En el Zócalo de la Ciudad de México, un punto emblemático de los principales actos públicos del oficialista partido Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum repitió el 5 de octubre un dato que su Gobierno ha insistido en presentar como uno de sus logros centrales: la baja en las cifras de homicidios dolosos en México, que atribuye a su estrategia de seguridad.
“La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa”, dijo la mandataria frente a funcionarios y miles de simpatizantes reunidos aquel domingo, en el que conmemoró el primer año de su mandato que comenzó el 1 de octubre de 2024. Ese mediodía, entre otras medidas defendió su plan de atender las causas sociales de la delincuencia, fortalecer a la Guardia Nacional y aumentar las tareas de inteligencia.
El escenario optimista descrito por Sheinbaum, sin embargo, contrasta con hechos recientes. Algunos de ellos son las protestas que han generado los asesinatos de figuras públicas como el empresario Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón de Apatzingán hallado muerto en octubre, y el político Carlos Manzo, alcalde de Uruapan atacado con arma de fuego tras una festividad local. Este último hecho, que desató una serie de protestas, llevó a Sheinbaum a presentar el domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un plan para contener la violencia que implica el despliegue de más militares y una inversión millonaria.
Además, a estos casos se suman las imágenes de pueblos abandonados en los límites entre los estados de Michoacán y Jalisco, de donde sus habitantes dicen haber huido por temor a grupos criminales, así como los frecuentes tiroteos observados desde mediados del año pasado en el estado de Sinaloa.
Entonces, ¿ha bajado o no la violencia en México durante el actual Gobierno? La respuesta no es sencilla.
Las cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el número de homicidios efectivamente ha bajado en lo que va del mandato de Sheinbaum.
De acuerdo con los reportes del SESNSP, en los primeros 12 meses de gestión de Sheinbaum en todo el país se registraron 25.712 homicidios, un 25,97% menos en comparación con los 34.732 contabilizados en los primeros 12 meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Pero otras cifras oficiales y especialistas en seguridad consultadas por CNN indican que, más allá de esta reducción, la violencia en México se mantiene en niveles elevados y se expresa de diferentes formas.
Lisa Sánchez, directora de la organización no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), consideró que las cifras del SESNSP, si bien muestran una baja en los homicidios, deben tomarse con reserva porque se basan en los reportes de las fiscalías de las 32 entidades federativas los cuales, dijo, pueden tener errores que deriven en un subregistro. En una entrevista con CNN realizada en agosto, el especialista Ernesto López Portillo hizo el mismo señalamiento.
De acuerdo con Sánchez, una prueba de que las estadísticas del SESNSP no reflejan fielmente la realidad es que suelen contabilizar menos homicidios de los que anualmente reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuya elaboración se basa principalmente en certificados de defunción y toma más tiempo. Por ejemplo, para 2024 el SESNSP registró 30.060 homicidios, mientras que el Inegi reportó 33.241.
CNN contactó a la Secretaría de Seguridad federal, de la que depende el SESNSP, para pedir comentarios sobre estas discrepancias y los señalamientos de las especialistas. Hasta ahora, esperamos respuesta.
Las propias cifras del SESNSP, además, muestran que la disminución no ha sido uniforme en todo México, sino que hay entidades federativas donde han aumentado considerablemente.
En Sinaloa, en el noroeste del país, durante el primer año de Gobierno de Sheinbaum se registraron 1.815 homicidios, un aumento del 102,79% en comparación con los 895 que hubo en el primer año de López Obrador. Diversos analistas atribuyen esta alza a un recrudecimiento de los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.
Así como en Sinaloa, los homicidios aumentaron en diferente porcentajes en otras siete entidades: Aguascalientes (9,1%), Baja California Sur (43%), Campeche (60,52%), Morelos (14,70%), Nayarit (14,13%), Tabasco (18,19%) y Yucatán (16,12%). En las 24 restantes hubo disminuciones que llegaron hasta el 72,17% en el caso de Tamaulipas, según una revisión de CNN.
“Cuando uno va preguntando ‘¿El número refleja la realidad del país en términos de las violencias?’, lo que podemos empezar a apuntar es que hay preguntas sobre determinadas localidades que presentan ciertas formas de descomposición más continuas que otras”, dijo Marisol Ochoa Elizondo, profesora de la Universidad Iberoamericana (UIA) especializada en sociedad, violencia y criminalidad.
Hay otros indicadores de los altos niveles de violencia que prevalecen en México, dicen las especialistas. Uno de ellos es el número de personas desaparecidas.
En México actualmente hay más de 133.000 personas en esta situación, según el registro oficial en la materia. La mayor parte de esas desapariciones se ha contabilizado desde 2005 y, tan solo este año, suman más de 29.000.
Sánchez, de MUCD, consideró que estos números deben ser tomados en cuenta para dimensionar el problema de violencia y actividad de los grupos criminales en el país, al igual que los homicidios.
“No podemos olvidar que tenemos ese fenómeno coincidente de desapariciones, en donde también un porcentaje de las personas que figuran en ese registro puede presumirse que están fallecidas y que fueron asesinadas”, dijo.
En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió un proceso urgente por la situación de las desapariciones forzadas en México, con lo que podría llevar casos ante la Asamblea General. El Gobierno de México criticó la medida, rechazó que el problema esté generalizado en el país y aseguró que las autoridades promueven la defensa de los derechos humanos.
Un delito en el que el propio Gobierno reconoce un incremento es la extorsión. De acuerdo con el SESNSP, en el primer año de Sheinbaum se registraron 11.290 víctimas de estos delitos, un alza del 26,07% en comparación con las 8.955 del primer año de López Obrador.
La situación llevó a Sheinbaum a lanzar en julio una estrategia específica contra las extorsiones, que incluye tareas de inteligencia, crear unidades especializadas y protocolos de actuación, así como proponer una nueva ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y será discutida por el Senado en los próximos días. Uno de los principales puntos de esta propuesta legislativa es establecer penas de 25 años de prisión.
Ochoa Elizondo, de la UIA, consideró que la expansión de la extorsión refleja la “vulnerabilidad institucional” de muchas localidades, donde las autoridades no tienen la capacidad para prevenir este delito o atender a las víctimas. El resultado de esto, dijo la experta, son zonas donde delincuentes extorsionan a varios sectores económicos, lo que impide el desarrollo y afecta la calidad de vida de la población.
Para Ochoa Elizondo, un ejemplo de esto es Uruapan, un municipio de Michoacán con importante actividad agrícola y donde el alcalde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre tras denunciar la operación de grupos criminales y pedir ayuda a los gobiernos estatal y federal.
“La extorsión ha sido uno de los grandes delitos que han logrado esparcirse y crear un diseño de monopolio de economías legales, que las vuelve parte del recurso y del financiamiento de las lógicas delictivas”, dijo.
Más allá de las cifras de homicidios, desapariciones y casos de extorsión, la mayoría de los mexicanos se sienten más inseguros hoy en comparación con el año pasado.
Así lo muestra la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, que indica que en septiembre el 63% de la población dijo sentirse más insegura en la ciudad donde vive, cuando en el mismo mes de 2024 el porcentaje fue del 58,6%. Entre las mujeres el número es aún mayor, del 68,2% este año, mientras que en los hombres es del 56,7%.
Por localidad, algunas donde la situación es aún más grave son Culiacán, capital de Sinaloa, con el 88,3%; Irapuato, en el estado de Guanajuato, con el 88,2%, y Chilpancingo, en el estado de Guerrero, con el 86,3%.
Ochoa Elizondo, de la UIA, argumentó que comprender los diferentes problemas de cada lugar y adecuar la estrategia de seguridad según corresponda puede dar mejores resultados en vez de querer aplicar un plan homogeneizado.
“Entender las regiones y entender las localidades sí abre visos de oportunidad, porque cuando uno va haciendo esas diferenciaciones podemos entender fortalezas y debilidades de la propia estrategia que uno quiere emplear”, dijo la especialista, quien pidió al Gobierno tener “un espíritu muy autocrítico” para corregir lo que no esté funcionando en los cinco años que le restan de gestión.
Sánchez, de MUCD, de forma similar llamó a que no solo se combata la violencia atribuida a grupos criminales, sino también aquella que es cotidiana y fomentada por algunas instituciones, como la falta de acceso a la justicia o el riesgo de abusos de policías y militares en tareas de seguridad.
“Son muchísimas violencias pero yo le pondría atención a esas, porque justo se salen del relato tradicional de que todas las violencias vienen solo del narco”, dijo.
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