El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil refrendó por unanimidad este lunes la orden de detención preventiva dictada el sábado contra el expresidente Jair Bolsonaro, por la cual está detenido en la sede de la Policía Federal en Brasilia, en una jornada en la que también venció el plazo para que su defensa presente un recurso, lo que deja al mandatario a una firma del inicio del cumplimiento efectivo de la condena por golpismo.
Los cuatro miembros de la Sala Primera de la máxima corte respaldaron la decisión del juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el que el líder de la ultraderecha fue sentenciado en septiembre a 27 años, tras el asalto de sus seguidores a los edificios gubernamentales en Brasilia luego de perder las elecciones de 2022.
El exmandatario todavía no comenzó a cumplir efectivamente esa condena (aunque el tiempo de detención será descontado), sino que está en prisión preventiva mientras no se agoten los recursos que pueda presentar su defensa. Durante todo el proceso, Bolsonaro consideró que se trató de una “cacería de brujas” y se declaró inocente.
“Es una decisión que ya era esperada, pero no inició el cumplimiento de su condena. Es preventiva en razón de lo que ocurrió el fin de semana, con la violación de la tobillera electrónica”, dijo a CNN el abogado constitucionalista Fernando Tiburcio, quien explicó que el comienzo formal de la pena efectiva sería en los próximos días.
El lunes a la medianoche venció el plazo para que sus abogados presenten un nuevo “recurso de aclaración”, con el objetivo de especificar algunas cuestiones del texto final de la sentencia y que podría derivar en una modificación de la condena. La única vía disponible (y que la defensa confirmó que seguirá) es la de presentar un recurso de infracción antes del viernes, pero el juez De Moraes ya está habilitado desde este martes a firmar el inicio del cumplimiento efectivo.
Para Tiburcio, las opciones judiciales de Bolsonaro son mínimas. “El camino es prácticamente inexistente. En los próximos días, a más tardar una semana, debe comenzar el cumplimiento de la pena”, afirmó.
Mientras tanto, la prisión preventiva no tiene un plazo definido mientras la Justicia considere que hay un riesgo de fuga o que pueda interferir con el proceso judicial. Una vez que el STF deje firme la condena, se pronunciará sobre las condiciones de la misma.
Tiburcio consideró que la orden de prisión preventiva es una señal de que no le volverá a conceder, por ahora, la prisión domiciliaria que tenía desde agosto. Según explicó, además de los sucesos de los últimos días, la Justicia también toma en cuenta los intentos de Bolsonaro para obtener asilo diplomático en otros países.
Fernando Capano, profesor de derecho penal, coincidió en que el intento de manipular la tobillera podría dificultar futuros pedidos de la defensa para volver a un régimen domiciliario. “Termina siendo una cuestión que va a influenciar incluso el propio régimen de cumplimiento de la pena”, comentó en entrevista con CNN Brasil.
Así lo expresó el juez De Moraes en la audiencia del lunes: “El incumplimiento de las medidas cautelares no ha cesado. Al contrario, se amplió el pasado viernes 21 de noviembre, cuando Jair Messias Bolsonaro violó de forma dolosa y consciente el equipo de vigilancia electrónica”. El exmandatario admitió que manipuló la tobillera, pero negó que su intención fuese fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de “paranoia” y “alucinaciones”, supuestamente producido por la mezcla de medicamentos.
De todas formas, un eventual anuncio de la Justicia sobre la condena de Bolsonaro no implicaría un traslado inmediato a una prisión. “Creo que puede quedar por bastante tiempo en cárcel de la Policía Federal”, dijo Tiburcio, y recordó que el presidente Lula da Silva pasó más de un año en una sede policial en Curitiba.
En Brasil, las condenas mayores a ocho años requieren de cumplimiento a régimen cerrado, el más restrictivo en el sistema penitenciario del país. Sin embargo, Bolsonaro podría insistir en pedir cumplir la condena en su domicilio por sus problemas de salud (varios de ellos derivados del apuñalamiento que sufrió en 2018) y su edad avanzada (70).
Además, como excapitán del Ejército, Bolsonaro tiene derecho a un régimen de encarcelamiento especial, tal como establece el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal para militares retirados y figuras públicas con prerrogativas de seguridad.
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