Indultado por Donald Trump, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, abandonó este lunes la prisión en Estados Unidos. Al hacerlo, dejó atrás no solo la condena de 45 años que cumplía en Nueva York por narcotráfico sino también un listado de cargos presentados por el Departamento de Justicia, que van desde la conspiración para importar cocaína hasta la posesión de armas de fuego y que describen varios años de vida criminal..
El presidente Trump otorgó a Hernández un indulto total e incondicional pese a que el expresidente hondureño, que gobernó su país entre 2014 y 2022, había sido considerado por los fiscales estadounidenses como el eje de una conspiración que movió 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Trump había anunciado el viernes, días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, que concedería este indulto y dijo que Honduras se lo había pedido y que la condena de Hernández “fue un montaje del Gobierno de Biden”. La promesa de indulto generó polémica en Estados Unidos y Honduras. Más de 50 organizaciones latinoamericanas criticaron que se perdone a un condenado por narcotráfico mientras Washington intensifica sus operativos letales en el Caribe contra el tráfico de drogas.
En Honduras, el anuncio sacudió la recta final de las elecciones presidenciales, en plena disputa entre Salvador Nasralla y Nasry “Tito” Asfura, respaldado abiertamente por Trump, mientras la Casa Blanca defendió el indulto y sostuvo que Hernández fue víctima de un exceso de procesamientos durante el Gobierno de Biden.
Hernández fue declarado culpable en marzo de 2024 de todos los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico.
Los fiscales lo acusaron de conspirar con cárteles que movieron más de 400 toneladas de cocaína. “Esto equivale a mucho más de aproximadamente 4.5 mil millones de dosis individuales de cocaína”. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en ingles) de EE.UU. también dijo que, durante sus años en el cargo, “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo íntimo”.
“Como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández abusó de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, y los pueblos de Honduras y Estados Unidos sufrieron las consecuencias”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland, según un comunicado del DOJ del día de la sentencia
Garland sostuvo que Hernández “financió su carrera política con ganancias del narcotráfico y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”
Según documentos judiciales citados en el comunicado, desde al menos aproximadamente 2004, hasta aproximadamente 2022, Hernández, “estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.
La acusación sostuvo que Hernández “abusó de sus poderosos cargos y de su autoridad en Honduras para facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína” a Estados Unidos.
“Los co-conspiradores de Hernández estaban armados con ametralladoras y artefactos destructivos, incluyendo fusiles AK-47, AR-15 y lanzagranadas, los cuales utilizaban para proteger sus enormes cargamentos de cocaína mientras transitaban por Honduras rumbo a Estados Unidos, proteger el dinero obtenido por la eventual venta de esta cocaína y resguardar su territorio de narcotráfico contra rivales”, dice el comunicado.
Además, detalla que “Hernández recibió millones de dólares en dinero del narcotráfico de algunas de las organizaciones más grandes y violentas de Honduras, México y otros lugares, y usó esos sobornos para impulsar su ascenso en la política hondureña”.
Esto le había permitido, siempre según la acusación, ascender al poder y proporcionar “mayor apoyo y protección a sus co-conspiradores, permitiéndoles mover montañas de cocaína, cometer actos de violencia y asesinato, y ayudar a convertir a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo”.
Los investigadores consideraron que el expresidente “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo íntimo y a aquellos que le proporcionaban sobornos alimentados por cocaína que le permitieron obtener y mantenerse en el poder en Honduras” y que “apoyó selectivamente las extradiciones respaldando y atribuyéndose el mérito de las extradiciones a Estados Unidos de ciertos narcotraficantes que amenazaban su control del poder, mientras que al mismo tiempo prometía a los narcotraficantes que le sobornaban y seguían sus instrucciones que estarían a salvo en Honduras”.
También le adjudicaron abusar de las instituciones hondureñas, incluida la Policía Nacional de Honduras y el ejército hondureño, “para proteger y expandir su conspiración”, enfatizaron en que se usó la violencia y el asesinato para emprender con el narcotráfico y detallaron que varios de sus “co-conspiradores” ya habían sido condenados.
En junio de 2024, Hernández fue sentenciado en EE.UU. a 540 meses de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas.
Hernández ha negado anteriormente los cargos en su contra y, durante su sentencia, insistió en que es inocente y que fue “acusado incorrecta e injustamente”.
Su esposa, Ana García de Hernández, dijo a CNN tras el veredicto que acudirían a una Corte de Apelaciones y sostuvo que el sistema judicial estadounidense “se dejó utilizar por los narcotraficantes”.
Al ser sentenciado por narcotráfico, Hernández no solo perdió su libertad, sino que en Honduras le fueron confiscados sus bienes inmuebles y activos financieros. El Ministerio Público de Honduras informó que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado solicitó el 1 de abril de 2022 al Juzgado de Letras de Privación de Dominio el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros del exmandatario.
La Biblioteca del Congreso de EE.UU., en su análisis sobre el poder de indulto presidencial, explica que la Constitución permite al presidente perdonar delitos federales y modificar penas de manera amplia. La Corte Suprema, desde el caso Ex parte Garland de 1866, confirmó que el presidente puede perdonar total o parcialmente, reducir penas o imponer condiciones, siempre que no violen la Constitución.
Un indulto total deja sin efecto la condena de 45 años de Juan Orlando Hernández por narcotráfico, le devuelve sus derechos federales y cierra la puerta a futuros juicios por los mismos hechos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de EE.UU. y los precedentes históricos de la Corte Suprema.
Esto significa que Hernández, ya fuera de prisión, recupera los derechos civiles que perdió tras su condena, aunque los procesos y confiscaciones en Honduras permanecerían intactos, ya que la Constitución estadounidense establece que el indulto solo se otorga por delitos federales, es decir, aquellos que constituyen “delitos contra los Estados Unidos”.
Ana García de Hernández, esposa del expresidente, reaccionó a su liberación desde su cuenta de X. “¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, publicó.
Sobre si el expresidente tendría que regresar a Honduras o si podría permanecer en Estados Unidos tras el indulto, su abogado, Renato Stabile, dijo a CNN: “No sé la respuesta”.
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