Exjueces apoyan a Anthropic y expresan recelos por el uso del Pentágono de la etiqueta de riesgo en la cadena de suministro

Casi 150 jueces federales y estatales jubilados presentaron el martes un escrito amicus curiae en apoyo a la empresa de IA, Anthropic, en su demanda contra el Gobierno de Trump por designarla como un “riesgo en la cadena de suministro”, según ha sabido CNN.

Los exjueces, nombrados tanto por republicanos como por demócratas, se suman a una lista creciente de partidarios de Anthropic que incluye organizaciones de la industria y ex altos funcionarios gubernamentales de seguridad nacional, así como Microsoft y empleados de empresas competidoras de IA.

El escrito amicus curiae subraya las inquietudes planteadas en la comunidad tecnológica, jurídica y de seguridad nacional sobre el precedente que la situación podría sentar respecto a la influencia del Gobierno sobre empresas privadas. Para Anthropic, lo que está en juego podría ser significativo; la etiqueta de “riesgo en la cadena de suministro” podría afectar los contratos de la empresa con el vasto ecosistema de firmas del sector privado que hacen negocios con las Fuerzas Armadas.

“Más fundamentalmente, en la práctica, nadie está tratando de obligar al Departamento a contratar con Anthropic”, escribieron los jueces. “En cambio, Anthropic solo pide que no se la castigue mientras sale por la puerta”.

El Pentágono “malinterpretó la ley y violó los procedimientos necesarios” cuando calificó a Anthropic como un “riesgo en la cadena de suministro”, escribieron.

El Departamento de Defensa designó a Anthropic como un “riesgo en la cadena de suministro” a principios de este mes después de que fracasaran las negociaciones sobre el uso de los modelos de IA de la empresa en sistemas clasificados. El Pentágono quería usar Claude en “todos los casos legales”, pero Anthropic se negó a ceder en dos líneas rojas clave: el uso de la IA en armas autónomas y el uso de la IA en la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses.

La etiqueta de “riesgo en la cadena de suministro” suele otorgarse a empresas asociadas con adversarios extranjeros y nunca se ha otorgado a una empresa estadounidense en tiempos modernos. Significa que las empresas con contratos militares deben asegurarse de que cualquier uso de las herramientas de Anthropic se mantenga separado de ese trabajo.

Además de la designación de “riesgo en la cadena de suministro”, el presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias federales dejar de usar Claude.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, dijo que la empresa “no tuvo más remedio que impugnarlo en los tribunales”. En respuesta a la demanda de Anthropic la semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, dijo que el presidente “nunca permitirá que una empresa radical de izquierda, woke” dicte cómo opera el ejército.

El director financiero de Anthropic dijo en una presentación legal que la empresa corre el riesgo de perder “cientos de millones” en ingresos en 2026 debido a la acción del Gobierno.

En una presentación a última hora de este martes, en respuesta a la queja inicial de Anthropic, la administración Trump dijo que Anthropic ahora busca “obligar al Gobierno a seguir utilizando sus productos y servicios y a impedir la designación”, señalando que el Departamento de Defensa realizó la designación de riesgo en la cadena de suministro debido a “inquietudes sobre la posible conducta futura de Anthropic si conservaba acceso a la infraestructura de tecnología del Gobierno”.

Está previsto que una audiencia sobre la solicitud de Anthropic de una medida cautelar preliminar contra el Gobierno tenga lugar el próximo martes.

La presentación del martes del grupo de exjueces se produce después de que expertos en ética y grupos de defensa hayan expresado recelos sobre las posibles ramificaciones a largo plazo de las acciones de la administración Trump contra Anthropic.

“¿Qué pasa si no quieres hacer algo que te están pidiendo que hagas?”, dijo a CNN Irina Raicu, directora del programa de ética de Internet del Markkula Center for Applied Ethics de la Universidad de Santa Clara. “¿Hay alguna manera de que las empresas se aferren a sus propias directrices éticas y contraten con el Gobierno?”

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