Un reciente informe de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights y la organización venezolana Foro Penal revela que la desaparición forzada en Venezuela no es un fenómeno aislado ni incidental, sino una “estrategia deliberada y adaptativa” del Estado para controlar y reprimir a la oposición, especialmente en el marco de procesos electorales.
El documento “Represión electoral, desapariciones forzadas y control político en Venezuela” establece que esta práctica está integrada en el sistema político del país y ha sido “calibrada” para “neutralizar” a la oposición, fortalecer el control del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y mostrar poder.
“Las desapariciones forzadas en Venezuela no son un fenómeno incidental o aislado, sino una estrategia deliberada y adaptativa de represión estatal”, afirma el informe. “Lejos de ser el resultado de deficiencias procesales, esta práctica está incrustada en el orden político del país y ha sido calibrada a lo largo del tiempo para neutralizar la disidencia, consolidar el control y proyectar fuerza”, agrega.
El documento dice que este patrón de represión no es producto del azar sino que “apunta a su propósito político” y sostiene que las desapariciones y detenciones se intensifican en momentos de mayor confrontación política, como ocurrió en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y las municipales y parlamentarias de 2025.
El reporte se basa en dos conjuntos de datos recolectados y verificados por Foro Penal, que incluyen testimonios de víctimas, información de familiares y documentación legal.
Aunque el análisis abarca ese periodo completo, el primer conjunto de datos se centra en una muestra verificada de 96 casos documentados entre el 12 de mayo y el 18 de julio de 2025. Esta muestra, que incluye tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, no busca representar la totalidad de las detenciones, sino ofrecer una visión detallada de cómo se desplegaron tácticas represivas durante los meses previos a las elecciones.
El segundo conjunto, de 109 casos adicionales, se centra específicamente en extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad, quienes han sido objeto de detención desde julio de 2024 en adelante.
CNN contactó al Ministerio de Comunicación y a la Fiscalía General de Venezuela para pedir comentarios sobre el informe y está en espera de respuesta. En junio, tras otro informe sobre desapariciones forzadas en Venezuela —esta vez de la ONU—, Caracas calificó las denuncias de “irresponsables, sesgadas y profundamente polarizadas”, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que la ONU estaba incurriendo en “una nueva agresión diplomática e intervencionista contra la soberanía venezolana y el sistema de justicia”.
En julio, Saab calificó además como “falso” un informe de Amnistía Internacional que sostiene que tras las elecciones presidenciales de 2024 hay “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”. Saab afirmó que las acciones del Estado se basan en principios constitucionales que rigen al país sudamericano y en la “defensa de la paz y la autodeterminación”.
El informe de las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights y Foro Penal sostiene que estas desapariciones y detenciones no son errores o excesos aislados, sino “una política de Estado organizada para sostener un régimen autoritario a través del miedo y la negación de derechos”.
Más del 85 % de las detenciones se atribuyen a cuatro cuerpos de seguridad: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Entre ellos, la DGCIM y el SEBIN son identificados como “pilares perdurables de la represión”, con un rol particularmente creciente del SEBIN en 2025.
Para las víctimas, la desaparición forzada representa “un ataque profundo a la dignidad y los derechos humanos”, independientemente de su duración, y el informe resalta que tanto desapariciones breves como prolongadas generan un clima de temor y incertidumbre. También señala que los extranjeros y personas con doble nacionalidad enfrentan daños debido a su situación vulnerable, a menudo sometidos a procesos en idiomas y contextos desconocidos.
Los testimonios y los datos recopilados por las organizaciones indican que esta práctica se dirige selectivamente contra “grupos considerados amenazantes para el régimen, periodistas, activistas políticos, personal militar y, cada vez más, ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, cuya detención tiene peso diplomático”.
Lejos de ser “una irregularidad procesal”, esta práctica es “el resultado de una política estatal que entrelaza la represión con la gobernanza”. Por ello, el informe demanda “no solo documentación, sino esfuerzos sostenidos de rendición de cuentas a nivel nacional, regional e internacional”.
En este marco, las elecciones de julio de 2024, que ratificaron la segunda reelección de Nicolás Maduro en medio de cuestionamientos de observadores internacionales como el Centro Carter y un panel de expertos de Naciones Unidas, estuvieron acompañadas por un aumento en la represión.
La oposición denunció fraude y convocó a protestas, mientras que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia ratificaron la legitimidad del proceso sin presentar las actas electorales.
Este contexto ha sumido a la oposición en una profunda crisis: líderes perseguidos o exiliados, como Juan Guaidó, y otros que han debido pasar a la clandestinidad, como María Corina Machado, quien sostiene que su lucha “se ha trasladado de forma organizada y en resistencia a la clandestinidad”.
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