La Misión de determinación de hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló este jueves a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como presunta responsable de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco de protestas sociales registradas en el país sudamericano desde 2014.
En su más reciente informe, publicado este día, la Misión presenta los resultados de sus investigaciones sobre las manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 y, en particular, sobre el desempeño que en ellas tuvo la GNB, una institución militar que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La Misión concluye que en las protestas opositoras de esos años integrantes de la Guardia cometieron actos de represión y uso excesivo de la fuerza que derivaron en violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. En esos hechos, se contabilizaron decenas de personas fallecidas.
Algunas acciones que la Misión atribuye a elementos de la GNB son detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, tortura, tratos crueles e inhumanos y violencia sexual y basada en género.
De las protestas de 2019, cuando partidarios del exdiputado opositor Juan Guaidó salieron a las calles para respaldar que fuera nombrado presidente interino, el documento dice que la Guardia realizó operativos con otras instituciones y comandos.
“Las prácticas incluyeron allanamientos sin orden judicial, siembra de pruebas, incomunicación prolongada, condiciones de detención inhumanas y represión selectiva de líderes opositores”, menciona el informe.
Acerca de lo ocurrido en las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador y en las que la oposición desconoció los resultados, el texto dice: “Las graves violaciones de derechos humanos y delitos cometidos en el período posterior a las elecciones reflejan la continuidad del patrón de persecución que la Misión ha identificado en informes anteriores como constitutivo de crímenes de lesa humanidad, en particular el de persecución por motivos políticos”.
“Estas conductas no fueron hechos aislados, sino acciones insertas en un plan coordinado para silenciar, intimidar y reprimir a personas opositoras o percibidas como tales según el Gobierno de Nicolás Maduro”, agrega.
CNN contactó a la Cancillería de Venezuela, al Ministerio para la Comunicación y la Información y a la Guardia para pedir comentarios sobre el informe de la Misión de la ONU, y está en espera de una respuesta.
Previamente, el Gobierno de Venezuela ha rechazado los señalamientos de que fuerzas de seguridad hayan cometido abusos en el marco de protestas sociales. En el período posterior a las elecciones del año pasado, dijo que las más de 2.000 personas detenidas realizaron actos de desestabilización. Después, Maduro pidió revisar algunos casos con el argumento de que en ellos pudo haber fallas de procedimiento, lo que derivó en que cientos de los arrestados fueron liberados.
El informe también insta a que los responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justica. Sin embargo, del mismo modo asegura que en Venezuela no hay condiciones para ello, pues ni siquiera existe información pública clara y completa sobre estos casos.
“La información comunicada por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se presentan de forma aislada y parcial, incluso contradictoria, bajo categorías heterogéneas y sin parámetros uniformes, lo que impide evaluar con precisión la evolución de los resultados en materia de rendición de cuentas”, dice.
La Misión fue creada en septiembre de 2019 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar posibles abusos cometidos desde 2014. El actual mandato de esta instancia fue extendido hasta octubre de 2026.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.