El Gobierno de Donald Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema que le permitiera limitar el marcador de sexo en los pasaportes para personas transgénero y no binarias, en su último intento por lograr la intervención de los jueces en la controversia sobre las políticas restrictivas dirigidas a la comunidad LGBTQ+ estadounidense.
Justo después de asumir el cargo en enero, el presidente Donald Trump emitió un decreto que establecía que la política del Gobierno federal es reconocer únicamente dos sexos y que estos “no son modificables y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible”.
Posteriormente, el Departamento de Estado suspendió la tramitación de solicitudes de pasaporte que solicitaban el marcador de género “X”.
Esta medida revirtió los cambios implementados durante el Gobierno de Biden, destinados a dar cabida a las personas no binarias, intersexuales y no conformes con su género. A partir de abril de 2022, los estadounidenses podían seleccionar la X como su marcador de género.
Las demandas se produjeron rápidamente y, a principios de este año, un juez federal de Massachusetts impidió que el Gobierno aplicara la política a nivel nacional mediante una demanda colectiva.
“Los ciudadanos no pueden obligar al Gobierno a usar designaciones de sexo inexactas en documentos de identificación que no reflejan el sexo biológico de la persona, especialmente en documentos de identificación que son propiedad del Gobierno y constituyen un ejercicio de la facultad constitucional y estatutaria del presidente para comunicarse con gobiernos extranjeros”, escribió el procurador general D. John Sauer en la apelación de emergencia ante el tribunal superior.
En su fallo, la jueza federal de distrito Julia Kobick, designada por Biden, dictaminó que la política, en su forma literal, clasificaba a los “solicitantes por razón de sexo” y, por lo tanto, ameritaba un mayor escrutinio judicial.
Señalando que los pasaportes se utilizan a menudo para fines no relacionados con viajes, como alquilar un coche o abrir una cuenta bancaria, la jueza afirmó que, de no haber una decisión que detuviera la política, las personas afectadas sufrirían “un daño irreparable… al no poder usar sus pasaportes en ningún lugar sin revelar su identidad”.
Esas personas, explicó Kobick, probablemente se enfrentan a un mayor riesgo de “ansiedad, angustia psicológica, discriminación, acoso o violencia cada vez que usan sus pasaportes, no simplemente porque enfrentan estos riesgos al usarlos para viajes internacionales”.
A principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones de Boston denegó la solicitud del Gobierno de bloquear dicha orden. Si bien no fue un factor central en su decisión, el tribunal declaró que el Gobierno no había “interactuado significativamente” con las alegaciones del tribunal inferior de que la política podría contravenir la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.
Sauer argumentó el viernes que los tribunales inferiores cometieron un error al examinar la política bajo un nivel de revisión judicial más riguroso, y afirmó que las resoluciones que bloquean la política contradicen un importante fallo de la Corte Suprema emitido en junio que impulsó los esfuerzos de los legisladores estatales conservadores para aprobar y preservar leyes divisivas dirigidas a las personas transgénero estadounidenses.
Ese fallo de 6 a 3 del tribunal, escribió, “deja claro que la política impugnada no discrimina por motivos de sexo”.
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