En México, la desaparición de una persona, cualquiera sea su condición, tiene un pronóstico fatal en la mayoría de las ocasiones. El asunto es que esto sucede cotidianamente. Es lo que ocurrió hace unos días con 10 mineros desaparecidos en la sierra del estado de Sinaloa; su ausencia fue denunciada en la mañana del 23 de enero y sus restos hallados unos 15 días después en una fosa clandestina en el municipio de La Concordia, cerca del lugar en el que habrían sido “levantados” por hombres armados (“levantados” es manera coloquial en la que se denomina en México a la privación ilegal de la libertad).
Según el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, el caso de los mineros tiene que ver con la guerra que mantienen dos facciones del cartel de Sinaloa, la de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán, y la del Ismael “El Mayo” Zambada. Ambos están presos en Estados Unidos, el primero sentenciado a cadena perpetua, el segundo en juicio en Nueva York. La versión oficial es que los trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver fueron confundidos con integrantes de la facción antagónica del cartel y en esa confusión se les fue la vida. Este relato, según García Harfuch, proviene de los testimonios de cuatro detenidos por el Ejército, vinculados a este caso.
Las desapariciones en Sinaloa han ido en aumento desde que se desató la confrontación entre los llamados “chapitos” y los “mayos”, desde que el 25 de julio de 2024 fue detenido “El Mayo” Zambada, último de los grandes jefes del poderoso cartel de Sinaloa. Ahí comenzó así una guerra sin cuartel por venganzas y por el control de una de las organizaciones criminales más grandes y exitosas del mundo.
En las últimas horas, organizaciones de buscadoras en México han encontrado otras 20 fosas en el mismo municipio de Sinaloa, La Concordia. Esto aumenta la angustia de decenas de familias que han denunciado desapariciones recientes de sus seres queridos en esa entidad, contó a CNN María Isabel Cruz Bernal, fundadora de Sabuesos Guerreras, una organización de madres buscadoras.
Desde enero de 2017, María Isabel emprendió la búsqueda de su hijo, Reyes Yosimar, un joven policía municipal que desapareció en Culiacán, la capital de Sinaloa, en el contexto de la lucha territorial del cartel de Sinaloa. Hoy, María Isabel sigue buscando a su hijo después de nueve años. En ese camino al que ha dedicado su vida entera, ha ayudado a cientos de otras madres a encontrar a sus hijos, la mayoría, me dice, en fosas clandestinas. Pocos, muy pocos con vida. También ha encontrado indolencia de autoridades, burocracia y la confrontación abierta del crimen organizado que intenta evitar las búsquedas en los cementerios clandestinos que abre en todo el país con los restos de sus víctimas.
Sí, la búsqueda de personas en México es una labor de tiempo completo y de alto riesgo. Una labor que ha recaído principalmente en las mujeres, en las madres de los desaparecidos. Son las buscadoras.
Brenda Valenzuela emprendió la búsqueda desesperada de su hijo Carlos Emilio Galván el 5 de octubre pasado. Carlos Emilio estaba en un bar muy popular de Mazatlán, el puerto turístico más importante de Sinaloa, celebrando su cumpleaños 21, acompañado de sus primas. En un momento fue al baño y no se volvió a saber más de él. Desde entonces, Brenda se ha enfrentado a las amenazas del crimen organizado y a la inactividad de las autoridades estatales y federales. En poco más de cuatro meses, Brenda ha viajado en innumerables ocasiones de la ciudad de Durango, de donde es originaria, a Culiacán y a Mazatán, donde se registró la desaparición, y a la Ciudad de México, para solicitar la actuación federal. Todo costeado por ella y su familia y, según me ha dicho en varias oportunidades, no se va a detener hasta encontrar a su hijo.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (RNPDNO) hasta este mes de febrero en Sinaloa existen 7.027 personas en esa condición, de un total de 132.000 que hay en todo el país. Sí, 132.000 personas desaparecidas que equivaldrían a los habitantes de todo un poblado de tamaño medio en México. Sinaloa está en el centro de la discusión, pero no es el estado con el mayor número de desapariciones en México. Ese lugar lo ocupa desde hace varios años Tamaulipas con 13.667 casos, seguido por Jalisco con 12.681.
Hay que decir que este registro lleva un conteo desde los años 60, con datos de personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia” en México, que consistió en la represión emprendida contra agrupaciones sociales de izquierda y algunos brotes de guerrilla. Sin embargo, cerca del 70% de los datos del RNPDNO provienen de los últimos ocho años, cuando se exacerbó la lucha entre las organizaciones criminales, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y se detonó el fenómeno de las desapariciones en el país.
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hace unos días que se tiene que actualizar el registro porque hay muchos casos ya resueltos que no se ven reflejados en el mismo. Algo similar realizó su antecesor, López Obrador, pero entonces recibió fuertes críticas de especialistas y organizaciones que denunciaron un intento de maquillar las cifras para minimizar el problema.
La metodología del expresidente López Obrador ni siquiera contó con el consenso de la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, Karla Quintana, quien presentó su renuncia. Quintana gozaba de una gran reputación nacional e internacional en materia de derechos humanos y búsqueda de personas. Tanto es así que tras su renuncia fue nombrada responsable de la institución independiente sobre personas desaparecidas en Siria, por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
La crisis de desapariciones en México se complementa con otro drama: una crisis forense sin precedentes. Hasta finales de 2023, en todo el país existían más de 72.100 cuerpos de hombres y mujeres sin identificar en los servicios forenses de todo el país, según el estudio de la organización Quinto Elemento Lab y la organización A Dónde Van los Desaparecidos. La cifra comenzó a ser relevante desde 2006 con el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien emprendió la estrategia de confrontación contra los carteles del narcotráfico. Pero el problema fue creciendo y, en tan solo en los últimos seis años, se registró el 48 % del total de los cuerpos que hoy están sin identificar.
En medio de esto se han creado instituciones para atender el problema, como fiscalías especializadas en desaparición y la propia Comisión Nacional de Búsqueda con su registro ya mencionado; también se creó un Banco Nacional de Datos Forenses, sin presupuesto y, por lo tanto, sin funcionamiento efectivo. Se han creado muchas cosas y se han prometido muchos resultados. Nada ha sido medianamente suficiente y la crisis sigue creciendo como una inmensa bola de nieve.
Las historias de Brenda Valenzuela y de María Isabel Cruz se entrelazan con las de cientos de familias en México que buscan a un ser querido. Como el caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca, en Veracruz, “levantados” en enero de 2016 por la policía estatal y entregados a un cartel local por otra supuesta confusión. Asesinados cruelmente en un instante, entre ellos, una jovencita de 16 años. Fue el caso que derivó en la primera disculpa pública del Estado mexicano por desaparición forzada, que se hizo efectiva hasta 2019. O el emblemático caso Ayotzinapa, en aquella noche del 26 septiembre de 2014, en la que un grupo de jóvenes estudiantes rurales de docencia fueron secuestrados por comandos armados de policías municipales, estatales y crimen organizado, para luego desaparecerlos sin dejar rastro de 43 de ellos. Once años después, las familias siguen exigiendo justicia y la aparición con vida de “los 43 de Ayotzinapa”.
Son historias que muchas veces llegan a concluir fatalmente, otras que quedan ahí, en el olvido institucional y colectivo. Muy pocas acaban con un hallazgo en vida. Puede sonar terrible, pero a veces para un familiar de una persona desaparecida es un alivio encontrar los restos de un ser querido, porque esto pone fin a una desgastante búsqueda, para dar paso al duelo, a la despedida. Otras familias, la mayoría, ni siquiera tienen ese consuelo.
Como periodista de 35 años de experiencia cubriendo todo tipo de conflictos y desastres en México y algunas partes del mundo, para mí, el tema de los desaparecidos en México es algo con lo que no puedo tener una aproximación distante, de simple observador en búsqueda de objetividad. El tema me llega profundamente, me duele, como quiero pensar que sucede con la mayoría de los mexicanos. A lo largo de los años, conocí a muchos de estos padres y madres buscadores y siempre me ha impresionado su fortaleza y determinación, su sabiduría. Es ahí, en esa gente, donde resurge la esperanza en un país que parece destinado a la tragedia. Al final, todos tenemos o conocemos a alguien que está esperando la llegada de un ser querido.
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