El vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Mark Warner, expresó este miércoles su confianza en la inteligencia utilizada por el Pentágono para atacar a presuntos narcotraficantes en el océano Pacífico, pero instó al Gobierno de Trump a divulgar más información a un público escéptico, mientras los demócratas cuestionan la justificación legal para los ataques continuos.
Tras una sesión informativa con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Warner dijo: “Creo que nuestros recursos de inteligencia son bastante buenos”, explicando que cree que el Gobierno sí tiene “visibilidad” sobre el transporte de drogas ilegales. Pero el senador de Virginia sostuvo que hacer más información disponible sobre los ataques ayudaría a generar confianza en las acciones de Estados Unidos en la región.
“La idea de los ataques cinéticos, sin realmente interceptar y demostrarle al público estadounidense que estos llevan drogas y que están llenos de delincuentes, me parece un gran error y socava la confianza en las acciones del Gobierno”, afirmó.
Warner, quien fue profundamente crítico cuando el Gobierno informó solo a un grupo de senadores republicanos la semana pasada, dijo que es “bueno” que ahora todos los senadores puedan ver la justificación legal detallada del Gobierno para los ataques en un entorno clasificado.
No obstante, agregó que cree que todos sus colegas también deberían poder escuchar a los funcionarios del Gobierno, especialmente mientras el Congreso sigue debatiendo la limitación de los poderes de guerra del presidente en la región.
El representante Jim Himes, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, coincidió con la confianza de Warner en el trabajo de la comunidad de inteligencia de EE.UU., diciendo a los periodistas: “No me preocupa que no haya alguna conexión de estos barcos con el tráfico”. Pero agregó: “Lo que no tengo claro es si tenemos la misma estructura para asegurarnos de que no mueran inocentes, etc., que la que tenemos cuando normalmente hacemos ataques antiterroristas”.
Rubio y Hegseth, así como un funcionario de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Casa Blanca, informaron a un grupo que el Gobierno describió como el “Grupo de los 12”: líderes de ambas cámaras, así como los principales republicanos y demócratas de los comités clave.
El representante Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, dijo a CNN que no escuchó “nada” durante la sesión a puerta cerrada que lo convenciera de la legalidad de los ataques.
Y Meeks afirmó que no compartieron pruebas que vinculen las embarcaciones o sus pasajeros con el narcotráfico. Los funcionarios, incluido Rubio, han asegurado repetidamente tener tales pruebas para respaldar los ataques letales.
El demócrata de Nueva York dijo que el Gobierno se refirió al memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica que dice que no necesitan la aprobación del Congreso para la acción militar. El memorando fue compartido con los legisladores, dijo.
Sin embargo, Meeks dijo que todavía busca una respuesta sobre por qué el Gobierno emitió una notificación de poderes de guerra después del primer ataque si no creen que legalmente la necesitan.
“Me parece que lo que están haciendo son malabares mentales para tratar de justificar eludir el papel del Congreso en temas de guerra y paz”, dijo a CNN. “Con algunas de sus justificaciones legales, lo que dicen que es autorización legal, yo no me lo creo todo”.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, argumentó que una “inteligencia precisa” respalda la justificación legal de los ataques, que, de acuerdo con él, se basa en un “paradigma militar”, en lugar del protocolo tradicional de aplicación de la ley.
“Esta es una respuesta necesaria, apropiada y legal; en efecto, los cárteles nos han declarado la guerra”, explicó. “Si ven las estadísticas, la cocaína ha sido la causa de muerte de más estadounidenses en los últimos dos años que todas las bajas que sufrimos en la Guerra de Vietnam combinadas”.
En cuanto a la pregunta de si el Gobierno estaba al tanto de las identidades de cada persona a bordo de las embarcaciones, Johnson dijo que no conocía la respuesta exacta, y también señaló que había una “alta fiabilidad” detrás de la creencia de que quienes estaban a bordo estaban afiliados con cárteles y no simplemente “por casualidad en un barco”.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que está presionando para que haya una sesión informativa para todos los senadores sobre el tema, diciendo a los periodistas: “Lo que oímos no es suficiente. Necesitamos muchas más respuestas” después de la sesión a puerta cerrada de este miércoles.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también dijo que quiere recibir “más información”, culpando en parte a la decisión de Johnson de mantener la Cámara fuera de sesión durante el cierre de la falta de una sesión informativa completa para el Congreso.
“Los republicanos de la Cámara literalmente han estado de vacaciones financiadas por los contribuyentes durante las últimas seis semanas. Esto es extraordinario. Mike Johnson ha debilitado a su propia mayoría”, dijo Jeffries.
Johnson dijo que no percibió una “vibra negativa” en la sala, a pesar de la frustración de los demócratas, diciendo a los periodistas: “Querían la sesión informativa antes, pero no creo que nadie que estuvo ahí pueda quejarse de una falta de información exhaustiva”.
Warner aseguró que la opinión legal compartida con los legisladores no aborda la consideración aparte de cualquier posible acción militar dentro de Venezuela.
Cuando CNN le preguntó si se sentía cómodo con la posibilidad de que Estados Unidos tome medidas para destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Warner respondió: “He dicho repetidamente que Maduro, no solo en términos de reconocimiento estadounidense, sino aproximadamente 50 países en todo el mundo, ni siquiera lo reconocen como el líder legal de Venezuela en este momento”.
Dijo que Estados Unidos “perdió una gran oportunidad” de unir a la región contra Maduro cuando tomó el poder el año pasado, después de que su competidor, quien obtuvo más votos en las elecciones presidenciales, tuvo que huir del país.
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