El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en septiembre crear una fuerza que neutralice a las pandillas en Haití, una medida que se produce poco después de la detención en Estados Unidos de los empresarios haitianos Pierre Reginald Boulos y Dimitri Vorbe, señalados de haber apoyado a los grupos delictivos que durante los últimos años han disparado la violencia en el país caribeño.
Para analistas consultados por CNN, estas detenciones son una señal de que algunos miembros de la élite política y económica de esa nación han dejado de ser intocables en el extranjero.
Haití, un país con 11 millones de habitantes de los cuales la mitad vive con inseguridad alimentaria, según la ONU, ha sido gobernado por pocas familias desde que se independizó de Francia.
Durante años, de acuerdo con los especialistas, políticos y empresarios optaron por instalarse en otros países —como Estados Unidos, Canadá, República Dominicana o Francia— para proteger a sus familias y bienes ante las constantes crisis.
Los expertos dicen que algunos integrantes de esa élite favorecieron la formación de pandillas para amedrentar a sus rivales, y que esos mismos grupos son los que desde 2021 han disparado la violencia en territorio haitiano, en particular en Puerto Príncipe. Según el think tank Insight Crime, muchos haitianos piensan que la capital está bajo el control de pandilleros.
Boulos, empresario y exaspirante presidencial, fue detenido en julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia dijo entonces en un comunicado que Boulos es un residente permanente y no un ciudadano, como dicen sus abogados, y que violó las leyes de inmigración y nacionalidad por haber participado, afirman, “en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que ha contribuido a la desestabilización de Haití”, por lo que podría ser deportado. Él rechaza las acusaciones.
La detención de Vorbe ocurrió en septiembre y también estuvo a cargo de ICE, que se refirió a él como un inmigrante indocumentado quien, al igual que Boulos, presuntamente apoyó a las pandillas de Haití y con ello, sostiene la agencia, contribuyó a desestabilizar al país. Vorbe también enfrenta una posible deportación. CNN contactó a sus abogados para saber cómo se declara, así como aclarar cuál es su estatus inmigratorio.
Michael Deibert, periodista con 30 años de experiencia en la cobertura de temas de Haití, consideró que estas detenciones representan un cambio respecto de un patrón en el que algunos integrantes de la élite haitiana podían viajar al extranjero sin temor a ser arrestados por sus posibles vínculos con la constante inestabilidad política y social en la nación.
“Existía esta sensación de que, sin importar lo mal que las cosas se pusieran en casa, siempre había este escape que podían tomar hacia otro país donde serían intocables y no rendirían cuentas, y eso pasó por décadas. Esto parece estar cambiando ahora”, dijo.
Diego Da Rin, analista del think tank Crisis Group, coincidió con esta lectura. Desde su perspectiva, si bien desde finales de 2022 países como Canadá habían emitido sanciones a personas que presuntamente habían apoyado a las pandillas de Haití, estas medidas, hasta ahora, eran limitadas porque se concentraban en restricciones de visa o congelamiento de activos, pero “les faltaban dientes para tener impacto”.
“Este paso que está dando la administración (del presidente Donald) Trump de arrestar a miembros de la élite es un paso más allá de lo que se había hecho hasta ahora, así que estas élites que hasta ahora habían estado colaborando de alguna manera con las pandillas ya se pueden sentir un tanto más vulnerables”, dijo.
Hasta ahora, no está claro si el Gobierno de Estados Unidos planea detener a más ciudadanos de Haití presuntamente relacionados con el apoyo a pandillas. CNN contactó a ICE para consultar si tiene más investigaciones abiertas por este tema y espera respuesta.
Para Da Rin, la decisión de Washington anunciada en mayo de designar como organizaciones terroristas internacionales a dos grandes pandillas de Haití, Viv Ansanm y Gran Grif, abre la puerta a que las autoridades estadounidenses actúen “con más libertad” contra quienes considere que han apoyado a estos grupos.
Irene Mia, investigadora del think tank Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, considera que, si estas designaciones son serias, podrían ser utilizadas para frenar el flujo de recursos que financian a las pandillas.
Tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021, Haití ha vivido años de inestabilidad política y social. En marzo de 2024, el entonces primer ministro, Ariel Henry, renunció al cargo en medio del aumento de la violencia provocada por las pandillas. Poco después, un consejo presidencial de transición asumió el Gobierno, que hasta ahora no ha podido contener a estos grupos.
“La dinámica que se ha desarrollado durante el último año o más ha sido que las pandillas han expandido la huella de sus áreas de control en Haití. Ahora controlan áreas que son de 30 o 40 millas afuera de Puerto Príncipe” (hasta 65 kilómetros), expuso Deibert.
En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 30 de septiembre una resolución, impulsada por EE.UU. y Panamá, para transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en una Fuerza de Eliminación de Pandillas.
La instancia contará con 5.500 policías y militares, además de otros 50 funcionarios, tendrá un mandato inicial de 12 meses y su principal objetivo será “proteger a las poblaciones vulnerables de la creciente violencia y prevenir el desplazamiento que esta inevitablemente causa”, dijo la ONU el 1 de octubre en un comunicado.
Alex Papadovassilakis, investigador del think tank Insight Crime, dijo que, según lo aprobado, esta nueva fuerza tendrá “más músculo” y más independencia para actuar en comparación con la misión previa.
Mientras algunos gobiernos han expresado dudas sobre la efectividad de esta instancia —Rusia, China y Pakistán se abstuvieron de votar la resolución aunque no hubo votos en contra—, otros confían en que dará resultados.
Una confianza similar han expresado organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Human Rights Watch, cuya directora para las Américas, Juanita Goebertus, dijo en un comunicado que el Consejo de Seguridad dio un paso “para responder a la devastadora crisis de Haití”. Sin embargo —añadió—, para que la nueva fuerza sea efectiva y no cometa abusos “debe contar con financiamiento sostenido y predecible, personal suficiente y garantías robustas de derechos humanos”.
Los especialistas consultados coincidieron en que la creación de una nueva fuerza contra las pandillas puede ser un paso positivo para combatir la violencia y estabilizar Haití, pero advirtieron que esta instancia de inicio tendrá importantes desafíos. El primero de ellos —argumentaron— será garantizar recursos financieros y humanos para operar.
“El primer reto es uno que fue enfrentado por la misión de seguridad previa a esta fuerza de seguridad, y es que las contribuciones, en términos de financiamiento y personal, seguirán siendo voluntarias. Ahí está la pregunta de cuántos países en realidad se comprometerán a enviar dinero y tropas”, dijo Papadovassilakis.
“Definitivamente existe la necesidad de una respuesta más fuerte de la comunidad internacional, dado que Haití no tiene la capacidad para lidiar con el problema solo. Pero está por verse de dónde vendrá ese apoyo y, después de esta nueva propuesta, si habrá suficiente voluntad política a nivel internacional para implementar la fuerza de seguridad”, subrayó.
Además de los desafíos operativos, Deibert señaló uno más de fondo: actuar no solo contra las pandillas sino contra las redes políticas y económicas que las apoyan.
“Estos grupos tienen vínculos con actores económicos y políticos, así que si esta misión de seguridad no lidia con el problema que está detrás, que son estas conexiones económicas y políticas, no creo que mucho vaya a cambiar en el largo plazo”, dijo.
Mia expresó una preocupación similar, debido a la complejidad de los problemas en Haití y a que —consideró— la comunidad internacional no ha dado prioridad a lo que ocurre en el país.
“No soy muy optimista porque, en este tipo de situación, deberías generar estabilidad, deberías tener elecciones, deberías realmente trabajar en la calidad de las instituciones, y no veo ese enfoque de trabajar en el fortalecimiento institucional, combatir la corrupción o interrumpir los flujos financieros que dan poder a las pandillas”, expuso.
Una vez más, la violencia en Haití y algunas posibles vías de solución atraen la atención del mundo, pero la efectividad de esas medidas aún está en un horizonte lejano.
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