Si conduces hacia Ellabell, Georgia, por la ruta estatal 204 –pasando unas casas prefabricadas, un par de iglesias y un Dollar General– jamás imaginarías que a solo unos kilómetros se levanta un enorme complejo automotriz.
El pueblo es pequeño, no está constituido formalmente y es más conocido por el canotaje en el río Ogeechee o por el golf en el Black Creek Golf Club. Hasta la semana pasada, su mayor mérito era haber sido escogido como sede del primer campus de fabricación de vehículos totalmente eléctricos y baterías de Hyundai en Estados Unidos, un proyecto con el que los líderes estatales prometieron crear 8.500 empleos y transformar la economía rural.
Ese relato se quebró cuando, en la mayor redada migratoria del segundo mandato del presidente Donald Trump, cerca de 500 agentes federales, estatales y locales irrumpieron en el sitio de fabricación de baterías de Hyundai–LG y arrestaron a 475 personas.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional dijeron que la mayoría eran ciudadanos surcoreanos, aunque también había personas de otros países. Algunos, señalaron funcionarios, habían cruzado a EE.UU. de manera irregular; otros se habían quedado más allá del tiempo autorizado en sus visas; y otros entraron con exenciones de visado que permiten turismo o negocios, pero no trabajar.
Los agentes, enmascarados y armados con fusiles, se desplegaron por el vasto lugar, ordenaron a los trabajadores alinearse contra las paredes, pidieron fechas de nacimiento y números de Seguro Social y empezaron a decidir quién podía marcharse y quién sería subido a autobuses rumbo al centro de detención de ICE en Folkston, a más de 160 kilómetros de distancia.
Trabajadores describieron la escena como una “zona de guerra”. Uno se escondió en un ducto de ventilación para evitar ser detenido. Otros intentaron huir hacia una laguna de aguas residuales; los agentes usaron un bote para sacarlos, y fiscales después alegaron que un hombre intentó volcar la embarcación. Al final del día, cientos ya no estaban. El trabajo en el predio de 1.174 hectáreas quedó paralizado.
En Ellabell y en los pueblos cercanos de Lanier, Pembroke, Black Creek, Eden y Meldrim, la redada se sintió con menos impacto visible que en otras comunidades afectadas por operativos migratorios.
En parte, porque el complejo de Hyundai aún está en construcción. Pocos de los empleados permanentes que ocuparán los 8.500 puestos han sido contratados, y la mayor parte de la fuerza laboral actual es transitoria: hombres solteros con visas o contratos temporales que rotan por unos meses. Aún no son los padres de familia asentados desde hace años cuya ausencia repentina, en otros pueblos, ha dejado vacíos en la vida comunitaria.
La brecha quedó clara en las conversaciones a lo largo de la ruta US 80, unos kilómetros al norte.
En Ken’s IGA alrededor de las 9:15 a.m., un cajero reconoció haber escuchado algo sobre la redada, pero no sabía qué había ocurrido. En Warnell Street, en una fila de casas nuevas, había autos Hyundai estacionados junto a Hondas. Una trabajadora doméstica que salió brevemente dio respuestas cortas. En la oficina de contratistas de Woohyun Eng Co. Ltd., al lado de un NAPA Auto Parts, supervisores confirmaron que trabajaban para contratistas de Hyundai y enfatizaron que ellos y sus hombres tenían papeles. Rehusaron más entrevistas.
La reticencia mostró cómo los operativos enfrían la conversación pública: la gente reconoce lo que pasó, pero muchos prefieren no hablar del tema.
Ese efecto se notó con mayor claridad en los negocios locales dedicados a la mano de obra. En Viet Huong Supermarket en Ellabell –uno de tres abastos vietnamitas propiedad de Sammie Rentz, de 51 años– el flujo regular de clientes surcoreanos se desplomó casi de la noche a la mañana.
El temor se propagó rápido tras la redada: vio cuadrillas caminando por la ruta US 280 con chalecos amarillos de seguridad y contó que uno de sus clientes entró “raspado”, diciéndole que había saltado una cerca para escapar.
“Uno tiene miedo de ir a trabajar si eso es lo que te va a pasar”, dijo.
En la tienda, el 90 % de los productos asiáticos que se venden son surcoreanos, explicó Rentz. El viernes, el día después de la gran redada, apenas tres clientes surcoreanos entraron al local, frente a los 10 o 15 habituales.
“Sin los coreanos, no estoy ganando dinero”, afirmó.
Describió las rutinas que marcaban su negocio: grupos de trabajadores llegando en la mañana antes del turno, fumando cigarrillos y comiendo helados. Rentz había abastecido su congelador con helados por ese hábito.
El viernes posterior a la redada, dijo, nadie apareció a comprar helados en la mañana.
“Mis empleados me dijeron… que no habían visto a ningún coreano en todo el día”, contó.
Ahora Rentz teme que la desaceleración se prolongue: “Lo estadounidense no se vende”, señaló.
Los lazos entre la planta y las comunidades vecinas apenas comienzan. Pero líderes surcoreanos locales subrayaron que muchos de los detenidos eran técnicos especializados que habían ayudado a poner en marcha instalaciones similares en Corea del Sur y en otros lugares.
James Rim, presidente de la Asociación Coreano-Estadounidense del sureste de Georgia, es constructor y ha hospedado a esos trabajadores en Airbnbs. Muchos, enfatizó, son hombres solteros sin hijos en la zona, pero aportan conocimientos en maquinaria y sistemas de fábricas difíciles de encontrar en EE.UU.
Rim sugirió que el Gobierno debería distinguir entre quienes tienen antecedentes penales y aquellos cuya única infracción es una estadía vencida o un desajuste de visado, y considerar permitir que estos últimos se queden, paguen impuestos y eventualmente soliciten la residencia permanente.
“Solo queremos… asegurarnos de que se les procese legalmente de la manera correcta”, dijo, “y de que se les respete”.
El Gobierno de Corea del Sur se hizo eco de esas preocupaciones.
Funcionarios confirmaron que más de 300 de sus ciudadanos estaban entre los detenidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que había transmitido “preocupación y pesar” a Washington, envió diplomáticos a Georgia y advirtió que no deben violarse los derechos de los ciudadanos surcoreanos que invierten en proyectos en EE.UU.
Tras negociaciones, los trabajadores surcoreanos detenidos serán devueltos a su país en un vuelo chárter, informó el domingo Kang Hoon-sik, secretario general de la Presidencia surcoreana. Kang añadió que el Gobierno “revisará y mejorará el sistema de visados y el estatus de permanencia de personas que viajan a EE.UU. por proyectos de inversión”.
Funcionarios de ICE revelaron que entre los detenidos había no solo trabajadores indocumentados y con visas vencidas, sino también al menos un residente permanente legal.
Esa persona fue retenida por presuntos antecedentes de armas y drogas, que ICE clasificó como delitos de “inmoralidad” –faltas que pueden poner en riesgo la residencia permanente–, explicó Lindsay Williams, vocera de la agencia, a The Associated Press.
Williams negó reportes de que ciudadanos estadounidenses hubieran sido detenidos, y señaló que “una vez que los ciudadanos se identifican, no tenemos autoridad”.
CNN pidió a ICE detalles sobre la detención del residente permanente legal.
Entre los detenidos hubo 23 ciudadanos mexicanos, según la oficina del cónsul general de México en Atlanta. La mayoría decidió firmar salidas voluntarias para regresar a México en los próximos días, dijo la oficina.
Familiares y amigos luchaban por averiguar adónde habían llevado a los detenidos.
“Desde la redada, muchos familiares tanto en Corea como aquí en Georgia han tratado de contactar a sus seres queridos”, dijo a CNN James Woo, director de comunicaciones de Asian Americans Advancing Justice–Atlanta. “La frustración y la angustia son muy altas, y a pesar de la orientación de distintas fuentes, las familias siguen teniendo dificultades para comunicarse y acceder a información”.
Woo añadió que muchas familias de los trabajadores seguían en Corea del Sur, ya que buena parte de los empleados del lugar estaban en EE.UU. solo por motivos de trabajo.
Para el sábado, la indignación salió a la luz.
En un sofocante día de 32 °C, decenas de manifestantes se reunieron frente al megaproyecto de Hyundai con pancartas en inglés y en coreano. Personas llegaron en auto desde otras ciudades para protestar contra lo que llamaron extralimitación del Gobierno, en marcado contraste con la respuesta apagada de los propios residentes de Ellabell.
Un orador con megáfono calificó los arrestos como “un ataque directo contra toda la clase trabajadora”, vinculándolos con los aranceles de Trump a Corea.
Otro prometió: “Vamos a seguir haciendo ruido… estar con los trabajadores de Hyundai, estar con las 475 personas que fueron brutalmente secuestradas por ICE”. Algunas pancartas decían: “Hands off Hyundai”, “Dinero para salud y educación. No para deportaciones racistas” y “El pueblo derrotará la agenda multimillonaria de Trump”.
Un manifestante, que se identificó solo como Kim, dijo a CNN: “El jueves, 500 trabajadores de la fábrica detrás de mí fueron secuestrados por ICE… eso es aproximadamente la mitad de ellos”.
“Estas personas tienen familias y seres queridos y no tienen contacto con ellos”, añadió.
Kim describió el sistema como “repugnante, racista”, y aseguró que los inmigrantes “sostienen a este país”, desde los autos hasta la comida y la vida cotidiana.
“Están atacando a los inmigrantes para atacar a toda la clase trabajadora en Estados Unidos. Están tratando de asustarnos”, afirmó.
Kim pidió que los trabajadores detenidos fueran devueltos a sus hogares y el fin de las deportaciones masivas, e instó a la clase trabajadora estadounidense a “ponerse de pie hombro con hombro en solidaridad y luchar por nuestros derechos”.
En redadas anteriores –en Postville, Iowa, en 2008 o en plantas avícolas de Mississippi en 2019– pueblos enteros quedaron sacudidos porque los detenidos eran padres, vecinos y residentes de larga data.
Las escuelas vieron salones vacíos de un día para otro. Las iglesias perdieron feligreses. Las familias fueron separadas.
Aquí, la fuerza laboral es más temporal: los trabajadores suelen dejar a sus cónyuges e hijos en el extranjero, por lo que el impacto se siente de otra forma.
En Ellabell, la alteración se percibe distinta: más silenciosa en la superficie, pero profundamente sentida por quienes levantaron negocios alrededor de la mano de obra migrante y por los residentes inquietos ante el megaproyecto que transforma su pueblo.
Rentz dijo que su supermercado se convirtió rápidamente en un punto de fricción, con algunos locales que resentían que atendiera a la nueva ola de trabajadores. Algunos residentes, contó, incluso entraban, lanzaban insultos y se iban furiosos.
“Odian esta tienda”, afirmó sobre algunos vecinos que entraban y veían estantes con productos asiáticos exhibidos junto a productos estadounidenses.
Por ahora, el proyecto de US$ 4.300 millones de Hyundai–LG sigue congelado. Hyundai asegura que ninguno de los detenidos era empleado directo y encargó a su director de manufactura en Norteamérica, Chris Susock, investigar las prácticas de los contratistas. LG Energy Solution suspendió la mayoría de sus viajes de negocios en EE.UU. y envió a su director de recursos humanos desde Corea del Sur a Georgia para pedir la “pronta liberación” de los trabajadores.
Funcionarios federales insisten en que su investigación se enfocó en “prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”. No se han anunciado cargos contra las empresas.
La promesa de 8.500 empleos aún pesa sobre el condado de Bryan, pero la redada expuso lo frágil de esa promesa: construida sobre capas de subcontratistas, técnicos con visas limitadas y una comunidad que todavía no ha integrado el proyecto a su vida diaria.
En Ellabell, donde los campos de golf y los paseos en canoa definen la economía local, el megaproyecto se alza tanto como un faro de oportunidad como una fuente de tensión. La pregunta ahora no es solo cuándo se reanudará la construcción, sino si el puente entre la planta y la comunidad podrá erigirse sobre bases más firmes.
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