El presidente Donald Trump se apoya en un nuevo fallo de un tribunal de apelaciones que respaldó su despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, mientras insta a la Corte Suprema de Justicia a permitir que su administración lleve a cabo un esfuerzo similar en Chicago.
Al describir a quienes protestan contra la administración en Chicago como “alborotadores” que lideran una “resistencia violenta”, la administración Trump afirmó a los jueces el martes que su decisión de desplegar la Guardia Nacional no es revisable por los tribunales o, como mínimo, merece una gran deferencia.
“Si la determinación del presidente es revisable, dicha revisión debe ser extremadamente deferente”, dijo la administración a la Corte Suprema de Justicia, señalando decisiones recientes del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. que respaldaron “el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Portland para abordar una resistencia violenta similar a la aplicación de la ley federal de inmigración”.
En uno de los casos de emergencia más importantes que involucra al segundo gobierno de Trump que llega a la Corte Suprema hasta el momento, los jueces están revisando si los tribunales federales inferiores hicieron bien en impedir que Trump desplegara cientos de miembros de la guardia en una instalación de ICE en los suburbios de Chicago.
Es probable que la Corte Suprema de Justicia emita una decisión en el caso de Chicago rápidamente, posiblemente dentro de unos pocos días.
La campaña más amplia de Trump para desplegar la guardia en suelo estadounidense recibió impulso esta semana cuando un panel dividido de tres jueces del noveno Circuito dijo que el presidente tenía derecho a deferencia al tomar decisiones sobre cuándo son necesarios dichos despliegues.
El Noveno Circuito en pleno está considerando si revisan esa decisión.
Aunque el caso ante la Corte Suprema se centra en Chicago, es casi seguro que el fallo se extenderá a otros litigios en curso, ya que Trump busca enviar la Guardia Nacional a varias ciudades estadounidenses. En su último documento, el Departamento de Justicia presentó la decisión de Trump de enviar la Guardia a Illinois como una respuesta a lo que describió como una amenaza nacional más amplia.
“Como reconoció el Noveno Circuito, ‘el presidente puede y debe considerar la totalidad de las circunstancias’, y es un error que los tribunales ‘desestimen las pruebas que consideran menos relevantes’”, declaró el Procurador General de Estados Unidos, D. John Sauer, ante la Corte Suprema. “Esto es especialmente cierto cuando, como en este caso, los sucesos de Chicago no ocurren en el vacío, ya que se han producido violentos disturbios en Los Ángeles y Portland, un tirador intentó asesinar a agentes federales en Dallas y los cárteles mexicanos ofrecen recompensas por el personal del Departamento de Seguridad Nacional”, apunta el alegato.
Los estados que se oponen a Trump se han burlado de la idea de que las protestas justifiquen el envío de tropas.
Cuando bloqueó temporalmente el despliegue en Illinois a principios de este mes, la jueza de distrito estadounidense April Perry cuestionó la descripción de la administración sobre lo que ha estado sucediendo en las instalaciones del ICE en Broadview.
Perry, nominada por el expresidente Joe Biden, señaló lo que describió como una “tendencia preocupante” de la administración de “equiparar las protestas con los disturbios”.
El Séptimo Circuito, con sede en Chicago, confirmó en gran medida la orden temporal de Perry.
Para justificar los despliegues, el Departamento de Justicia se basó en una decisión de la Corte Suprema de 1827: Martin contra Mott.
El caso trataba sobre Jacob Mott, miembro de la milicia de Nueva York que desobedeció la orden de movilización del presidente James Madison durante la Guerra de 1812.
La Corte Suprema rechazó el argumento de Mott de que Madison había calculado mal el peligro y declaró que “la autoridad para decidir si se ha presentado la emergencia corresponde exclusivamente al presidente”.
Los funcionarios de Chicago se han mostrado reacios a la idea de que las protestas contra los agentes de ICE sean similares a un ejército extranjero invasor.
“Los agentes del orden estatales y locales han manejado actividades de protesta aisladas en Illinois, y no hay evidencia creíble de lo contrario”, expusieron los funcionarios de Illinois ante la Corte Suprema en su propio conjunto de argumentos escritos esta semana.
“La guerra de 1812”, escribieron, “implicó hechos ‘muy diferentes’ a los que se relatan en ese expediente”.
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