Mineros, productores agrícolas de hoja de coca y organizaciones sindicales marcharon este lunes en varias ciudades de Bolivia para rechazar la eliminación de la subvención estatal a los combustibles, una medida que disparó los precios de la gasolina y el diésel tras más de 20 años de control estatal.
Las protestas, encabezadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), apuntan directamente al decreto 5503 del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta así su primer conflicto social desde que asumió el poder en noviembre.
Los manifestantes sostienen que el alza encarecerá el transporte, los alimentos y el costo de vida, especialmente para los sectores de menores ingresos.
El decreto 5503 elevó los precios de los combustibles hasta en un 86 % para la gasolina y un 162 % para el diésel. El Gobierno justificó la medida por el alto costo fiscal del subsidio y la acompañó con un aumento del salario mínimo.
La movilización más numerosa se registró en La Paz, donde mineros cooperativistas llegaron desde distintas regiones y caminaron desde la ciudad de El Alto hasta el centro político del país.
“Esta marcha se ha convocado para derogar este decreto que atenta contra los derechos de todos los bolivianos”, dijo a EFE el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Josué Richard Kari Kari.
Además, advirtió que, si el Gobierno no retrocede, “vamos a continuar con medidas”. Otro líder sindical, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, Alfredo Yanarico, dijo que la eliminación del subsidio “afecta a toda la población” boliviana, en particular a quienes viven del ingreso diario.
“Espero que el compañero presidente pueda entrar en reflexión y conocer cuál es el sector verdaderamente cooperativista en este país”, expresó.
El paso de los mineros generó tensión con algunos ciudadanos, que los increparon con gritos como “¡paguen sus impuestos!” y “¡ladrones!”, y otros los vincularon con el anterior partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Los sectores afiliados a la COB insistieron en que la protesta no tiene un trasfondo político. “No es política”, dijo su secretario ejecutivo, Mario Argollo, en declaraciones a la agencia EFE. “Es un movimiento reivindicativo”, añadió.
“Los bolivianos a futuro vamos a pagar la factura, porque no solamente es el tema de la subvención, hay muchos temas que tenemos que tocar y seguro en el escenario pertinente lo vamos a hacer notar”, dijo Argollo.
En Cochabamba, juntas vecinales, campesinos y cocaleros también salieron a marchar y bloquearon calles durante varias horas con carteles que decían “No al gasolinazo”.
Resolver la escasez de combustibles fue una de las principales promesas de campaña de Paz, pero analistas advierten que una solución inmediata es poco probable.
El economista Enrique Ayo dijo previamente a CNN que el desabastecimiento difícilmente se resolverá en los primeros días de gobierno, salvo que ya existan acuerdos previos con proveedores internacionales. “Prometieron muchas cosas, pusieron la vara muy alta para captar votos”, afirmó.
Cuando anunció el decreto la semana pasada, Paz defendió la medida al asegurar que recibió un país en una crisis profunda, con reservas internacionales agotadas, escasez de dólares y combustibles, y un Estado “vaciado desde adentro” tras dos décadas de gestión del MAS.
“Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado”, dijo entonces Paz.
En Bolivia, el precio del litro de diésel y gasolina se había mantenido estable en US$ 0,53 durante 20 años. Esto le reporta al Estado un costo de más de US$ 2.000 millones, según detalló la agencia EFE.
Con el decreto anunciado por Paz, la gasolina especial se estableció en 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar. En tanto, la gasolina premium está a 11 bolivianos (US$ 1,58); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (US$ 1,40); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (US$ 1,51) y el jet fuel a 10,74 bolivianos (US$ 1,54 ). Estos precios regirán por seis meses.
El paquete económico fue respaldado por Estados Unidos, que calificó las reformas como un giro necesario para atraer inversión y estabilizar la economía boliviana.
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