La visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a la costa de Ecuador la semana pasada desató una serie de preguntas y cuestionamientos, a menos de una semana del referéndum en el que la población decidirá si quiere o no que bases militares extranjeras se establezcan en el país sudamericano.
Noem recorrió junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, puntos específicos de la base de Salinas y la base de Manta, ciudades de dos provincias costeras de Ecuador, donde la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ha mantenido por décadas sus instalaciones y alas de combate.
Manta es uno de los puertos más importantes de Ecuador y el foco de operaciones de grupos criminales como Los Choneros, la temida agrupación narco criminal que estuvo liderada durante años por Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se encuentra en custodia de la justicia de Estados Unidos desde julio de este año, tras su captura. Manta fue el espacio donde Los Choneros ganaron fuerza y se convirtieron en una agrupación vinculada al cartel mexicano de Sinaloa.
En ese puerto estuvo Kristi Noem, recorrió el escuadrón de combate de la base de Manta, ubicado junto al aeropuerto de la ciudad y cuya existencia se remonta a 1978, cuando comenzó a operar el Ala de Combate N.23.
Estados Unidos mantuvo presencia militar en Manta entre 1999 y 2009, y allí funcionó un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) que se encontraba dentro de la Base de la Fuerza Aérea para actividades aéreas de monitoreo antinarcóticos a través de un convenio entre Washington y Quito, que fue firmado durante el Gobierno del entonces presidente Jamil Mahuad.
El acuerdo permitía el acceso de personal militar estadounidense a las instalaciones de la base aérea Eloy Alfaro, con el fin de intensificar la cooperación internacional para la detección, monitoreo, rastreo y control aéreo del tráfico de drogas. Militares estadounidenses trabajaron así junto a militares ecuatorianos en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes. No fue una base militar extranjera.
El FOL se cerró en 2009, después de que el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa decidiera terminar con el acuerdo argumentando temas de soberanía.
Kristi Noem también visitó la Base Aérea Ulpiano Páez de Salinas y la Escuela de Aviación Cosme Rennella en Salinas, provincia de Santa Elena, con miras a incorporar un punto de coordinación. En esa misma provincia se construye una cárcel de máxima seguridad y es el territorio donde la familia presidencial tiene propiedades, como su casa de playa en Olón, donde el presidente Noboa usualmente recibió los resultados de las últimas elecciones. Según el ministro del Interior, Jhon Reimberg, al ser Salinas el punto más saliente del Ecuador continental hacia el océano Pacífico, tiene un “alto valor estratégico” en la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales.
No hay mucha claridad ni información detallada sobre el tipo de acuerdos que los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos estén gestionando, pues cualquier tema de connotación militar que tenga que ver con la instalación de bases militares extranjeras deberá primero pasar por la aprobación ciudadana a través del referéndum. Pero el Gobierno ha optado por promocionar su campaña por el “Sí” para el referéndum con la imagen de Noem como aliada en su cruzada contra el crimen organizado, adelantándose a lo que suceda en las urnas.
Durante una conferencia de prensa que despertó una serie de pedidos de aclaración por parte de los periodistas, la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, dijo el miércoles que la visita de Kristi Noem ―la segunda en tres meses― responde a la intención de recorrer “instalaciones estratégicas” para la “colocación de potenciales bases militares”.
También en un juego de palabras habló de “sitios”, “espacios de gestión y coordinación” y “bases” para temas de seguridad, migración y desarrollo, y señaló que la llegada de Noem formaba parte de los acuerdos alcanzados en julio cuando se firmó un memorándum entre la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional de Ecuador.
Las competencias del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, en inglés) están alejadas de las del Departamento de Defensa, que controla a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Según su página oficial, están relacionadas a la seguridad fronteriza, proteger al país contra amenazas, brindar respuesta a emergencias, proteger la infraestructura crítica, ofrecer servicios de inmigración y ciudadanía, análisis de ciberseguridad, prevención de ataques terroristas; en definitiva “mantener seguro a EE.UU”.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional no es por esto ajeno a cuestiones militares: la Guardia Costera de Estados Unidos, una fuerza militar clave en la lucha contra el narcotráfico, opera bajo su exclusiva jurisdicción.
Hace pocos días, Noboa dijo que Seguridad Nacional tenía interés en “hacer su propio control en Ecuador”, pero no especificó bajo qué mecanismo, en qué áreas específicas o si se sumarían más oficinas que las existentes en el país para el manejo de temas migratorios. Al Departamento de Seguridad Nacional están adscritas oficinas como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), además de la Guardia Costera.
El acuerdo alcanzado en julio entre Noem y Noboa contempla el intercambio de oficiales de enlace con énfasis en seguridad fronteriza e inteligencia policial; y el intercambio de datos biométricos para procesar a presuntos criminales. Por eso el exjefe de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, dice a CNN que lo más probable es que se instalen nuevas “oficinas” adscritas a Seguridad Nacional en los puntos visitados por Noem (Manta o Salinas) con el fin de ejercer un mejor control del flujo migratorio.
“Serían puestos u oficinas que permitan el control sobre el flujo migratorio, sobre los cargamentos que se desplazan a Estados Unidos. Noem está aquí para acelerar la instalación de estas oficinas”, precisa Pazmiño.
El exjefe militar insiste que aunque el Gobierno quiera incorporar el término “bases” a estos puntos por la coyuntura de la campaña electoral, no necesariamente operan así, pues las competencias de Homeland Security se cumplen con personal bajo otros parámetros.
“Serían oficinas operativas y estas oficinas no necesariamente son con personal militar. Son personas que operan temas de tecnología, inteligencia, identificación de personas, etc.”. Pazmiño agrega que estas oficinas también permitirían a EE.UU. monitorear los flujos al Puerto de Chancay en Perú, que fue construido con el apoyo de China y en ese marco contener el avance de la influencia de China en la región que es el interés estadounidense.
La implementación de oficinas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no necesariamente está supeditada al resultado del referéndum del 16 de noviembre, dic Pazmiño. Agrega que ya existen otras oficinas operativas en el país y “no son bases militares extranjeras”.
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