El atentado contra dos activistas venezolanos en la capital de Colombia ha encendido las alarmas dentro de la diáspora venezolana, ante el temor de que la represión del Gobierno de Nicolás Maduro esté cruzando las fronteras de Venezuela.
La tarde del lunes, el activista de derechos humanos Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche Arteaga fueron baleados al salir de un edificio en el norte de Bogotá por dos personas no identificadas que los esperaban en un automóvil.
Se dispararon aproximadamente 15 balas contra los activistas, quienes habían huido de la creciente represión del gobierno el año pasado. Peche Arteaga recibió seis impactos, según Laura Dib, colega de Velásquez y directora del programa sobre Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Ambos fueron operados y se encuentran en condición estable.
“Es tragedia tras tragedia”, dijo Dib. “Ha sido un día muy duro para todo el movimiento de derechos humanos en Venezuela. Este atentado envía un mensaje muy claro sobre los riesgos de la represión transnacional”.
CNN solicitó comentarios al Gobierno de Venezuela sobre las preocupaciones expresadas por las organizaciones y líderes de la sociedad civil y espera respuesta.
Aún no está claro quién está detrás del ataque, pero las autoridades colombianas informaron que ya iniciaron una investigación. Dib y otros líderes de la sociedad civil señalaron que esperarán los resultados de la pesquisa, aunque el perfil político de las víctimas sugiere que se trató de un ataque dirigido.
Ambos hombres forman parte del éxodo de líderes opositores y de la sociedad civil que huyeron de Venezuela tras las acusaciones generalizadas de fraude electoral en los comicios del año pasado y la detención de más de 2.000 personas, entre ellas defensores de derechos humanos y críticos del gobierno.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Velásquez fue detenido arbitrariamente durante varias horas cuando intentaba salir del país en agosto de 2024 para participar en una conferencia sobre derechos humanos. También denunció que el gobierno le había anulado el pasaporte.
Con su huida, se sumaron a los casi 8 millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años debido a la crisis, muchos de los cuales han buscado refugio en Colombia.
Sin embargo, líderes de la diáspora y organizaciones de la sociedad civil advierten que, tras este atentado, crece el miedo entre quienes antes encontraban seguridad en otras naciones andinas.
Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia (ColVenz), afirmó que el temor a una posible persecución ha estado latente desde hace años, especialmente por la facilidad con la que se pueden contratar sicarios en Colombia, debido a la presencia de grupos criminales.
“Siempre hemos estado atentos a posibles persecuciones. Un ataque como este era algo que sabíamos que podía ocurrir en cualquier momento. Ahora ocurrió en Bogotá”, dijo.
“Nos preocupa que todos podamos convertirnos en un objetivo”, añadió.
CNN solicitó comentarios al Gobierno de Venezuela sobre las preocupaciones expresadas por las organizaciones y líderes de la sociedad civil y espera respuesta.
Ante esto, Pereda indicó que varias organizaciones de derechos humanos con las que trabaja están evaluando medidas para reforzar sus protocolos de seguridad, como la contratación de escoltas y la búsqueda de un tercer país de asilo en caso de enfrentar amenazas graves.
El año pasado, el secuestro y asesinato del militar disidente venezolano Ronald Ojeda en Chile conmocionó a la comunidad migrante venezolana. Investigadores chilenos concluyeron que el crimen fue de carácter político, orquestado desde Venezuela y presuntamente ejecutado por el Tren de Aragua, una banda criminal nacida en las cárceles venezolanas.
James Story, exembajador de la Unidad de Asuntos Venezolanos de Estados Unidos durante las administraciones de Biden y Trump, dijo que el gobierno de Maduro tiene la capacidad de llevar a cabo ataques como el de Bogotá, y que desde hace tiempo vigila a sus adversarios en países vecinos.
“Todos los opositores que vivían en Bogotá estaban preocupados por ser atacados por el régimen de Maduro, por estar bajo vigilancia o por estar en riesgo de sufrir algún tipo de actividad hostil”, señaló.
Agregó que, aunque el Tren de Aragua ha estado en el centro del debate público en Estados Unidos, el Gobierno de Maduro cuenta con varios actores que podrían ejecutar este tipo de acciones.
La líder opositora María Corina Machado calificó el atentado como una “agresión grave” y exigió protección para los activistas y otros exiliados venezolanos en Colombia en un mensaje en su cuenta de X.
El ataque ocurre en un momento en que Venezuela vuelve al foco internacional. Días antes, Machado fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por un comité electo por el Parlamento noruego. El mismo día del atentado, Maduro anunció el cierre de la embajada venezolana en Oslo, sin dar mayores explicaciones.
Mientras tanto, aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Maduro por el ataque a embarcaciones que, según el Gobierno de Trump, transportaban drogas desde Venezuela. Trump anunció el martes que una quinta lancha fue atacada y que seis personas murieron.
Dib, colega de Velásquez, denunció que cada vez es más difícil conseguir ayuda para los exiliados venezolanos, especialmente desde que el Gobierno de Trump redujo los fondos de asistencia internacional y las protecciones dentro del territorio estadounidense.
Simultáneamente, varios gobiernos andinos se han mostrado más hostiles hacia los migrantes venezolanos, al responsabilizarlos por el aumento de la criminalidad, en medio de la peor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina.
A pesar de haber solicitado apoyo a la Defensoría del Pueblo en Colombia, Velásquez no había recibido protección internacional al momento del ataque, dijo Dib.
“Hay tantas cosas que se pudieron haber hecho”, lamentó. “Creo que esto es una llamada de atención”.
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