La Casa Blanca redobló sus agresivas políticas migratorias que contribuyeron a un segundo mandato del presidente Donald Trump, abriendo una investigación federal interinstitucional sobre el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, mientras también ordena al Gobierno a tomar medidas para frenar la migración hacia Estados Unidos.
El sospechoso del tiroteo del miércoles, Rahmanullah Lakanwal, es un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 bajo la “Operación Bienvenidos Aliados”, el programa de la era Biden para reasentar afganos tras la retirada estadounidense de Afganistán. Solicitó asilo en 2024, que el Gobierno de Trump concedió en abril de 2025.
A partir de 2011, Lakanwal trabajó con fuerzas estadounidenses, incluida la CIA. Un alto funcionario estadounidense dijo a CNN que el hombre había sido investigado por agencias de inteligencia y que “no tenía antecedentes” antes de trabajar con las fuerzas estadounidenses y ser admitido en el país.
Lakanwal enfrentará un cargo de homicidio en relación con el tiroteo.
A las pocas horas del tiroteo del miércoles, Trump comenzó a sentar las bases para reforzar significativamente su ofensiva contra la inmigración, algo que ha sido una prioridad clave en su regreso a la Oficina Oval.
“Esta atroz atrocidad nos recuerda que no tenemos mayor prioridad de seguridad nacional que asegurar que tenemos control total sobre las personas que entran y permanecen en nuestro país. En su mayoría, no los queremos”, dijo Trump mientras se dirigía a las tropas el Día de Acción de Gracias desde Mar-a-Lago.
Trump y su equipo creen que tienen el mandato de endurecer la aplicación de las leyes migratorias, con promesas de deportar a decenas de millones de personas como parte central de su plataforma al regresar a la Casa Blanca. Eso ha incluido vuelos de deportación, redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en ciudades estadounidenses como Chicago y Los Ángeles y un decreto que suspende el programa de refugiados, aunque ha habido frustración por el retraso en las detenciones migratorias.
El miércoles por la noche, Trump culpó rápidamente a su predecesor por permitir la entrada del sospechoso al país, al tiempo que exigió que se reexaminara a todas las personas que entraron a Estados Unidos desde Afganistán durante el Gobierno de Biden. Trump también ha expresado su disposición a deportar a la esposa y los hijos del sospechoso y dijo a la prensa: “Estamos analizando eso ahora mismo; estamos analizando toda la situación con la familia”.
La promesa del presidente solo refuerza los esfuerzos en marcha por parte de su Gobierno. A inicios de esta semana, CNN informó antes del tiroteo que su administración se estaba moviendo para volver a entrevistar a ciertos refugiados admitidos en Estados Unidos durante el Gobierno de Biden como parte de una revisión integral de sus casos.
Para el jueves, el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, anunció que, bajo la dirección de Trump, había ordenado “un reevaluación completa y rigurosa de cada green card para cada extranjero de cada país de interés”. Al ser consultados por detalles adicionales, incluidos los países considerados “de interés”, USCIS remitió a CNN a 19 países listados en una proclamación presidencial de junio, incluidos Afganistán, Irán, Haití, Cuba y Venezuela.
Edlow también anunció una guía actualizada que autoriza a funcionarios de USCIS “a considerar factores específicos de cada país como factores negativos significativos al revisar solicitudes de inmigración”. Esa política, dijo USCIS en un comunicado, permitirá a los oficiales “evaluar de manera más significativa si un extranjero representa una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional”.
Horas después, el presidente intensificó su retórica, pidiendo lo que describió como “migración inversa”.
“Pausaré permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”, dijo Trump en una extensa publicación en redes sociales el jueves por la noche, agregando que “removería a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”.
El Departamento de Estado remitió a CNN a la Casa Blanca sobre qué países serían específicamente afectados. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
El anuncio pareció marcar un cambio importante en la política del país, aunque en línea con las promesas de campaña del presidente de remodelar fundamentalmente el sistema de inmigración de Estados Unidos. Aliados y asesores de Trump elogiaron la medida.
“Esta será la medida políticamente más popular del presidente, de todas,” dijo Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, el grupo fundado por el asesinado activista conservador Charlie Kirk que atiende a jóvenes en campus estadounidenses.
Mientras tanto, defensores han advertido que la retórica y las acciones de Trump podrían dañar a la comunidad afgana en Estados Unidos.
Shawn VanDiver, director ejecutivo de AfghanEvac, dijo que el “acto aislado y violento del sospechoso no debe ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad”.
Más de 190.000 afganos se han reasentado en Estados Unidos desde agosto de 2021, según el Departamento de Estado.
Las críticas a los esfuerzos del Gobierno tras el tiroteo que cobró la vida de al menos una persona y provocaron una fuerte respuesta del influyente subjefe de gabinete de Trump, y principal arquitecto de su política migratoria.
En respuesta a un artículo de opinión publicado por la junta editorial del Wall Street Journal argumentando que los refugiados afganos “no deberían ser culpados por el acto violento de un hombre,” Stephen Miller calificó la afirmación como “la gran mentira de la migración masiva”, mientras daba una idea de cómo ve la inmigración en general.
“No solo estás importando individuos. Estás importando sociedades. No ocurre ninguna transformación mágica cuando los Estados fallidos cruzan fronteras. A gran escala, los migrantes y sus descendientes recrean las condiciones y terrores de sus patrias rotas”, argumentó.
El viernes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el departamento está tomando medidas para impedir que los inmigrantes indocumentados reciban beneficios fiscales federales, siguiendo las órdenes del presidente de reservar los programas solo para ciudadanos estadounidenses.
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