Guatemala vive el segundo de los 30 días de estado de sitio declarados por el presidente Bernardo Arévalo tras el asesinato de nueve policías. Desde hace varios años, el país centroamericano es escenario de las operaciones criminales de dos principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que a su vez son enemigas y se disputan el control territorial.
Estos grupos criminales operan desde hace décadas en Guatemala, pero la crisis se recrudeció en julio, con el asesinato de siete personas en el velorio de un presunto miembro de la MS-13, que habría sido llevado a cabo por sicarios de la pandilla enemiga. Como se cree que la matanza fue ordenada desde la prisión, varios líderes fueron trasladados a una cárcel de alta seguridad, llamada “Renovación 1”.
Allí fue organizado uno de los tres grandes motines del último fin de semana, en reclamo de mejores condiciones, incluso con pedidos de privilegios como camas más grandes, acceso al aire acondicionado y a comida “a domicilio”. Según el Ministerio de Gobernación, las revueltas fueron orquestadas por miembros de Barrio 18.
“Guatemala se ha llenado por bastante tiempo de mareros que no han sido controlados y que están trabajando para el crimen organizado en general”, dijo a CNN Misael Rivas Soriano, abogado y experto en criminología, quien agregó que las pandillas trabajan en el tráfico de personas, trata de mujeres y contrabando de sustancias ilícitas, además de buscar un corredor seguro en sus rutas.
Rivas Soriano considera que las pandillas copiaron varios aspectos de lo realizado en El Salvador para demostrar su fuerza. El asesinato de los policías “es para desmoralizar las fuerzas públicas”, aseguró el experto.
¿Cómo surgen y cuál es el perfil criminal de las principales pandillas en Guatemala?
Menos conocida que la Mara Salvatrucha, no por ello es menos violenta y tiene un origen similar, incluso más antiguo. Pasó desde las calles de Los Ángeles a sembrar el terror principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), y fue protagonista de la violencia del último fin de semana.
Su líder, Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como “Lobo”, cumple desde hace más de dos décadas una condena de 80 años por varios asesinatos y fue uno de los que exigió mejores condiciones carcelarias para él y sus lugartenientes este fin de semana, exigencias que fueron rechazadas por el Ministerio de Gobernación.
La pandilla, que tiene integrantes dispersos por la región y en Centroamérica, se dedica a “extorsionar de manera sistemática los sistemas de transporte público, a desplazar comunidades enteras y a abrirse camino a la política”, según InSight Crime, un grupo que estudia el crimen organizado en el continente. Los investigadores afirmaron que Barrio 18 “pudo aprovechar la debilidad de los gobiernos y la gran exclusión social para expandirse en sectores urbanos pobres” y es actualmente “el grupo criminal más fuerte” de Guatemala.
Las actividades de la pandilla en Guatemala son manejadas por un grupo conocido como “la Rueda”, aunque varios de sus cabecillas lo hacen tras las rejas.
En octubre, las autoridades guatemaltecas informaron que unos 20 líderes de Barrio 18 escaparon de la prisión Fraijanes II, lo que generó cambios en la cúpula de seguridad. Menos de la mitad fueron recapturados.
“Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en septiembre, cuando designó a la pandilla como organización terrorista extranjera.
Muchos integrantes de Barrio 18 fueron detenidos en El Salvador y otros huyeron del país desde que el Gobierno del presidente Nayib Bukele desplegó una agresiva campaña contra el crimen organizado en 2022. Pero su amenaza sigue latente en Guatemala y Honduras.
La campaña en El Salvador también diezmó las filas de la MS-13, pero fuera del país, “las filas permanecen intactas”, según InSight Crime. “La pandilla sigue siendo una importante amenaza para la seguridad ciudadana en los centros urbanos de Honduras y Guatemala, y también está presente en varias ciudades de Estados Unidos”, explica el sitio especializado.
Formada en los años ochenta por inmigrantes salvadoreños que huyeron de la guerra civil de su país, ha sido considerada una de las organizaciones criminales más grandes de Estados Unidos, según la Fiscalía de Massachusetts. Se trasladó a Centroamérica con la deportación de varios de sus miembros.
“En los años noventa ambas maras (Barrio 18 y MS-13) se van consolidando y empiezan a utilizar una serie de tácticas para unificar territorialidad. Aquí es precisamente donde se unifican en diferentes áreas”, explicó a CNN el sociólogo y criminólogo Eddy Morales, profesor de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tras años de delitos y capturas, “en las prisiones inician a ‘convivir’ las dos maras. Y llega el año 2005 donde existe un conflicto entre ambos y posteriormente se le denomina la separación, lo que le llaman ellos en su calor terminal, el rompimiento del sur”, repasó Morales, quien también fue director del Servicio Penitenciario de Guatemala.
Actualmente en Guatemala, “la MS-13 continúa transformándose y mantiene una presencia significativa, dominando rutas y redes de transporte público mediante esquemas de extorsión”, según el informe anual de InSightCrime, que reportó un resurgimiento de la violencia relacionada a la rivalidad entre esta pandilla y Barrio 18.
El grupo “utiliza demostraciones públicas de violencia para intimidar a la población civil con el fin de obtener y controlar territorio”, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en febrero de 2025, cuando lo designó como organización terrorista extranjera.
Guatemala no es la excepción regional con la crisis de motines y enfrentamientos en las prisiones del país, un escenario que se repitió con escenas sangrientas en países como Ecuador y Brasil.
En América Latina y el Caribe la violencia penetrante está vinculada a un empeoramiento de la crisis en las prisiones, “lo que resalta una fragilidad institucional severa”, indicó un estudio realizado por la ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Guatemala tiene una ocupación carcelaria del 367,2 %, solo detrás de Haití a nivel regional, según el estudio, que señala que no se trata solo de una problemática penitenciaria, sino un reflejo de “un sistema judicial criminal fallido”.
Para la ONG, el rápido crecimiento de las tasas de encarcelamiento es “impulsado en gran medida por delitos relacionados con las drogas, con políticas punitivas en materia de drogas que se centran desproporcionadamente en los delincuentes de bajo nivel, en lugar de en las grandes redes de tráfico”.
Sobre los motines del último fin de semana en Guatemala, Rivas Soriano indicó que es importante analizar “cómo se comunicaron” los presos “para que fueran tres importantes centros penitenciarios los que el mismo día, la misma hora” perpetraran un levantamiento.
Por su parte, Morales destacó que nunca en la historia del país había ocurrido una toma simultánea de tres penales, y explicó que la separación de mareros hizo que su red se distribuya en varios centros de reclusión.
“De manera coordinada, a través de llamadas que salen desde prisión o mensajes que traen las mismas visitas de los familiares que llegan a las prisiones, trasladan mensajes entre los tres centros penales”, señaló.
El especialista, sin embargo, no descarta que las escenas del fin de semana puedan repetirse, pese a que las autoridades lograron retomar el control de las prisiones tras el raid violento del pasado fin de semana.
“Las estructuras criminales actuales que están purgando una condena tienen contactos directos con las estructuras que están afuera operando. Eso significa que existe una interrelación e intercomunicación externa e interna y puede suceder nuevamente lo que aconteció el sábado y domingo. No me extrañaría que vuelva a suceder”, consideró. “Y es aquí donde el papel de la inteligencia de Estado va a jugar un papel muy determinante para contrarrestar el efecto que produce estos ataques a toda la población guatemalteca”.
En octubre, tras el escándalo por la fuga en Guatemala, el Congreso declaró terroristas a las pandillas y elevó las penas por extorsión, aunque el presidente Arévalo descartó que esté emulando el modelo Bukele.
El escenario político explica en parte el recrudecimiento de la violencia. En mayo se reemplazará a la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y Arévalo criticó a la Fiscalía por acusar por cargos menores a los sospechosos por el asesinato de policías. El Ministerio Público respondió que hay “información errónea” y que el proceso está en sus primeras fases.
Arévalo, encargado de nombrar al sustituto de Porras, dijo que detrás de los ataques hay “grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras”, que “resisten y buscan infundir terror” debido a que “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”.
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