Dos de los cuatro tripulantes que iban a bordo de una embarcación supuestamente cargada de drogas sobrevivieron al sexto ataque realizado por las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe.
El ataque –ocurrido el jueves 16 de octubre– forma parte de la ofensiva del Gobierno de Donald Trump para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Fue la primera vez que una operación de este tipo no resultó en la muerte de todos los ocupantes de la embarcación. Según el presidente Trump, el objetivo era una embarcación con “cuatro conocidos narcoterroristas a bordo”. Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas de que los ocupantes estuvieran efectivamente vinculados al narcotráfico.
Los dos sobrevivientes —un ecuatoriano y un colombiano— fueron detenidos temporalmente en un barco de la Marina estadounidense y, poco después, liberados y repatriados a sus países de origen. Las circunstancias de su liberación han generado más preguntas que respuestas entre expertos y autoridades.
Los ataques de EE.UU. en el mar Caribe han matado a decenas de personas durante las últimas semanas. Hasta ahora, se han reportado al menos siete operaciones contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas desde Venezuela. En los últimos meses, Estados Unidos ha desplegado decenas de activos militares en el Caribe y promete más ataques contra supuestas embarcaciones narcotraficantes.
Jeison Obando Pérez, de 34 años, fue identificado como el ciudadano colombiano que sobrevivió al ataque. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, informó que Obando llegó al país en estado crítico: “con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con ventilador”.
Benedetti lo calificó como un “criminal” y aseguró que “enfrentará la justicia por narcotráfico”, aunque no se ha especificado si existían investigaciones en curso contra él antes del ataque.
La situación ocurre en medio de una creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington. El presidente Gustavo Petro ha sido un crítico abierto de la estrategia militar de Trump en el Caribe. Ha cuestionado la narrativa estadounidense sobre los objetivos de estos ataques, e incluso acusó a Estados Unidos de matar a un pescador colombiano en una operación previa que, según dijo, no tenía vínculos con el narcotráfico y su “actividad diaria era pescar”.
“Funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”, escribió Petro en una publicación en X.
“El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar”, agregó, señalando que la “lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.
Días después de esos señalamientos, Trump respondió con la cancelación de la ayuda financiera a Colombia y anunció planes para aumentar aranceles a sus exportaciones, lo que escaló el enfrentamiento verbal entre ambos mandatarios.
El Ministerio del Interior de Ecuador dijo el sábado que recibió a uno de los sobrevivientes. Las autoridades informaron a CNN que el sobreviviente “está siendo evaluado médicamente”. Agregaron que “se seguirá el proceso legal correspondiente”, pero no dieron más detalles.
De acuerdo con una ficha de la Policía Nacional de Ecuador a la que tuvo acceso CNN, el hombre fue identificado como Andrés Fernando Tufiño Chila, de 41 años.
La decisión de liberar a los dos sobrevivientes ha encendido aún más el debate sobre la legalidad y coherencia de la campaña militar de EE.UU. en el Caribe. Aunque el Gobierno de Trump ha descrito a los tripulantes como “narcoterroristas” que representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos, no ha presentado evidencia que respalde estas afirmaciones.
Algunos expertos señalan que, si en efecto eran tan peligrosos como se dijo, resulta difícil de justificar su repatriación sin cargos. “¿Tan peligrosos como para intentar matarlos con una operación militar, pero no lo suficiente como para juzgarlos?”, se preguntó Jack Goldsmith, exfuncionario del Departamento de Justicia de EE.UU. y actual profesor en Harvard.
La situación también ha expuesto los vacíos legales en torno a estas operaciones. Fuentes cercanas al Gobierno de Trump dijeron a CNN que la decisión de liberar a los sobrevivientes respondió en parte a la incertidumbre sobre la base legal para mantenerlos detenidos en custodia militar.
Estados Unidos ha elaborado una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y extensa de presuntos narcotraficantes. Sin embargo, históricamente, el tráfico de drogas ha sido tratado como un delito, no como un acto de guerra. Hasta ahora, el Congreso —que tiene la autoridad constitucional para declarar conflictos armados— no ha aprobado ninguna guerra contra carteles o “narcoterroristas”.
El Gobierno de Trump ha argumentado que el presidente tiene amplios poderes bajo el Artículo II de la Constitución para actuar contra estas amenazas. Pero legisladores de ambos partidos han expresado escepticismo sobre esta interpretación.
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