Una jueza federal en Minnesota declaró en desacato civil a un abogado del Gobierno de Trump por “desobediencia flagrante de órdenes judiciales” en el caso de un no ciudadano detenido en el marco de la ofensiva inmigratoria emprendida a principios de este año.
La decisión de la jueza federal de distrito Laura Provinzino, emitida el miércoles, parece marcar la primera vez que un abogado del Gobierno federal enfrenta sanciones impuestas por un tribunal durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
La medida se produce en momentos en que jueces en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul y en otras partes del país han mostrado creciente impaciencia ante reiterados incumplimientos de órdenes judiciales por parte del Gobierno, especialmente en casos inmigratorios que se resuelven con rapidez.
La jueza, designada por el expresidente Joe Biden, determinó que a partir del viernes, el abogado Matthew Isihara deberá pagar US$ 500 por cada día que el inmigrante no reciba sus documentos de identificación, los cuales no le fueron devueltos cuando fue liberado la semana pasada de un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tal como ella había ordenado.
Al imponer la sanción, Provinzino desestimó el intento de Isihara de explicar que la infracción no fue intencional, sino consecuencia de que el caso “quedó rezagado” en medio de un “enorme volumen de casos” derivados de la Operación Metro Surge.
“La falta de personal y la alta carga de trabajo del Gobierno es un problema de su propia creación y en absoluto justifica una desobediencia flagrante de órdenes judiciales”, dijo la jueza durante una audiencia el miércoles, según una transcripción obtenida por CNN.
“No creo que necesite dar más indicaciones detalladas sobre esto. Creo que está claro lo que debe ocurrir”, agregó. “El solicitante debe recibir sus documentos de inmediato, y habrá una sanción de US$ 500 por cada día, más allá de mañana, en que no sean entregados a su abogado”.
CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
Isihara es un abogado militar que se trasladó al área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul para ayudar al Departamento de Justicia a gestionar una avalancha de casos migratorios presentados por no ciudadanos que buscan ser liberados de la custodia de ICE, lo que había desbordado al equipo local y derivado en problemas de incumplimiento en otros casos.
El 9 de febrero, Provinzino ordenó al Gobierno liberar al hombre, un ciudadano mexicano que vivía en Minnesota desde 2018, tras determinar que estaba detenido de manera ilegal. Su orden exigía que fuera liberado en Minnesota a más tardar el 13 de febrero y que se le entregaran todas sus pertenencias. Sin embargo, el Gobierno incumplió esa orden de tres maneras distintas, dijo la jueza, entre ellas al liberarlo en Texas, donde estaba detenido, y no devolverle sus documentos de identidad.
“Es muy preocupante, según la revisión de este espediente por parte del tribunal”, dijo la jueza al enumerar las distintas infracciones. Más adelante señaló que Isihara y sus colegas no habían realizado ninguna gestión en el caso hasta esa misma mañana.
“Es un problema de capacidad, su señoría, y ese es el problema subyacente fundamental”, dijo Isihara a la jueza. “No se trata de ningún intento deliberado de desafiar al tribunal”.
Provinzino y otros jueces federales en Minnesota habían advertido en semanas recientes que podrían declarar en desacato civil a abogados del Departamento de Justicia o a funcionarios de inmigración, mientras continuaban acumulándose problemas de incumplimiento en decenas de casos derivados de la Operación Metro Surge. No obstante, la imposición de sanciones económicas representa un punto de inflexión.
“Hemos visto otros casos en los que jueces de distrito han iniciado procedimientos formales de desacato, pero esta es la primera vez que vemos a un tribunal utilizar directamente su poder coercitivo para intentar obligar al cumplimiento inmediato de una orden judicial”, dijo Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“La idea de que los abogados deban pagar un precio por el incumplimiento de su cliente de órdenes judiciales no es nueva, pero puede que ya fuera necesaria en el contexto de la actual administración”, añadió Vladeck.
Los problemas de cumplimiento en casos migratorios no se limitan a Minnesota.
En Baltimore, el miércoles, una jueza designada por Trump examinó acusaciones de que agencias federales de inmigración violaron un acuerdo conciliatorio de 2024 destinado a proteger a algunos jóvenes migrantes con solicitudes de asilo pendientes de ser deportados.
Al menos un pequeño grupo de jóvenes migrantes amparados por ese acuerdo fue deportado el año pasado antes de tener la oportunidad de que sus solicitudes de asilo fueran escuchadas, como garantizaba el convenio.
La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher no emitió un fallo desde el estrado sobre la solicitud de los abogados de los migrantes para que el Gobierno fuera declarado en desacato civil. En cambio, indicó que programará una audiencia probatoria para escuchar testimonios en vivo de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, después de que un abogado del Departamento de Justicia no pudiera responder a sus preguntas sobre por qué esos migrantes fueron deportados.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.