El mes pasado, un hombre sin hogar con antecedentes de enfermedades mentales graves mató a una mujer en un tren de Charlotte. El asesinato, registrado en video, generó demandas de una estrategia más contundente para abordar el aumento de la indigencia y los problemas de salud mental en Estados Unidos.
Una cantidad récord de estadounidenses vive en la calle, y aproximadamente una cuarta parte padece esquizofrenia, trastorno bipolar u otras enfermedades mentales graves.
La gran mayoría no representa un peligro público, y las investigaciones vinculan solo entre el 3 % y el 5 % de los actos violentos con personas con enfermedades mentales graves.
Sin embargo, el presidente Donald Trump presenta a las personas sin hogar con enfermedades mentales como una amenaza para la seguridad pública. La solución, afirma, es internar a más personas en hospitales psiquiátricos y programas de tratamiento contra su voluntad.
En julio, Trump emitió una decreto alentando a los estados a ampliar las leyes de internamiento involuntario, un proceso legal que obliga a las personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros a recibir atención psiquiátrica para pacientes internados.
“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia… restablecerá el orden público”, decía la orden de Trump. En agosto, también declaró que apoyaría la reapertura de los manicomios para personas con enfermedades mentales graves por parte del Gobierno.
Pero las camas en hospitales psiquiátricos, las plazas para tratamientos y los profesionales de la salud mental han escaseado durante años. Y los recortes de Trump este año a Medicaid, la asistencia para la vivienda y los programas de salud mental dificultarán la creación de camas psiquiátricas, lo que socavará su objetivo de aumentar el internamiento involuntario.
“El gran problema es que el sistema de salud mental que tenemos es sumamente inadecuado. Está desfinanciado y sobrecargado”, afirmó Jeffrey Swanson, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Duke.
En 2022, Estados Unidos contaba con tan solo 18 camas psiquiátricas por cada 100.000 habitantes, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés).
Esta cifra está muy por debajo de las aproximadamente 60 camas que los expertos estiman necesarias para que cualquier persona que necesite una pueda conseguirla. Alrededor del 20 % de los 14 millones de adultos con enfermedades mentales graves no reciben tratamiento.
La orden de Trump no se limita a la hospitalización de personas. También quiere que los estados amplíen el tratamiento ambulatorio asistido (AOT, por sus siglas en inglés), un programa ordenado por un tribunal para personas que se considera que no pueden vivir con seguridad sin la supervisión de un juez. Los programas AOT ofrecen terapia, medicación y otros servicios intensivos fuera del ámbito hospitalario.
Ampliar el AOT por sí solo no es la solución milagrosa, afirmó Swanson. La eficacia del AOT depende de combinar el tratamiento con vivienda asequible, servicios y otros tipos de apoyo, añadió.
Sin embargo, la administración Trump no ha prometido ningún dinero federal nuevo para programas AOT, camas en hospitales psiquiátricos u otros tratamientos.
“La administración quiere obligar a la gente a someterse a tratamientos que quizá no existan. Es un puente que no lleva a ninguna parte”, dijo Swanson.
La Casa Blanca no hizo comentarios a las preguntas de CNN para este artículo.
La hospitalización forzada puede ser una herramienta fundamental cuando alguien es peligroso, ya sea para sí mismo o para otros, y no está dispuesto a participar en el tratamiento, afirman muchos profesionales legales, médicos y de defensa.
Sin embargo, los defensores de las personas con enfermedades mentales afirman que el internamiento involuntario corre el riesgo de traumatizar aún más a las personas y resulta más costoso.
Las investigaciones demuestran que involucrar voluntariamente a las personas en el tratamiento y los servicios para su salud mental es menos costoso y produce mejores resultados a largo plazo.
Sin embargo, el clima político ha cambiado en los últimos años a medida que la indigencia se ha disparado, impulsada por la falta de viviendas asequibles.
Más de 770.000 personas en Estados Unidos se encontraban sin hogar en 2024, un aumento del 18 % con respecto a 2023, según los últimos datos. Nueva York, California, Oregón y otros estados y ciudades liderados por los demócratas han apoyado la ampliación del internamiento involuntario.
Por ejemplo, bajo la dirección de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, el estado ha añadido camas de hospital a los centros psiquiátricos estatales y ha relajado el estándar legal estatal para el internamiento involuntario.
Pero incluso aquellos que apoyan el aumento del internamiento involuntario reconocen que varias de las políticas recientes de Trump actúan en contra de sus objetivos de ampliar la hospitalización y el tratamiento.
“Se han hecho recortes que no ayudan con esta estrategia y son incoherentes con su funcionamiento”, afirmó Lisa Dailey, directora ejecutiva del Centro de Defensa del Tratamiento, una organización sin fines de lucro que aboga por estándares más amplios para el internamiento involuntario. “Los recortes a Medicaid van a ser devastadores”.
Se proyecta que el amplio proyecto de ley de gastos e impuestos de Trump recortará Medicaid —la fuente más importante de servicios públicos de salud mental— en más de US$ 900 mil millones durante la próxima década.
Según la organización sin fines de lucro KFF, más de uno de cada tres adultos afiliados a Medicaid padece una enfermedad mental, incluido un 10 % con una enfermedad mental grave, una tasa superior a la de los adultos con seguro privado o sin seguro.
La administración Trump también ha recortado numerosos programas para el tratamiento de la salud mental y el abuso de sustancias, incluyendo US$ 1.000 millones de la SAMHSA.
También está intentando desviar fondos de Vivienda Primero, una política que traslada a personas en situación de calle crónica a casas de larga duración sin condiciones previas y luego las conecta con servicios de apoyo.
“Lo que vemos es un recorte de recursos para los servicios comunitarios”, dijo Luke Sikinyi, director de políticas públicas y participación ciudadana de la Alianza por los Derechos y la Recuperación en Nueva York. “Estamos creando una situación en la que más personas se encuentran en situación de calle y es más difícil para los proveedores”.
La iniciativa de Trump representa un cambio de política importante. Desde la década de 1950, Estados Unidos ha trabajado para cerrar instituciones psiquiátricas.
En 1955, había más de 550.000 camas psiquiátricas estatales y de condado. Hoy en día, se estima que hay 36.000 camas psiquiátricas en hospitales estatales.
La desinstitucionalización fue impulsada por diversas fuerzas, incluyendo los relatos de sobrevivientes de terapia de electrochoques y otros abusos en hospitales psiquiátricos estatales. También fue impulsada por la introducción del antipsicótico clorpromazina en la década de 1950; la Ley de Salud Mental Comunitaria de 1963 para financiar un sistema de centros locales de atención de salud mental; cambios en Medicaid; y decisiones judiciales históricas y leyes federales de derechos civiles.
Pero a pesar del avance hacia la desinstitucionalización, nunca se materializó plenamente un sistema integral de atención de salud mental que apoyara a las personas que vivían fuera de los hospitales.
Menos de la mitad de los centros comunitarios de salud mental propuestos por la Ley de Salud Mental Comunitaria de 1963 se construyeron. En 1981, el presidente Ronald Reagan recortó la financiación federal para programas de salud mental en un 25 %.
La falta de vivienda en las calles aumentó en las ciudades a fines de la década de 1970, y los estados con problemas presupuestarios trasladaron la carga de la atención de la salud mental a programas federales como Medicaid.
Hoy en día, las personas que sufren psicosis a veces son internadas en servicios de urgencias y luego devueltas a la calle en cuestión de días.
Pero con mayor frecuencia, las personas con enfermedades mentales graves terminan en prisiones y cárceles, que se han convertido en los centros de atención de salud mental más grandes del país.
Hoy en día, el gobierno federal tiene un control limitado sobre los problemas de salud mental. Las leyes de internamiento civil son regidas por los estados, y los tribunales han establecido protecciones constitucionales durante décadas.
Pero Trump tiene la posición dominante y su decreto es una manera de alentar cambios en las políticas locales y estatales, dijo Stephen Eide, quien estudia la falta de vivienda en el grupo de expertos conservador Manhattan Institute.
“Quiero que se prioricen las enfermedades mentales graves sin tratamiento, punto. Este decreto es una manera eficaz de lograrlo”, dijo.
Eide y otros defensores de la expansión de la hospitalización creen que la administración podría hacer aún más. Aboga por derogar la exclusión de Medicaid de las “instituciones para enfermedades mentales” (IMD). Esta oscura norma impide la financiación federal de instituciones mentales con más de 16 camas, lo que, según los críticos, constituye un importante obstáculo para ampliar la capacidad.
El gobierno ha aprobado docenas de exenciones estatales que permiten a Medicaid cubrir los servicios de salud mental de personas internadas en instituciones, pero no ha respaldado los esfuerzos para derogar la exclusión de IMD.
Eliminarla podría aumentar el gasto de Medicaid en US$ 38.000 millones, lo que contradice los objetivos de Trump.
Pero Dominic Sisti, profesor de ética médica de la Universidad de Pensilvania, que coescribió un artículo de 2015 en el que abogaba por hospitales psiquiátricos de alta calidad, dijo que solo añadir camas es una estrategia equivocada.
Lo que se necesita desesperadamente, dijo Sisti, son inversiones integrales en salud mental: programas de Vivienda Primero, financiamiento para construir una fuerza laboral de atención de salud mental y un sistema de tratamiento voluntario fácilmente accesible y coordinado que evite que las personas se deterioren en las calles.
“Es muy difícil para las personas acceder a una atención de salud mental adecuada”, apuntó. “Nuestro sistema se ha desmoronado por completo porque nos negamos a invertir en la atención de las personas más vulnerables”.
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