La guerra de mensajes sobre el cierre del Gobierno está en pleno apogeo, y los primeros indicios son que los republicanos se encuentran en una situación difícil, dado que la demanda de los demócratas de extender los subsidios mejorados del Obamacare parece bastante popular.
Así, los líderes republicanos han vuelto a una estrategia muy familiar: hacer generalizaciones falsas y afirmaciones engañosas sobre los inmigrantes indocumentados, en un intento de centrar el debate en un terreno más favorable para su discurso.
En ese camino, han argumentado una y otra vez que los demócratas están tratando de proporcionar atención médica a los inmigrantes indocumentados.
De hecho, como lo verificó Tami Luhby de CNN, los cambios que los demócratas buscan en Obamacare y Medicaid no brindarían cobertura directamente a los inmigrantes indocumentados, ya que no son y no serían elegibles para ninguno de los programas.
Eso no quiere decir que no haya algo de verdad en las afirmaciones de los republicanos. El asunto es complejo. En algunos casos, los fondos de Medicaid terminan cubriendo los costos de atención médica de quienes se encuentran en el país sin documentación, como lo exige la ley federal de larga data. Pero la estrategia política del Partido Republicano de presentar a los demócratas como responsables de tomar la financiación gubernamental como rehén en este asunto se basa en un intento bastante maquiavélico y cuestionado por demonizar a los inmigrantes.
Vamos a desglosarlo.
Después de que los republicanos pasaron días simplemente haciendo esta afirmación sin detallarla, el vicepresidente J. D. Vance dio un paso más en la conferencia de prensa del miércoles en la Casa Blanca para, al menos, darle algo de sustancia.
Su caso se redujo a dos cosas.
Su primer argumento fue que los solicitantes de asilo y otras personas con estatus legal temporal que serían elegibles para estos programas bajo la propuesta demócrata para poner fin al cierre deberían, no obstante, ser tratados como “extranjeros ilegales”.
Afirmó que esto se debía a que la administración Biden otorgaba tales designaciones con demasiada libertad.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Louisiana, también se ha mostrado vehemente sobre esta afirmación.
“Joe Biden utilizó decretos y amplió los beneficios y la atención médica para los inmigrantes indocumentados durante su mandato de cuatro años”, declaró Johnson el jueves. “Eso fue una violación escandalosa de la ley federal vigente y de los principios de buena administración”.
Es un argumento que aparentemente podría tener mucho atractivo.
Los estadounidenses se mostraron muy disgustados con la gestión de la administración Biden en materia de inmigración y asilo en los últimos años, antes de que Biden adoptara medidas más severas.
Un informe de Reuters-Ipsos a principios de este año mostró que el 56 % de los estadounidenses quería “reducir drásticamente” el número de migrantes a los que se les permitía solicitar asilo en la frontera.
Pero decir que estos inmigrantes deberían ser considerados “ilegales” –incluso si los republicanos realmente lo creen– no los convierte en tales, al menos bajo la ley actual.
En la medida en que los republicanos quieran tratarlos como ilegales, podrían tomar otras medidas para intentar despojarlos de su estatus legal.
Sin embargo, a menos que lo hagan, estas personas tienen estatus legal según la ley estadounidense y no son “extranjeros ilegales”.
El segundo punto de Vance fue que hay al menos una manera en que los dólares federales pueden usarse para pagar la atención médica de los inmigrantes que en realidad son indocumentados, es decir, no sólo las clases de personas que él preferiría tratar como tales.
Una ley federal llamada Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA) exige que cualquier hospital que reciba fondos de Medicare atienda a toda persona que requiera tratamiento de emergencia, independientemente de su capacidad de pago, seguro médico o estatus legal.
El gobierno federal reembolsa a los hospitales por este tratamiento.
Vance describió a los inmigrantes indocumentados en las salas de emergencia como una plaga, relacionándolos con tiempos de espera más largos porque “muy a menudo, alguien que está esperando en la sala de emergencia es un extranjero ilegal”.
Pero, de hecho, nuevos datos muestran que los reembolsos federales para atención de emergencia para inmigrantes indocumentados son una porción minúscula del gasto de emergencia de Medicaid: solo alrededor del 0,4 % en el año fiscal 2023, según KFF.
Además, cabe destacar que esto no se trata solo de una ley federal, sino de una ley federal firmada por el presidente republicano Ronald Reagan.
En su proyecto de ley a principios de este año, los republicanos buscaron reducir la financiación federal de Medicaid de Emergencia. Su argumento es, esencialmente, que la medida reducía el posible incentivo que los hospitales podrían tener para priorizar la atención a los inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, los demócratas señalan que esto simplemente traslada los costos a los estados y a los propios hospitales, dado que aún están legalmente obligados a brindar la atención. Esto ocurrirá a menos que se derogue la EMTALA.
Esta realidad también plantea algunas cuestiones quizás incómodas para la administración.
En primer lugar, la siguiente pregunta lógica es si Vance y los republicanos preferirían que los hospitales no brindaran atención que podría salvarles la vida a inmigrantes indocumentados que están gravemente enfermos, y tal vez simplemente les permitieran morir.
Una respuesta del jueves de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mostró lo difíciles que se vuelven estas preguntas.
Le preguntaron si los hospitales deberían solicitar un comprobante de ciudadanía antes de atender a un paciente terminal, y ella contestó: “Probablemente no sea una pregunta que me corresponda responder”.
En segundo lugar, refuerza que incluso el proyecto de ley de la agenda de Trump aún permitía el flujo de fondos federales para brindar atención médica de emergencia a los inmigrantes indocumentados. Simplemente, se trataba de una cantidad más restringida que desplazaba la carga a los estados y hospitales.
Los republicanos también han argumentado cada vez más que algunos estados demócratas están moviendo dinero de tal manera que, en realidad, están utilizando fondos federales de Medicaid bajo la apariencia de fondos estatales para la atención médica de personas indocumentadas.
Leavitt acusó el viernes a California de “una artimaña para financiar su programa de Medicaid para inmigrantes ilegales”.
Pero, como señaló Luhby, una disposición que habría penalizado a los estados que supuestamente hicieran esto fue eliminada del proyecto de ley de la agenda de Trump.
La ley elimina la posibilidad de que los estados obtengan una exención relacionada con los impuestos que pueden cobrar a ciertos proveedores para ayudar a financiar Medicaid, pero la disposición no se refiere específicamente a los inmigrantes indocumentados.
A medida que se han comprobado estas afirmaciones, los republicanos han recurrido cada vez más a otro argumento independiente.
Han señalado que, durante las primarias presidenciales demócratas de 2020, la mayoría de los principales candidatos apoyaron la cobertura de salud pública para los inmigrantes indocumentados. Vance, Leavitt y muchos otros republicanos han mencionado un fragmento de un debate en el que todos los candidatos levantaron la mano en apoyo de dicha política.
Y es cierto. Es una de las varias posturas que los demócratas adoptaron durante esa campaña para atraer a la izquierda política, y que probablemente desearían no haber adoptado. (Muchas de estas respuestas se volvieron en contra de Kamala Harris en la campaña presidencial de 2024).
“No dejen que los demócratas les mientan”, declaró el jueves en X el representante republicano Pete Stauber de Minnesota. “En un debate de 2019, todos los candidatos demócratas apoyaron la atención médica financiada con fondos públicos para inmigrantes indocumentados. Ahora, han paralizado el Gobierno por eso”.
Johnson añadió el jueves: “Esas manos incluían a Joe Biden y Kamala Harris. Ahora bien, ¿qué hicieron? ¿Cumplieron su promesa? Sí, absolutamente”.
Aclaró que se refería a que Biden amplió el acceso a quienes cumplían los requisitos para dicha cobertura, permitiéndoles obtener, al menos, un estatus legal temporal. Por lo tanto, el argumento parece ser más bien que a estas personas no se les debería haber otorgado un estatus legal, en lugar de que actualmente sean indocumentadas en sentido legal.
Y que esos demócratas expresaran esa opinión en aquel entonces no significa que tenga algún impacto en el debate actual.
Los republicanos argumentarían que esto traiciona las intenciones a largo plazo de los demócratas. Pero no es lo que la oposición pide actualmente en un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno.
Principalmente, presionan por subsidios federales más generosos para ayudar a los estadounidenses a costear las pólizas de Obamacare. (Y, de hecho, parece muy improbable que los demócratas consideren cualquier medida para cerrar el Gobierno debido a la atención médica de los inmigrantes indocumentados como una política inteligente o práctica hoy en día).
El senador demócrata Rubén Gallego, de Arizona, incluso ha dicho que los demócratas apoyarían un lenguaje que garantizara doblemente que ninguna cobertura se extendería a los indocumentados.
“Estamos dispuestos a aprobar cualquier ley que diga que las personas que están en este país ilegalmente no deberían recibir ningún beneficio, subsidio, nada”, dijo Gallego a Semafor.
No es raro que los políticos intenten manipular los debates en términos que les favorezcan. Hasta cierto punto, es la política de siempre.
Pero lo que hemos visto cada vez más en el Partido Republicano de la era Trump es una disposición más desvergonzada y casi inquebrantable a decir lo que sea más ventajoso en el momento, sin importar si eso engaña a los estadounidenses acerca de los temas muy reales en un debate importante.
El partido se ha mostrado cada vez más receptivo a las tácticas de un presidente que no sólo pronunció más de 30.000 afirmaciones falsas y engañosas en su primer mandato, según el Washington Post, sino que se volvió significativamente más enemigo de los hechos con el paso del tiempo.
Tal vez el epítome de este enfoque llegó en 2024. La campaña de Trump no solo difundió afirmaciones infundadas sobre inmigrantes haitianos en Ohio que se comían las mascotas de la gente, acusaciones que incluso los republicanos locales rechazaron.
Vance reconoció efectivamente haber difundido voluntariamente información errónea, al tiempo que argumentaba que el fin justificaba los medios. “Si tengo que crear historias para que los medios realmente presten atención al sufrimiento del pueblo estadounidense”, admitió Vance a Dana Bash de CNN, “entonces eso es lo que voy a hacer, Dana. Porque ustedes están dejando que Kamala Harris se descontrole por completo”.
Se puede entender por qué los republicanos sienten la necesidad de ajustar los términos del debate aquí, dadas las ampliaciones de los subsidios del Obamacare que impulsan los demócratas y que son abrumadoramente populares.
Una encuesta de KFF publicada el viernes mostró que el 78 % de los estadounidenses e incluso el 57 % de los republicanos partidarios de MAGA apoyaban extenderlos.
Un sondeo del Washington Post publicado un día antes mostraba que el 47 % de los encuestados creía que Trump y los republicanos eran los principales responsables del cierre, en comparación con el 30 % que culpaba a los demócratas.
Esto resulta un tanto contradictorio, dado que son los demócratas quienes se niegan a firmar un proyecto de ley limpio para mantener el Gobierno abierto.
Pero eso no cambia el hecho de que los estadounidenses no están recibiendo una imagen completa y precisa de lo que está en juego.
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