El proyecto de ley que puso fin al cierre del Gobierno incluía una cláusula que obliga al Departamento de Justicia y al FBI a notificar al Senado cuando un legislador está siendo investigado y si se le solicita información personal mediante citación judicial.
Los legisladores también pueden demandar al Departamento de Justicia en virtud de esta cláusula y pueden recibir una indemnización de US$ 500.000 o más por cada infracción cometida por el Gobierno si sus casos prosperan.
La cláusula, incluida en uno de los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias, surge después de que los senadores republicanos publicaran registros del FBI relacionados con la investigación denominada “Arctic Frost”, que se refería al esquema de electores falsos de 2020. En este caso, aliados de Donald Trump presionaron a los electores republicanos para que registraran votos del Colegio Electoral a favor de Trump en estados que el expresidente Joe Biden había ganado.
La disposición provocó indignación bipartidista en el Capitolio, donde los críticos la calificaron de medida oportunista que enriquecería a los senadores a costa de los contribuyentes.
Finalmente, los republicanos votaron a favor del proyecto de ley de financiación para poner fin al histórico cierre del Gobierno de 43 días. Ahora, afirman que presentarán un proyecto de ley independiente para derogarlo.
Esto es lo que se sabe sobre la controversia en el Capitolio:
Los senadores republicanos acusan al exfiscal especial Jack Smith y a los líderes del FBI de tener motivaciones políticas para obtener los registros telefónicos de nueve legisladores republicanos mediante citaciones judiciales.
Los registros contienen datos de los cuatro días previos y posteriores al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU., pero no incluyen el contenido de las llamadas. Smith ha declarado que las citaciones formaban parte de investigaciones rutinarias.
La ley que Trump promulgó como parte del proyecto de ley de financiación provisional establece explícitamente las diversas situaciones y parámetros bajo los cuales los investigadores federales están obligados a notificar al Congreso, incluyendo cuándo se citan los registros electrónicos personales de los senadores, cuándo un senador es objeto de una investigación penal y cuándo se necesitan datos de una oficina del Senado.
También indica que cualquier senador que no sea notificado sobre el uso de sus datos en una investigación o sobre su condición de objeto de una investigación puede interponer una demanda alegando que los investigadores no cumplieron con la ley federal.
“Cualquier senador cuyos datos del Senado, o los datos de su oficina en el Senado, hayan sido adquiridos, requeridos mediante citación judicial, registrados, consultados o divulgados en violación de esta sección, podrá interponer una demanda civil contra los Estados Unidos si la violación fue cometida por un funcionario, empleado o agente de los Estados Unidos o de cualquier departamento o agencia federal”, establece la legislación.
La ley se aplica retroactivamente a 2022.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró el miércoles que la medida añadida al proyecto de ley por los republicanos del Senado lo tomó por sorpresa y que el Partido Republicano de la Cámara redactaría un proyecto de ley aparte para eliminar dicha disposición, el cual se someterá a votación en una fecha posterior.
El asunto se mencionó por primera vez en una reunión del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, cuando el panel estaba analizando el proyecto de ley de financiamiento.
El presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole, afirmó estar “sorprendido” al ver la disposición. Mientras tanto, la principal demócrata del comité, la representante de Connecticut Rosa DeLauro, criticó duramente la medida, afirmando que proporcionaría millones de dólares a los senadores investigados en la pesquisa sobre el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2020.
Los representantes republicanos Austin Scott, Chip Roy y Morgan Griffith manifestaron durante la reunión su preocupación por una cláusula. “He estado preguntando sobre esto desde anoche, y les diré que no creo que la dirección del Senado compartiera con la dirección de la Cámara lo que estaban haciendo”, declaró Scott en ese momento.
Más tarde, Scott declaró a CNN: “Creo que está mal redactada, pero me alegra que otras personas hayan prestado atención, hayan leído la legislación y hayan podido explicar a los ciudadanos estadounidenses su contenido”.
Varios republicanos de la Cámara ya apoyan la eliminación de dicha cláusula.
“Fue una estupidez, sinceramente, incluir esa cláusula en este proyecto de ley”, afirmó el representante republicano Troy Nehls.
Algunos senadores republicanos cuyos registros telefónicos fueron confiscados en el marco del caso “Arctic Frost” afirman que no buscarán compensación económica, en medio de una fuerte reacción negativa a la cláusula que les permite demandar.
Un portavoz del senador Dan Sullivan, uno de los senadores cuyos registros telefónicos fueron confiscados en la investigación de Smith, declaró a CNN el viernes que “no planea demandar y apoya el proyecto de ley de la Cámara de Representantes para derogar la cláusula”. El asesor señaló que el senador se enteró de ella al revisar el acuerdo de financiación.
El senador Bill Hagerty dijo en una publicación en X el jueves que estaba “a favor de que Jack Smith y todos los cómplices de este abuso de poder rindieran cuentas”, y luego agregó: “No quiero ni busco una indemnización para mí mismo pagada con el dinero de los contribuyentes”.
El senador Josh Hawley también pidió rendición de cuentas, pero calificó la medida de “mala idea”.
“Creo que la disposición del Senado es una mala idea. Debe haber rendición de cuentas por el escandaloso abuso de la separación de poderes por parte del Departamento de Justicia de Biden, pero la manera correcta de hacerlo es mediante audiencias públicas, una supervisión estricta, incluyendo a las compañías de telecomunicaciones cómplices, y el enjuiciamiento cuando corresponda”, afirmó.
La oficina de la senadora Marsha Blackburn informó a WBIR esta semana que tenía la intención de demandar. En un comunicado a CNN el viernes, su oficina declaró: “El plan de la senadora Blackburn siempre ha sido buscar una sentencia declaratoria —no una indemnización monetaria— para impedir que la izquierda viole los derechos constitucionales de los conservadores”.
Blackburn, quien se postula para gobernador de Tennessee en 2026, también enfrenta la presión del representante republicano John Rose, quien también aspira al cargo. Esta semana, Rose criticó la disposición, calificándola de “cláusula venenosa”.
El senador Ron Johnson declaró a CNN que “por el momento no tiene planes” de demandar, y añadió: “Si lo hiciera, sería únicamente para utilizar los tribunales y exponer la instrumentalización corrupta de las fuerzas del orden federales por parte de las administraciones de Biden y Obama. Con la plena cooperación del Departamento de Justicia y el FBI de Trump en nuestras investigaciones del Congreso, esto no debería ser necesario”.
Anteriormente, Johnson había manifestado su apoyo a la disposición “como medida disuasoria para prevenir futuros abusos de las agencias federales”.
El senador Tommy Tuberville declaró el jueves en una publicación en X que demandaría si un juez federal involucrado en la investigación no fuera sometido a juicio político y si Smith no fuera inhabilitado y encarcelado. Escribió: “Si no lo son, demandaré con todo el rigor de la ley a cada funcionario de Biden involucrado para asegurarme de que esto NUNCA vuelva a sucederle a un conservador”.
No especificó qué tipo de compensación buscaría.
No todos renuncian a la compensación económica.
El senador Lindsey Graham respaldó esta disposición al hablar con periodistas en Carolina del Sur el miércoles, afirmando que “apoya firmemente la idea de que si alguien ha sido agraviado, debe haber una reparación”.
Al preguntársele si presentaría una demanda, respondió: “Por supuesto. ¿Y creen que voy a llegar a un acuerdo por US$ 1.000.000? No. Quiero que sea tan doloroso que nadie vuelva a hacer esto jamás”.
CNN se comunicó con su oficina el viernes.
CNN también se comunicó con la oficina de la senadora Cynthia Lummis, quien no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Tras la reacción negativa de los republicanos de la Cámara de Representantes por la inclusión en el presupuesto gubernamental de una disposición que permitiría a los senadores demandar al Departamento de Justicia si se obtienen sus registros telefónicos sin su consentimiento, una fuente republicana del Senado, familiarizada con el tema, defendió la legislación como apropiada.
La persona, que solicitó el anonimato para hablar libremente sobre el razonamiento detrás de la disposición, señaló una excepción en caso de que un senador esté bajo investigación penal y otras razones para la medida. La fuente se negó a comentar sobre las repercusiones políticas y qué podría hacer el Senado con la legislación que los republicanos de la Cámara planean impulsar para revocar la política.
Detallaron:
- Existía un fuerte interés entre los republicanos del Senado por responder a la investigación de “Arctic Frost” y a la ofensiva legal del Departamento de Justicia de Biden cuando el equipo de Jack Smith atacó a senadores republicanos sin notificación previa, en violación de la ley vigente.
- El líder de la mayoría del Senado, John Thune, incluyó esta disposición en la legislación. El senador aprobó el proyecto de ley a petición de los miembros de su bancada.
- Solo se aplica a los senadores porque modifica la ley vigente (2 U.S.C. 6628), que solo les aplica a ellos.
- Según esta disposición, los senadores deberán ser notificados cuando el Departamento de Justicia solicite sus datos.
- Existe una excepción si la solicitud se debe a que el senador es objeto de una investigación penal.
- Esto no es un asunto político, sino de separación de poderes.
- Esta disposición es vinculante y permite a los senadores demandar si no reciben la notificación.
- Esto impide que futuras administraciones de cualquier partido utilicen al Departamento de Justicia como arma contra sus adversarios políticos en el Senado.
Todas las miradas están puestas en la Cámara de Representantes, que se espera que presente un proyecto de ley para anular la disposición.
Si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara, queda por ver si el líder republicano del Senado, John Thune, lo someterá a votación y cuándo.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.