Una jueza federal en San Francisco ordenó a la administración Trump que detenga inmediatamente sus esfuerzos para despedir a aproximadamente 4.100 trabajadores federales durante el cierre del Gobierno, alegando que la medida es ilegal.
La magistrada federal de distrito Susan Illston manifestó durante una audiencia este miércoles que aprobaba la solicitud de emergencia que solicitaron los sindicatos que representan a los trabajadores federales para que se detengan los despidos que comenzaron el viernes pasado.
“Actualmente, la orden de restricción temporal está vigente”, declaró Illston.
La orden, según la magistrada, prohíbe a la administración proceder con los despidos de los miembros de varios sindicatos que demandaron, así como emitir nuevos avisos de cesantía para los miembros de dichos gremios.
Permanecerá vigente mientras se resuelve el recurso legal de los sindicatos.
Los gremios, que demandaron a la administración a fines del mes pasado después de que los funcionarios dijeron que despedirían a trabajadores en medio del cierre, han argumentado que el Gobierno está utilizando ilegalmente la falta de financiación como justificación para los despidos.
Illston, designada por el expresidente Bill Clinton, manifestó que vio evidencia que sugería que la administración había “aprovechado la falla en el gasto gubernamental, en el funcionamiento del Gobierno, para asumir que todo estaba perdido, que las leyes ya no se aplicaban a ellos”.
La magistrada indicó que creía que los despidos planeados eran inadmisibles, en parte, porque están “motivados políticamente”, y señaló las declaraciones del presidente Donald Trump de que los funcionarios estaban apuntando a programas y agencias favorecidos por los demócratas.
“La política que impregna lo que está sucediendo se está proclamando a viva voz en este caso”, subrayó la jueza.
“Existen leyes que rigen cómo podemos hacer lo que hacemos, incluyendo leyes que rigen cómo realizamos (reducciones de personal)”, añadió. “Y las actividades que se llevan a cabo aquí son contrarias a las leyes”.
El viernes, la administración Trump comenzó a emitir avisos de reducción de personal (RIF) a aproximadamente 4.100 empleados de varias agencias, tras emitir un memorando a finales de septiembre en el que se les instaba a prepararse para despidos masivos si el Gobierno entraba en cierre. El impasse comenzó el 1 de octubre.
La Casa Blanca ha declarado que quiere implementar más ceses.
Antes de que se emitiera el fallo este miércoles, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, afirmó que los despidos probablemente superarán los 10.000.
“Definitivamente estamos hablando de miles de personas. Gran parte de los informes se han basado en informes judiciales, que han expresado que rondan las 4.000 personas. Pero eso es solo un informe, y creo que la cifra aumentará mucho más”, declaró Vought el miércoles en “The Charlie Kirk Show”.
“Podría aumentar aún más”, añadió Vought más tarde. “Creo que probablemente terminaremos superando los 10 000”.
“Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia, no solo la financiación”, dijo Vought. “Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, y ahí es donde buscaremos nuestras oportunidades”.
Sin embargo, el proceso RIF ha sido caótico: cientos de empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recibieron por error el viernes por la noche notificaciones de que iban a ser despedidos.
Un expediente judicial actualizado el martes confirmó que aproximadamente 1.760 empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del cual forman parte los CDC, recibieron notificaciones de RIF en lugar de los 982 que debían recibirlas.
La agencia, que está rescindiendo las notificaciones incorrectas, atribuyó estas notificaciones a “discrepancias en los datos y errores de procesamiento”.
Además del HHS, se enviaron avisos RIF a varios miles de trabajadores de los departamentos de Comercio, Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Seguridad Nacional y Tesoro, según la presentación judicial del martes.
Además, casi 200 empleados del Departamento de Energía recibieron una notificación general RIF informándoles que podrían estar sujetos a despidos en el futuro.
Y más de dos docenas de empleados de la Agencia de Protección Ambiental recibieron avisos de “intención de RIF”, aunque la EPA no ha tomado una decisión final sobre si esos trabajadores serán despedidos.
Kit Maher de CNN contribuyó a este informe.
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