La ofensiva migratoria del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha tenido objetivos en distintos frentes: desde inmigrantes indocumentados (con y sin antecedentes penales) hasta ciudadanos estadounidenses, residentes, asilados y refugiados (es decir, población con estatus legal).
De estos grupos, uno de los más atacados ha sido el de la población refugiada en Estados Unidos. Desde el día uno de regreso a la Casa Blanca, Trump dirigió su ofensiva migratoria contra los refugiados al ordenar la suspensión de las admisiones en el país bajo este programa humanitario dirigido a personas fuera de EE.UU. y de sus países de origen que son incapaces de volver por motivos de persecución o por un temor fundado de persecución. Poco más de un año después del inicio de la actual administración, en febrero, el Gobierno de EE.UU. golpeó nuevamente a este grupo al ampliar la capacidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a refugiados legales, lo que podría ponerlos en riesgo de deportación.
Con ese último golpe asestado a finales de febrero, la población refugiada queda prácticamente acorralada a pesar de haber ingresado a EE.UU. de manera legal, dejando a miles de personas en una situación vulnerable.
El 20 de enero del año pasado, durante su primer día de regreso en la Casa Blanca, Trump suspendió el programa de refugiados. Esta decisión puso en pausa las admisiones de refugiados al país a partir del 27 de enero de 2025.
El siguiente golpe llegó meses después, en octubre, cuando Trump estableció en 7.500 el límite de admisiones de refugiados para el año fiscal 2026 —del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026—, en su gran mayoría para sudafricanos blancos. (De ese límite de 7.500, EE.UU. ya recibió a 1.651 personas como refugiados, el 22 % del total, de las cuales 1.648 son de Sudáfrica y 3 de Afganistán, muestran datos oficiales actualizados hasta enero).
Esto significó una caída dramática respecto a los límites de refugiados establecidos en años pasados. En cada uno de sus cuatro años de gobierno, Biden estableció un límite de 150.000 admisiones bajo el programa de refugiados, según los datos oficiales. (El límite, sin embargo, no determina el número de refugiados que realmente ingresan a EE.UU. Durante la administración de Biden, por ejemplo, fueron admitidos en el país alrededor de 235.000 refugiados, es decir, casi 60.000 por año, lejos del límite anual de 150.000).
Pocas semanas después, el Gobierno de Trump volvió a arremeter contra los refugiados. En un memorando emitido en noviembre, la administración ordenó que se volviera a examinar a ciertos refugiados admitidos con Biden y que se detuvieran los procesos en curso de refugiados para obtener su residencia permanente o green card.
Por último, en febrero de este año, luego de más de un año de gobierno (y de ofensiva migratoria), llegó la movida más reciente: en otro memorando, la administración de Trump amplió la capacidad de sus servicios de inmigración para detener a los refugiados legales que lleven un año viviendo en Estados Unidos y que no hayan obtenido su green card.
Las decisiones de Trump en el último año han cortado de tajo el programa de refugiados y han apuntado a aquellos que llegaron con Biden —e incluso más atrás— y que no han tramitado su residencia permanente tras un año en Estados Unidos.
Para Héctor Quiroga, abogado de inmigración en Quiroga Law Office PLLC, es difícil estimar cuántos de los miles de refugiados que han llegado a EE.UU. en los últimos años estarían en riesgo porque, por un lado, no hay desglose que indique la cantidad de refugiados con green card y, por el otro, muchos de ellos tenían protecciones contra la deportación provenientes de otros programas como el TPS que ahora ya también fueron cancelados por la administración de Trump.
A pesar de no tener datos precisos, Quiroga dijo a CNN que “hay muchísimas personas que ya se les ha pasado el año, han seguido como refugiados y han tenido el estatus que ahora tienen (y que se convirtió en un riesgo)… Además, (también están en riesgo) las personas que de pronto no saben que este cambio los va a afectar a ellos cuando piensan ‘bueno, gané mi proceso’, que aún les quedan ciertos pasos para terminar y asegurar su residencia”.
Lo que sí podemos ver con las estadísticas oficiales del Gobierno de EE.UU. son los miles de refugiados que llegaron con Biden, que son los principales afectados por las medidas de Trump.
Según el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés), de enero de 2021 a enero de 2025 (los cuatro años de Biden en la Casa Blanca), llegaron a EE.UU. 233.522 refugiados.
Los 233.522 refugiados provienen de cinco regiones del mundo, muestran los datos del USRAP. La mayoría de ellos son de África, seguidos de Oriente Próximo y Asia meridional, y América Latina y el Caribe.
- África: 87.661 refugiados. El país de origen de la mayoría es República Democrática del Congo.
- Oriente Próximo y Asia meridional: 72.902. De esta región, destacan países de origen como Siria y Afganistán.
- América Latina y el Caribe: 42.812. El principal origen de estos refugiados es Venezuela.
- Asia oriental: 20.366. Myanmar es el país de origen de la mayoría de esos refugiados.
- Europa y Asia central: 9.781. Ucrania es de donde proviene la mayor cantidad de refugiados de dicha región.
Asimismo, el periodo de la administración de Biden en el que llegaron más refugiados fue el año fiscal 2024 (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), cuando fueron admitidas en EE.UU. 100.034 personas bajo el USRAP. Esta cifra representa alrededor del 43 % de todos los refugiados que llegaron en el mandato de Biden.
Un programa de refugiados suspendido. Un límite de admisiones bajísimo que beneficia sobre todo a blancos sudafricanos. Una reexaminación/reinspección de los refugiados ya aceptados que no tiene detalles claros y que podría demorar mucho tiempo (la inspección de una persona que busca ser un refugiado dura, en promedio, dos o tres años). Una pausa indefinida en los procesos en curso para obtener la green card. Y finalmente una posible detención de refugiados que ya lleven un año en EE.UU. y no tengan su green card.
En resumen, los refugiados parecen estar en un camino sin salida, acorralados bajo las decisiones del segundo mandato de Trump, alertan abogados de inmigración.
“A las personas que ya tienen algún tipo de estatus (como el estatus de refugiado) las están haciendo pasar por mucho más revisión. Incluso están siendo mucho más estrictos en las fechas de cuándo las personas tienen que presentar sus documentos, lo cual no ha pasado antes”, indicó Quiroga.
Con el último memorando del gobierno, añadió Quiroga, prácticamente se le deja sin tiempo al refugiado para modificar su estatus y obtener su green card. Por ley, un refugiado debe aplicar para obtener la residencia permanente una vez cumplido un año desde su llegada a EE.UU. Pero ahora, una vez transcurrido ese lapso, los refugiados que deben tramitar la green card enfrentan la posibilidad de ser detenidos mientras intentan cumplir con lo que dice la ley.
“Las personas que tienen el estatus como refugiado tienen un año para aplicar para la residencia. Esto siempre ha sido, es lo que dice la ley, así es. Sin embargo, si la persona no aplica tras el año, el estatus de refugiado continúa, de todas formas tiene un estatus legal, tiene una protección legal y se avanza de esta manera”, explicó Quiroga.
O al menos así era antes. Las cosas son diferentes en este gobierno y hubo un cambio de “reglas”.
“El memorando (de febrero) dice que, si las personas no aplican (a la green card), el gobierno los puede citar o incluso los puede ir a buscar para detenerlos, tener una reinspección, y es posible que allí les puedan quitar el estatus, incluso los puedan deportar en ese momento dependiendo de cómo esté la inspección”, dijo el experto. “Cuando se siguen las reglas… y después cambian las reglas del juego en la mitad, realmente no se siente muy justo en algunas formas”, agregó.
Por su parte, Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de inmigración de Lincoln-Goldfinch Law, también recalcó la problemática de los tiempos en el caso de los refugiados que buscan tramitar su residencia permanente.
“Para arreglar su estatus, un refugiado tiene que estar en Estados Unidos por un año. Luego pueden aplicar a la residencia… y este proceso también puede tardar otro año. Entonces sería por lo menos normalmente dos años antes de que puedan obtener la green card”, criticó Lincoln-Goldfinch.
En esa espera, coincidió Lincoln-Goldfinch con Quiroga, se podrían registrar arrestos.
“Desafortunadamente la administración ha arrestado a personas que están en el proceso de arreglar, eso sí está pasando. Tenemos que estar preparados, tener un abogado, tener los documentos importantes guardados y llamar inmediatamente a un abogado si alguien es detenido. Es muy importante que cada persona detenida no firme ningún documento sin revisarlo con un abogado antes de firmar”, aconsejó la abogada en entrevista con CNN.
La semana pasada, un juez federal expandió una orden que protege de la detención y la deportación a los refugiados en Minnesota que están legalmente en EE.UU.
En una opinión de más de 60 páginas, el juez de distrito estadounidense John Tunheim afirmó que la reciente política de febrero del gobierno de Trump convierte el “sueño americano en una pesadilla distópica”.
“Los refugiados de Minnesota ahora pueden vivir sus vidas sin temor a que su propio gobierno los saque de la calle y los encarcele lejos de sus seres queridos”, dijo Kimberly Grano, abogada de International Refugee Assistance Project, a la agencia AP.
Mientras que el gobierno de Trump sostiene que puede detener a refugiados que aún no tengan sus green cards después de un año viviendo en EE.UU., Tunheim criticó esa postura.
“Este tribunal no permitirá que las autoridades federales utilicen una interpretación estatutaria nueva y errónea para aterrorizar a los refugiados que inmigraron a este país bajo la promesa de que serían bienvenidos y se les permitiría vivir en paz, lejos de la persecución de la que huyeron”, dijo Tunheim.
El Departamento de Seguridad Nacional y ICE dijeron en un comunicado el viernes que el fallo era “otra orden ilegal y activista de un juez federal” y que la administración de Trump esperaba ser “reivindicada en la corte”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) “está comprometido a erradicar el fraude y proteger la seguridad pública y los intereses de seguridad nacional del pueblo estadounidense mediante la evaluación y verificación de antecedentes de los extranjeros”, agregaron en el comunicado.
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