A Cecilia González ser una inmigrante venezolana viviendo en Florida le resulta agobiante. Hace meses que cada noche cierra los ojos sin saber si podrá salir a trabajar a la mañana siguiente, o si una nueva medida migratoria del Gobierno de Donald Trump pondrá en riesgo — una vez más— su beneficio de Estatus de Protección Temporal (TPS), con el que vive en Orlando hace 4 años.
Hasta 2023, casi la mitad de los inmigrantes venezolanos que vivían en Estados Unidos residían en Florida, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EE.UU. González, de 26 años, es una de ellas y, como tantos otros venezolanos que conoce, siente intranquilidad por el presente, incertidumbre por el futuro y también enojo: dice que muchos venezolanos votaron a Trump y ahora son también responsables del impacto de las medidas.
“Es bastante agobiante tener que vivir en condiciones en las que no sabes si vas a poder trabajar al día siguiente, si de repente vas a ser enviado a una cárcel en el extranjero por una infracción de tráfico. Son momentos de bastante angustia”, cuenta a CNN.
El panorama parece haberse aquietado con la reciente decisión del juez federal Edward Chen, quien el viernes falló en contra del Gobierno de Trump para bloquear el fin del TPS para unos 600.000 venezolanos.
La noticia fue celebrada por la comunidad venezolana. Sin embargo, los efectos de la medida han sido igualmente sustanciales en muchos casos.
Abogados de inmigración afirman que hay beneficiarios del TPS cuyas protecciones terminaron en abril que ya fueron despedidos de sus empleos, detenidos o separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses. Incluso aseguran que algunos han sido deportados.
Otros ven cómo cada día su rutina se hace más difícil: se quedaron sin sus licencias de conducir y sin fuentes de trabajo, mientras intentan entender detalles legales e implicancias de las decisiones del Gobierno de EE.UU.
A las personas que tienen estatus legal “se las está convirtiendo en ilegales”, dice a CNN Ros-Ana Guillen, abogada de inmigración en Miami. Describe estos meses como “una montaña rusa de emociones” para los venezolanos.
Cecilia tenía 18 años cuando salió de Venezuela junto a sus padres, abogados y servidores públicos. Enfrentaron hostigamientos y amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro, lo que los llevó a salir del país en 2017 hacia Florida en busca de una mejor vida para sus hijos, según contó la joven.
“Muchos llegamos a este país buscando mejor calidad de vida, seguridad, tranquilidad. Y somos víctimas de una agenda política que busca separar familias, deshumanizar a inmigrantes que solo vinieron para apostar por una vida más tranquila”, dice.
En los últimos años, millones de venezolanos dejaron su país debido a la crisis económica y la inestabilidad política. Más de 900.000 viven actualmente en Estados Unidos, según cifras de la Oficina del Censo.
González tiene el estatus de TPS desde 2021, una medida que dispuso ese año el Gobierno de Joe Biden y luego se extendió en 2023. Eso le dio tranquilidad para seguir con sus estudios y proyectar un futuro en Orlando, una vida que en Venezuela no veía posible.
Ahora su rutina se rige por la cautela, frente a un riesgo real: que su presente tampoco sea posible en Estados Unidos.
Ros-Ana Guillen es hija de padres venezolanos. Desde su firma de abogados en Miami representa en gran medida a clientes de Venezuela, muchos de ellos bajo el beneficio del TPS.
Ve a diario cómo muchos venezolanos en Florida que apoyaron a Trump durante su campaña por un segundo mandato y respaldaron sus medidas, hoy sienten malestar al ver cómo “todo cambió”, dice.
“Siempre se habló de que iban a parar la inmigración ilegal y que iban a sacar a los criminales. Pero lo que estamos viendo es que están tratando a muchas personas como criminales”, afirma la defensora legal.
Guillen sostiene que la idea de algunos que apoyaron las políticas inmigratorias de Trump fue que irían dirigidas hacia quienes cometieron crímenes estando como indocumentados en el país, no contra los latinos que tenían un estatus migratorio legal. Cree que muchos no entendieron que ese sería el objetivo.
En Florida está la pequeña ciudad de Doral, de poco más de 76.000 habitantes. De ellos, 7 de cada 10 son latinos, y se estima que unos 27.000 son venezolanos. Este suburbio, conocido como “Doralzuela”, se inclinó en gran medida por Trump en las últimas elecciones. Ahora muchos temen una deportación, como reportó CNN.
“La gente que lo apoyó (a Trump), incluyendo gente de mi comunidad, pensó que todo lo que se refería a los criminales del Tren de Aragua, a los indocumentados… y que no iba a afectar a la gente que tenía documentos, que estaba en el país legalmente”, dijo Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos.
Una gran cantidad de venezolanos votó esto, opina González sobre las medidas de Trump, dejando en claro su incomodidad y enojo. Considera que en cierta medida esos votantes son responsables de lo que está ocurriendo con su comunidad. Y cree que muchos no lo reconocen.
“Son culpables de que esto esté pasando, que familias estén siendo separadas, que hoy inmigrantes estén siendo perseguidos. Eso es lo que sentimos muchos venezolanos”, asegura.
Desde su visión, quienes lo votaron lo hicieron sin darse cuenta de que, a futuro, estas políticas migratorias podrían ponerlos a ellos mismos en el centro de la escena. Para el Gobierno de Trump, dice, “los inmigrantes de color son todos personas criminales que vinieron a este país a causar terror. Y hay muchísimos venezolanos que no van a reconocer eso”.
La abogada de inmigración cuenta que hace tiempo que ve cómo el temor por estas detenciones y deportaciones ha motivado a muchos a elegir una salida voluntaria del país, incluso con trámites legales o casos de asilo pendientes. No soportan vivir cada día con ese terror a ser detenidos, aun teniendo un estatus legal, explica Guillen.
“Están trabajando, no tienen ningún crimen cometido, son buenos ciudadanos y están aportando a la economía… ellos no esperaban que fueran a hacer esto”, afirma la abogada.
Entre Estados Unidos y Venezuela hay una tensión histórica, pero el conflicto tuvo una escalada el 7 de agosto, cuando la secretaria de Justicia de EE.UU. Pam Bondi anunció que duplicaban a US$ 50 millones la recompensa por información que lleve al arresto del presidente Nicolás Maduro, a quien señalan como presunto líder del cartel de los Soles, una acusación que el Gobierno de Venezuela rechaza rotundamente.
Desde entonces, se movilizaron buques de guerra y militares estadounidenses a la costa venezolana, y Maduro anunció el despliegue de tropas y milicias, además de una convocatoria a los venezolanos para unirse a la Milicia Bolivariana.
Días atrás, el Gobierno de EE.UU. anunció la ejecución de un ataque militar letal contra una presunta embarcación de drogas vinculada al Tren de Aragua, en la que murieron 11 personas. Y, ante los cuestionamientos, aseguró que probablemente volverán a ocurrir otros ataques similares.
La mayoría de los venezolanos en Miami que dieron su testimonio a CNN dice no estar de acuerdo con el Gobierno de Maduro, asegura que quiere que su país “sea libre” y está a favor de la lucha contra el narcotráfico.
Pero luego las opiniones se dividen: mientras algunos muestran apoyo a las medidas de Trump porque creen que combatirán el tráfico de drogas, otros desconfían de las motivaciones de la ofensiva.
José Luis Ortega, residente de Miami, coincide con esta última visión. “Detrás de la persecución al narcotráfico hay otras cosas, por ejemplo garantizarse el petróleo”, opina.
Ortega es cauteloso, y dice que habrá que esperar para ver los resultados de estas acciones, pero muestra desconfianza. “Ojalá que sea verdad”, dice a CNN.
“Creo que hay muchos intereses confluyendo sobre ese accionar”, coincide Gerardo Pérez, otro venezolano que vive en Miami hace 17 años.
“Como venezolana siento esperanza”, cuenta por su parte Jandy Fernández, mientras pasea a su pequeño hijo en un cochecito por las calles de Miami. “Creo que el propósito es detener un poco el tráfico de sustancias, que sabemos que pasa. Y espero que realmente dé resultado”, dice.
Rotsi Correa sonríe mientras opina sobre las medidas del Gobierno estadounidense y asegura: “Confío en Trump, tiene las herramientas para hacer lo que tiene que hacer. Tengo fe en que está haciéndolo”.
Con información de Rocío Muñoz Ledo, Sol Amaya, Priscilla Alvarez, Casey Tolan y Yahya Abou-Ghazala, de CNN.
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