La detención de cientos de ciudadanos surcoreanos después de una redada de control de inmigración en una fábrica en Georgia, la semana pasada, fue una “violación injusta” de los derechos de los ciudadanos y las empresas surcoreanas que operan en Estados Unidos, dijo este martes el presidente de la nación asiática.
Unos 300 ciudadanos surcoreanos fueron detenidos –algunos de ellos llevados esposados y encadenados de los pies– este jueves pasado en la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las instalaciones de Hyundai-LG, que se están construyendo en el sur de Georgia.
“Deben haber quedado muy conmocionados por este repentino acontecimiento”, dijo el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, añadiendo que sentía “un profundo sentido de responsabilidad” por la seguridad de los ciudadanos surcoreanos.
Con ese fin, horas antes el Gobierno anunció que los coreanos detenidos regresarán al Aeropuerto Internacional de Incheon, cerca de la capital Seúl, en un vuelo chárter a finales de esta semana tras negociaciones con Estados Unidos.
Korean Air confirmó este martes que uno de los Boeing 747 de la aerolínea saldrá de Corea del Sur este miércoles y se dirigirá a Atlanta para ayudar en la repatriación de los surcoreanos detenidos.
El avión, que despegará sin transportar pasajeros, tiene capacidad para 368 personas, dijo un portavoz de Korean Air.
La redada del jueves pasado fue una de las más grandes de las agencias de inmigración estadounidenses en los últimos años. Imágenes de trabajadores, muchos de ellos surcoreanos, siendo encadenados y conducidos a centros de detención han circulado ampliamente por Corea del Sur y han suscitado críticas en un momento en que el país está invirtiendo miles de millones de dólares en Estados Unidos, en gran parte a instancias del presidente Donald Trump.
El mes pasado, pesos pesados empresariales de Corea del Sur, como Korean Air y Hyundai, revelaron acuerdos multimillonarios en Estados Unidos tras la cumbre entre los líderes de ambos países.
La planta en Georgia, que se supone que comenzará a operar el año próximo, es una inversión enorme para el estado y se proyecta que empleará hasta 8.500 personas cuando esté terminada.
Pero la redada de control de inmigración ha empañado esos planes.
“Espero que este tipo de violaciones injustas a las actividades de nuestros pueblos y empresas, que contribuyen al crecimiento mutuo de Corea [del Sur] y Estados Unidos, no vuelvan a ocurrir”, declaró este martes el presidente surcoreano Lee.
Este lunes, envió al ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, a Washington para mantener conversaciones.
No estaba claro cuál sería el papel del ministro de Asuntos Exteriores en el proceso de repatriación, pero el Gobierno de Lee estaba tratando de contener rápidamente el descontento creciente en el país sobre el modo en que las fuerzas de seguridad estadounidenses estaban tratando a sus ciudadanos.
El portavoz del opositor Partido del Poder Popular, un partido conservador que suele hablar favorablemente de Estados Unidos, calificó la redada de “desastre diplomático sin precedentes”.
“Estados Unidos está expresando su descontento diplomático con Corea del Sur de la manera más enérgica posible”, dijo el portavoz Song Eon-seog, y agregó que Lee “debe explicar claramente dónde comenzó esta ruptura diplomática”.
Kim Jae-yeon, líder del Partido Progresista de Corea del Sur, calificó la redada como “un abuso de confianza”.
“El presidente Trump debería disculparse por lo sucedido y prometer medidas para evitar que se repita”, dijo Kim.
La redada de este jueves fue la noticia principal en una variedad de periódicos y sitios web de Corea del Sur este lunes por la mañana, con artículos que cuestionaban el trato de Washington a los ciudadanos surcoreanos y si las relaciones comerciales y diplomáticas podrían sufrir daños permanentes.
Pero las consecuencias de la redada parecen ser más profundas que los acuerdos comerciales: algunos la ven como una afrenta a una amistad bilateral forjada durante más de siete décadas desde el final de la guerra de Corea, en 1953.
“Ver a nuestra propia gente detenida sin piedad y enviada a centros de detención en un país que consideramos amigo fue verdaderamente doloroso”, dijo un profesor visitante de Negocios en una universidad de Corea del Sur que pidió no ser identificado.
“Podría haber sido mi familia, yo mismo o incluso mis amigos, y sentí una fuerte sensación de injusticia”, dijo el profesor.
Las imágenes incluso causaron conmoción entre los partidarios más acérrimos de Estados Unidos.
No es raro ver a manifestantes conservadores en Corea del Sur ondeando banderas estadounidenses en manifestaciones por diversas causas.
Song Seok-ha, de 67 años, que ha estado protestando todos los días durante cinco años cerca de la embajada de Estados Unidos en Seúl para pedir una alianza más fuerte entre Estados Unidos y Corea del Sur, estaba preocupado por el daño a largo plazo a las relaciones.
“Puedo entender que Estados Unidos esté deportando a inmigrantes ilegales, pero esta vez me pareció demasiado extremo… Me preocupa que esto pueda agrietar la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur”, dijo.
No está claro qué tipo de visas tenían los ciudadanos coreanos que trabajaban en la planta. Algunos de los 475 detenidos entraron ilegalmente a Estados Unidos, según Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, mientras que otros se quedaron más tiempo del permitido por sus visas.
Otros estaban allí bajo el Programa de Exención de Visas de Estados Unidos, que permite a los trabajadores viajar por turismo o negocios por hasta 90 días, y posteriormente se les había prohibido trabajar.
El abogado de inmigración, de Georgia, Charles Kuck declaró a CNN que dos de sus clientes fueron detenidos en la redada tras haber llegado de Corea del Sur con una exención de visa. Un cliente llegó a Estados Unidos en agosto y el otro hace varias semanas, añadió.
Si bien ninguno de los ciudadanos coreanos trabajaba para Hyundai, unos 50 lo hacían para LG Energy Solutions. Otros 250 empleados, en su mayoría de nacionalidad surcoreana, trabajaban para HL-GA Battery Company LLC, que opera bajo las órdenes de Hyundai y LG.
En una declaración a CNN, un portavoz de LG Energy Solution dijo que la compañía estaba cooperando con el proceso: “Haremos todo lo posible para garantizar el regreso seguro y rápido de nuestros empleados y los de nuestros socios”.
Cuando se le preguntó este lunes sobre el estado de la visa de los trabajadores detenidos, la empresa le dijo a CNN: “El estado de la visa de las personas detenidas está bajo investigación, por lo que aún no lo sabemos”.
CNN se ha comunicado con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Hyundai para solicitar comentarios.
Amanda Musa, de CNN, contribuyó a este informe.
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