Con su veloz y súbita destitución por “permanente incapacidad moral”, la ahora exmandataria de Perú, Dina Boluarte, se suma a la lista de personas con un breve paso por la Presidencia de Perú en las últimas décadas. El país tuvo seis presidentes, entre destituciones, renuncias e interinatos, en los últimos siete años. Boluarte además es la cuarta jefa de Estado en ser desplazada por el Congreso en este siglo, luego de Alberto Fujimori, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
Este capítulo de sucesión acelerada de presidente, que ubica a Perú entre los países con mayor inestabilidad institucional de América latina, comenzó cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 tras dos años de gobierno. Su dimisión se produjo en medio de críticas por el caso Odebrecht y el indulto que concedió al expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos en su mandato. Martín Vizcarra le sucedió y fue presidente desde 2018 hasta 2020, cuando lo destituyó el Congreso. Manuel Merino y Francisco Sagasti le siguieron entonces como presidentes interinos. Después, Pedro Castillo ocupó el cargo desde 2021 hasta 2022, cuando el Congreso lo vacó mientras él intentaba disolver al órgano legislativo.
Boluarte, quien era la vicepresidenta de Castillo, lo sucedió en el poder durante casi tres años. Y ahora, tras su destitución, el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, asumió como nuevo presidente de la República, durante una ceremonia realizada durante esta madrugada.
Ahora Perú, que realizará elecciones presidenciales en abril próximo, inaugura otro capítulo institucional lleno de preguntas. Estas son las claves que explican los interrogantes que están detrás de la remoción de Boluarte y de los desafíos que le esperan ahora a Jerí Oré.
A lo largo de su mandato, Boluarte ya había enfrentado mociones de vacancia, pero había conseguido los suficientes apoyos políticos para evitar la destitución.
Eso cambió esta vez. Por la tarde del jueves, el partido opositor Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, anunció que apoyaría la moción para destituirla. Durante el resto de la jornada, otras fuerzas también se sumaron.
Al final de la jornada, la moción de vacancia se aprobó por un amplio margen: 121 votos de 130 posibles, la mayor cantidad de sufragios obtenida por una medida así, por encima de las de Fujimori, Vizcarra y Castillo.
Boluarte aceptó la decisión, aunque ella y su abogado, Juan Carlos Portugal, dijeron que el Congreso violó el debido proceso porque no dio un tiempo adecuado para que prepararan una defensa frente a las mociones en su contra. Durante la sesión, por el contrario, los congresistas argumentaron que actuaron con apego al reglamento, que permite acelerar los procesos si se reúnen los votos suficientes.
Analistas consultados por CNN consideraron que Boluarte perdió apoyos principalmente debido a dos factores: su baja popularidad y los recientes problemas de inseguridad en Perú, que han motivado protestas tanto en Lima como en otras ciudades.
Xóchtil Pimienta, profesora del Tecnológico de Monterrey, recordó que la desaprobación de Boluarte es superior al 90%, algo que atribuye a los presuntos casos de corrupción en los que la ahora exmandataria se ha visto involucrada.
“Todo se detona por el escándalo del ‘Rolexgate’”, dijo Pimienta, en referencia a las investigaciones judiciales abiertas contra Boluarte por presuntamente haber aceptado relojes lujosos y otras joyas como pago por un soborno. Boluarte rechaza estos señalamientos, así como otros que la implican en posibles actos de corrupción.
El internacionalista Fausto Pretelin consideró que la baja popularidad de Boluarte no solo afectó su imagen frente a la ciudadanía, sino también su capacidad para tomar decisiones y formar mayorías políticas, un aspecto clave para los presidentes de Perú debido al poder con el que cuenta el Congreso.
En cuanto a la inseguridad, los analistas destacaron el creciente descontento social por los homicidios y las extorsiones, delitos que a lo largo del año han generado varias protestas. Esta inconformidad se avivó durante las últimas horas, luego de que el grupo musical Agua Marina fuera atacado a disparos la noche del miércoles mientras daba un concierto en Lima. Por estos hechos —ampliamente difundidos en redes sociales—, cuatro de sus integrantes resultaron heridos.
Boluarte asegura que su Gobierno estaba trabajando para contener a los grupos delictivos. Sin embargo, algunos ciudadanos consideran que no había resultados y que la expresidenta no era empática con la situación.
“Lo que pasó en un concierto donde fueron heridos de bala integrantes de un grupo muy famoso, en un concierto abierto a todo el público, se vuelve símbolo de desconexión con la ciudadanía y, por supuesto, lo aprovecha la oposición y la no oposición para impulsar este proceso, esta figura de la vacancia”, dijo Pimienta.
Algunos reportes de organismos internacionales respaldan la preocupación ciudadana por la inseguridad en Perú.
El informe sobre drogas publicado este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) indica que toda América Latina “continúa sufriendo los niveles más elevados de violencia delictiva de todo el mundo”, derivados principalmente de la actividad de narcotraficantes.
Precisamente contener esa inseguridad creciente, que además llevó a miles de jóvenes de la Generación Z y a sindicatos a las calles recientemente, será el gran desafío para los pocos meses de gobierno que tiene Jerí Oré por delante.
Minutos después de que el Congreso aprobó destituirla, Boluarte dio un mensaje al país. Acompañada de su Gabinete en el Palacio de Gobierno, defendió su gestión, se describió como una demócrata y dijo que el país merece, entre otras cosas, “un crecimiento con estabilidad democrática y un Gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo”.
Pretelin consideró que, debido a su baja popularidad, Boluarte “no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia políticamente hablando”, por lo que descartó que más adelante pueda tomar otro rol relevante en la vida pública de Perú.
Con ella fuera del cargo, Jerí Oré asumió una Presidencia que tendrá entre sus principales tareas, precisamente, crear las condiciones para la próxima sucesión presidencial.
En marzo, la propia Boluarte convocó a elecciones para el 12 de abril de 2026, una contienda en la cual, a decir de Pimienta, “las fuerzas políticas deben estar pensando en qué persona, qué candidato puede generar la unidad que se necesita para devolver la estabilidad al país”.
Al asumir, Jerí Oré tomó nota de los reclamos de las calles y de las política. “El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales y las organizaciones criminales y como enemigos debemos declararles la guerra”, dijo y aseguró que va “a ganar esa guerra”.
La promesa de Jerí Oré será desafiada por la inseguridad, el malestar en las calles, que no da señales de ceder, y por la inestabilidad de décadas de la política peruana.
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