta.
Muchos de los coreanos en el sitio son trabajadores de la construcción o técnicos calificados, dijo James Rim, presidente de la Asociación Coreano-Estadounidense del Sureste de Georgia. “Solo queremos asegurarnos de que su situación se maneje legalmente y que sean respetados”, dijo a CNN.
El fin de semana prolongó los tiempos de procesamiento de los detenidos, lo que alarga la angustia de las familias.
Suárez, que salió de Colombia por amenazas que recibió su familia tras la muerte de una sobrina, dijo que está reflexionando sobre su decisión de vivir en EE.UU.
“A uno le parece injusto porque uno trata de hacer las cosas bien, viene a trabajar, a tratar de proteger a la familia, hicimos las cosas correctas. (…) Corro riesgo así tenga todo en regla, y quedan los niños a la deriva”, dijo, con los dos menores en brazos, a quienes solo les cuenta que su padre “está de viaje” por un tiempo.
Mauricio destacó que es la primera vez que su esposa, que en Colombia fue desplazada por la violencia de las guerrillas, pasa tanto tiempo alejada de sus hijos, y prácticamente no puede hablar por teléfono con ellos, Porque rompe en llanto. “Está bastante devastada, le hacen sentir que es una delincuente”, lamentó. Sin embargo, no está seguro de ir a visitarla al centro de detención. “Tengo miedo de que yo también pueda quedar arrestado y mis hijos queden desamparados”, reconoció.
Santiago, a su vez, dice que necesita acompañarla todo el tiempo que pueda, porque es la única persona que tiene en el país. En Colombia, él es reconocido como desplazado por grupos paramilitares. Ahora, dice que aunque no se arrepiente de ir a EE.UU., “posiblemente” sea tiempo de dejar el país. “No estamos aquí para que nos persigan. No vivimos de ayudas del gobierno, vivimos de nuestro trabajo. Salir a trabajar para que te estén persiguiendo, no puede ser así”.
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