Hace más de dos décadas, el 24 de enero de 2004, aterricé en Bagdad como asesor legal, con una oficina asignada en lo que entonces se conocía como la Zona Verde. Llovía y hacía frío, y mi bolsa de lona cayó en un charco desde un avión C-130 que acababa de realizar un picado en espiral para alcanzar la pista sin riesgo de fuego antiaéreo. Jóvenes soldados estadounidenses me recibieron mientras nos apiñábamos en un vehículo, salíamos a toda velocidad del complejo aeroportuario y luego recorríamos una carretera conocida como la “Autopista de la Muerte” debido a los coches bomba y los francotiradores.
¿En qué se ha metido nuestro país?
Ese fue mi primer pensamiento durante aquella angustiosa travesía, y a lo largo de un año, y posteriormente durante los sucesivos Gobiernos, a menudo aconsejé prudencia y cautela al establecer los objetivos de la política exterior estadounidense. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al uso del poder militar, cuya aplicación debe estar ligada a objetivos claros, definidos y alcanzables.
Podría pensarse que la situación actual en Venezuela, donde Estados Unidos ha desplegado el 15 % de su poderío naval y está realizando ejercicios terrestres en las cercanías, constituye una advertencia para detenernos antes de que nuestro país se encuentre nuevamente en una situación que no llega a comprender del todo, con consecuencias inciertas.
No tan rápido.
La situación actual en Venezuela se asemeja un poco a la de Iraq y mucho más a la de Panamá de hace 35 años, antes de la operación militar estadounidense para derrocar a un dictador e instaurar un Gobierno electo que gozaba de un amplio apoyo popular. Aquella misión fue un éxito, y Panamá hoy es una democracia funcional, con una relación amistosa con Estados Unidos, si bien no exenta de problemas como la delincuencia y la corrupción.
¿Es posible que estemos tan paralizados por la experiencia de Iraq (y Afganistán) que perdamos la oportunidad de mejorar la vida de los venezolanos y la estabilidad en nuestro propio hemisferio siguiendo el modelo de Panamá?
El 20 de diciembre de 1989, el presidente George H. W. Bush se dirigió a la nación para explicar la razón de la misión que acababa de ordenar en Panamá. Explicó que Panamá estaba gobernada por Manuel Noriega, un narcotraficante acusado, quien pronto sería llevado ante la justicia en Estados Unidos. Bush añadió que Noriega había anulado las elecciones democráticas y que los ganadores de dichas elecciones pronto tomarían el poder en la Ciudad de Panamá, probablemente con un amplio respaldo. El régimen de Noriega también había amenazado y perjudicado a ciudadanos estadounidenses, entre ellos un soldado estadounidense que había sido recientemente abatido por los servicios de seguridad de Noriega.
Finalmente, Bush habló de la importancia estratégica del Canal de Panamá y del compromiso de Washington con los tratados existentes que era improbable que Noriega respetara.
En ese contexto, Bush explicó los objetivos de la misión: “Salvaguardar la vida de los estadounidenses, defender la democracia en Panamá, combatir el narcotráfico y proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá”.
Dos semanas después, Noriega estaba bajo custodia estadounidense, el gobierno de oposición electo tomó el poder y las fuerzas estadounidenses comenzaron a abandonar el país.
Hace poco hablé con un antiguo homólogo militar estadounidense que participó en esta operación, lanzándose en paracaídas sobre Panamá antes del discurso de Bush. “De entre nuestras numerosas intervenciones militares desde Corea”, me dijo, “Panamá debe considerarse una de las más exitosas. Ir allí ahora es ver un país democrático muy próspero”.
Ahora, veamos qué sucede en Venezuela.
El país está gobernado por Nicolás Maduro, quien, al igual que Noriega, enfrenta cargos penales en tribunales estadounidenses. Los cargos contra Maduro son más extensos. Su acusación formal de 2020 en Nueva York incluye cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción. También se le acusa de dirigir la organización de narcotráfico “Cártel de los Soles”, a la que el Departamento de Estado acaba de catalogar como Organización Terrorista Extranjera. Washington ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones a quien proporcione información que ayude a capturar a Maduro en Estados Unidos.
Al igual que Noriega, Maduro también ha invalidado sucesivas elecciones y reprimido violentamente los movimientos democráticos dentro de su país. Estados Unidos y la mayoría de sus aliados occidentales reconocen a la oposición liderada por María Corina Machado como el Gobierno legítimo de Venezuela. Según observadores independientes, los partidos de oposición obtuvieron el 70 % del voto nacional en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, que Maduro afirma haber ganado.
Finalmente, Maduro, al igual que Noriega, ha amenazado y perjudicado a ciudadanos estadounidenses, así como a la paz y a la seguridad regionales. En los últimos años, al igual que sus aliados en Irán, Maduro ha mantenido a estadounidenses como rehenes para maniobrar diplomáticamente con Estados Unidos. Entre estos rehenes se encuentran un marinero estadounidense que vacacionaba en Venezuela, residentes estadounidenses de larga data en el país y ejecutivos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana, con sede en Estados Unidos.
En 2023, Maduro amenazó con invadir la vecina Guyana, aliada de Estados Unidos, y hoy reclama la soberanía sobre dos tercios de Guyana, justificando su reclamo —de forma muy similar a como Putin lo hizo con el este de Ucrania— con una historia falsa y un referéndum manipulado.
Si Maduro es reemplazado en Caracas, no hay garantía de que las autoridades locales de todo el país colaboren con el nuevo Gobierno, lo que abre la posibilidad de una guerra civil y una violenta lucha por el poder y los recursos. Maduro afirma haber reclutado una milicia de millones de personas para resistir cualquier operación respaldada por Estados Unidos, y si bien esta afirmación puede ser exagerada, debemos presumir que los cárteles de la droga podrían tomar el control de las zonas rurales en lugar de las fuerzas democráticas que esperamos o deseamos que prevalezcan.
Venezuela es más de 10 veces más grande que Panamá, algo para lo que los militares detrás de la planificación probablemente recomienden una fuerza mucho mayor que los casi 26.000 efectivos desplegados en la operación de 1989.
El contexto geoestratégico también es radicalmente distinto. En 1989, la Unión Soviética se había derrumbado con la caída del Muro de Berlín seis semanas antes de la invasión estadounidense de Panamá. Estados Unidos era la gran potencia mundial indiscutible, y no había razón para esperar o anticipar que otras grandes potencias se resistieran a la operación militar o tomaran medidas similares en otros hemisferios.
Hoy, Rusia y China están alineadas con Maduro, y es probable que sus líderes citen cualquier operación estadounidense en Venezuela como una justificación más para perseguir sus propias ambiciones hemisféricas, contra Ucrania y Taiwán, respectivamente.
La semana pasada, el presidente Donald Trump declaró crípticamente que ya había tomado una decisión sobre el curso de acción en Venezuela. Esto ocurrió después de que CNN informara sobre varias reuniones de alto nivel en la Casa Blanca con comandantes militares para analizar las opciones tras el despliegue naval frente a la costa del Caribe y los ejercicios realizados por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en zonas rurales y urbanas de Trinidad y Tobago.
Maduro parece interpretar estas acciones como una posible intervención estadounidense, por lo que movilizó a sus milicias al tiempo que apeló al diálogo, e incluso cantó el himno de paz de John Lennon “Imagine” en un mitín reciente.
Para colmo de males, el Gobierno no ha aclarado los objetivos de la ahora llamada Operación Lanza del Sur. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la misión era para “defender nuestra patria, erradicar el narcoterrorismo de nuestro hemisferio y proteger a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”. Si bien en las declaraciones oficiales no se ha mencionado la restauración de la democracia en Venezuela ni el objetivo de derrocar a Maduro, Trump ha dicho que los días de Maduro están “contados”, y los despliegues militares, incluido el grupo de ataque del portaaviones más avanzado del arsenal estadounidense, sugieren objetivos que van más allá de las metas declaradas públicamente para la Operación Lanza del Sur.
Sin duda, la destitución de Maduro beneficia tanto a Estados Unidos como al pueblo venezolano. Antes del Gobierno de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, el país era uno de los más prósperos de Sudamérica; hoy, en cambio, se encuentra sumido en el caos, con una caída del ingreso per cápita del 72 %, una de las mayores crisis económicas de la historia. Según encuestas confiables, más de tres cuartas partes de la población se oponen a su Gobierno, y existe una oposición dispuesta a asumir el poder si se le presenta la oportunidad.
A pesar de su retórica belicista, parece improbable que la administración Trump busque un cambio de régimen por la vía militar, una medida que iría en contra de su declarada aversión a los enfrentamientos militares prolongados. Tampoco les aconsejaría lo contrario. En este momento, las diferencias con Panamá superan las similitudes o la esperanza de que una operación contra Maduro tenga el mismo éxito que la de Panamá hace más de tres décadas.
Pero la administración no debería descartar la influencia que ha acumulado contra Maduro y debería utilizarla eficazmente.
A falta de una operación militar para derrocar a Maduro, el Gobierno puede exigirle que entregue a figuras clave de las redes de narcotráfico en Venezuela, que retire sus reclamos sobre Guyana y que se comprometa a celebrar nuevas elecciones con observadores internacionales, las cuales seguramente perdería. Incluso podría exigir su exilio, tal vez a Rusia, donde se uniría a Bashar al-Asad, el expresidente de Siria, otro dictador que destruyó su propio país en busca del poder. Para que cualquiera de estas medidas funcione, el Gobierno necesitaría el apoyo de sus aliados, incluso en Sudamérica, algo que hasta la fecha no ha podido o no ha querido hacer en lo que respecta a sus objetivos en Venezuela.
En cualquier caso, antes de que Estados Unidos se embarque en una política para reemplazar a Maduro, ya sea por medios militares o de otro tipo, debería haber un debate en el Congreso para sopesar los pros y los contras, algo que hoy tampoco está ocurriendo debido a la disfunción en Washington.
Tras dos décadas de prolongadas intervenciones militares en el extranjero, Estados Unidos, con razón, desconfía de cualquier nuevo movimiento que contemple un cambio de régimen. Aunque esta cautela está justificada, en Venezuela los argumentos para la destitución de Maduro son contundentes y guardan más paralelismos con Panamá que con Iraq. Sin embargo, el despliegue de poder militar frente a sus costas puede utilizarse mejor para alcanzar objetivos que, en última instancia, no requieren su intervención en el país.
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