El miedo se ha instalado entre parte de la diáspora nicaragüense radicada en Costa Rica. Así lo afirman Joshwell Martínez y Adrián Meza, representantes de dos oleadas distintas de exiliados, ambos acusados por el régimen del presidente Daniel Ortega y unidos por un mismo sentimiento de temor y cautela ante las tácticas de represión extrafronterizas.
Los dos coinciden en que el principal detonante de este ambiente entre refugiados nicaragüenses fue el asesinato del mayor retirado del Ejército Nacional de Nicaragua Roberto Samcam, crítico de Ortega, el 19 de junio en San José, cuando un hombre ingresó al complejo de apartamentos donde vivía y le disparó al menos ocho veces.
Samcam estaba exiliado en Costa Rica desde 2018 y fue uno de los 94 nicaragüenses desnacionalizados por el régimen en febrero de 2023, según un comunicado conjunto del Colectivo Nicaragua Nunca Más y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Ambas organizaciones señalaron que el crimen “podría formar parte de una estrategia más amplia de represión transnacional impulsada por el régimen nicaragüense para perseguir y silenciar a la disidencia fuera de sus fronteras”.
CNN intentó obtener una reacción del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua, pero no recibió respuesta.
El Ministerio Público de Costa Rica informó en septiembre que tres sospechosos están en prisión preventiva y otra persona enfrenta el proceso en libertad, mientras continúa la búsqueda de un quinto implicado. La Fiscalía confirmó a CNN que el caso sigue en investigación y remarcó que esta etapa no es pública, por lo que no pueden ofrecer más detalles.
Martínez, de 24 años, se exilió en Costa Rica en 2018, tras participar en las protestas iniciadas ese año contra la reforma al sistema de pensiones, que más tarde derivaron en un reclamo por cambios democráticos y fueron reprimidas por el Gobierno, con un saldo de cientos de muertos.
Llegó al país con solo 16 años, según cuenta, luego de ser acusado por el Gobierno de Nicaragua de terrorismo y portación ilegal de armas. Hasta cifras de 2023, Costa Rica recibió a más de 200.000 nicaragüenses desde el estallido de la crisis, según un informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Martínez describe su situación como si “una fuerza invisible lo persiguiera”, un miedo que —asegura— ha derivado en autocensura, reducción de espacios comunitarios y búsqueda de refugio en terceros países.
En 2022 fundó la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), que elabora informes sobre violaciones a los derechos de la población nicaragüense en Costa Rica. Afirma que desde entonces ha recibido amenazas de muerte en redes sociales, tanto él como su equipo, que él cree provenientes del Gobierno de Nicaragua. “He tenido que bajar mi perfil a niveles mínimos. Antes era una o dos amenazas de muerte por semana”, relata.
Martínez denunció estas amenazas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en las oficinas en San José y alertó al Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN).
Por su parte, Adrián Meza, abogado y académico de 66 años, exrector de la Universidad Pablo Freire de Nicaragua, contó a CNN que se exilió en Costa Rica en 2022 tras el cierre de la universidad, cuando tomó conocimiento de que el Gobierno iba a detenerlo, sin saber por qué. Fue un año en el que recrudeció la represión en el país: la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció “un esfuerzo sistemático para poner un bozal a la oposición y a los disidentes”, en un informe rechazado por el Gobierno.
Martínez y Meza responsabilizan al gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la ahora copresidenta del país, Rosario Murillo, de impulsar una política sistemática de persecución más allá de las fronteras.
“El Gobierno de Ortega y Murillo opera con lógica de vigilancia y de decisiones drásticas cuando lo considera oportuno. Tenemos evidencia visible de que esa es una realidad con la que convivimos en el exilio”, aseguró Meza.
Ortega fue un revolucionario y tomó el poder tras ayudar al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle, siendo presidente entre 1985 y 1990. Luego de estar en la oposición durante 17 años, volvió al poder en 2007, y desde allí se ha reelegido. La última vez, asumió en 2021 por quinta vez tras unas elecciones ampliamente cuestionadas en las que al menos 39 líderes opositores fueron detenidos, incluyendo siete precandidatos.
El movimiento migratorio no cesó tras las oleadas de 2018 y 2021. El año pasado, Costa Rica aprobó 9.160 solicitudes de permanencia de migrantes nicaragüenses y denegó 237 solicitudes de refugio, según datos proporcionados por la Dirección General de Migración y Extranjería. Además, deportó a 959 nacionales de Nicaragua.
Meza denunció públicamente ante la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica que el 4 de octubre los oficiales de seguridad de su condominio en San José le informaron que un hombre intentó ingresar al lugar diciendo que debía entregarle un vehículo reparado, pero se retiró al ser confrontado por los oficiales.
“Para quienes tuvimos experiencia en inteligencia militar, esto parece una clásica operación de verificación y localización del objetivo”, explicó.
Ese mismo día, Meza publicó una carta abierta dirigida al Ejército y al Gobierno nicaragüense, en la que advirtió: “No voy a comprar una pistola para defenderme en las calles de San José o en mi casa, aunque me hayan incluido en una lista de los que creen que deben morir. Los refugiados no tenemos derecho a convertir el país que nos acoge en un campo de batalla”.
CNN también consultó al Ejército de Nicaragua sobre las denuncias planteadas por Meza y espera respuesta.
Ante una consulta de CNN, la oficina de prensa de la Presidencia de Costa Rica indicó que la DIS invitó a Meza a acudir a la institución y le ofreció acompañamiento para presentar una denuncia ante la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos del OIJ. Según la Presidencia, en los próximos días se concretará la cita en el OIJ.
Varios grupos nicaragüenses de derechos humanos registran desde hace algunos años decenas de ataques presuntamente patrocinados por el régimen de Ortega en Costa Rica.
En septiembre, un grupo de expertos de la ONU denunció que el Gobierno de Nicaragua extiende su represión más allá de sus fronteras.
En su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el grupo alertó sobre una “campaña cada vez más intensa para silenciar a los críticos en el exilio”.
“El daño que sufren los nicaragüenses exiliados no es el resultado de un hecho aislado”, explicó el presidente del grupo, Jan-Michael Simon. “Su vida entera se desmantela sistemáticamente, comenzando con el desarraigo y la pérdida de identidad legal, lo que deriva en colapso económico, aislamiento social y vigilancia constante”.
El informe también documenta el asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica como parte del patrón de agresiones.
Jaime Hermida, embajador de Nicaragua ante la ONU, dijo este jueves que el informe de la organización internacional era “ilegítimo”, “injerencista” y “apócrifo”, y recordó que Nicaragua “ya no forma parte del manipulado, obsoleto e injerencista Consejo de Derechos Humanos”.
“Ningún lugar en el mundo parece seguro para los nicaragüenses que se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo”, advirtió en tanto el experto Reed Brody.
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