Relojes marca Rolex, una cirugía plástica a la nariz, reuniones a escondidas y encapuchado en un restaurante de comida peruano-china, escándalos por supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht y constructoras locales, un mensaje a la nación que para disolver el Congreso y un presidente detenido y preso en ese intento por romper el orden constitucional. Eso es apenas un resumen de lo que disparó varias crisis políticas que llevaron a Perú a tener ocho presidentes en los últimos diez años. El país sudamericano nunca tuvo una década como ésta, tampoco existe en el mundo un caso similar.
Si bien la crisis peruana puede superar al guión de una serie política en cualquier plataforma de streaming, hay una paradoja: todo ocurrió durante el periodo más largo de democracia ininterrumpida que ha tenido el país, que inició en el año 2000, tras la renuncia y posterior destitución del expresidente Alberto Fujimori. Además, pese a los continuos cambios presidenciales, Perú mantuvo el respeto por la institucionalidad económica, lo que lo llevó seguir creciendo y a mantener una de las monedas más estables de la región y el mundo, además de una deuda pública manejable e importantes reservas internacionales, según el Banco Mundial.
Durante los últimos diez años hubo dos períodos presidenciales de 5 años cada uno, en 2016 fue electo Pedro Pablo Kuczynski y en 2021, Pedro Castillo. Lo que debió ser el mandato de dos presidentes, se convirtió en el de ocho.
¿Cuál es el legado de estos presidentes? ¿Cómo los recordarán los peruanos? ¿Qué nos dice esta crisis sobre la democracia peruana y el equilibrio de poderes? ¿Cuándo y por qué nace? ¿El próximo presidente correrá la misma suerte?
El país tendrá nuevo presidente, sí, y se convertirá en el noveno desde 2016; eso ocurrirá cuando se elija al próximo mandatario en las elecciones de abril. Y por si no fuera suficiente con todos los mandatarios que desfilaron por el Palacio de Gobierno, son más de 30 los candidatos que se postulan para ser el próximo mandatario.
1.Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
Resultó ganador en las elecciones de 2016, luego de vencer en el balotaje a la candidata Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori. El Congreso, de mayoría fujimorista, intentó destituirlo a través de una moción de vacancia por incapacidad moral por la supuesta relación que tuvo, antes de ser presidente, con la empresa brasileña Odebrecht. Aunque aquella vez los votos no le alcanzaron al legislativo, en 2018 Kuczynski renunció antes de que se votara una segunda moción en el Congreso para destituirlo. Horas antes, lo legisladores del fujimorismo lo acusaron de querer “comprar votos” en el Congreso para evitar su destitución, algo que Kuczynski siempre negó.
En el plano penal, por estas supuestas relaciones con la empresa Odebrecht, la Fiscalía de la Nación acusa al expresidente por el presuntos delito de lavado de activos y pide para él 35 años de prisión. Según le dijo a CNN Julio Midolo, abogado de Kuczynski, el juicio al expresidente podría iniciarse a finales de año. Según la Fiscalía, Kuczynski recibió pagos de Odebrecht, por asesorías financieras realizadas por su exempresa Westfield Capital, constituida en EE.UU. mientras el expresidente fue funcionario del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Su abogado asegura que las asesorías se hicieron y que ello ha sido informado a la Fiscalía, pero que fue su socio en Westfield, y no Kuczynski, quien realizó el servicio. El expresidente no conocía de las asesorías, ni participó de ellas según su abogado. “Él no informó, no tenía porque informarle a Pedro Pablo, que iba a realizar asesorías financieras con la empresa, porque la norma americana no se lo exigía. En ninguna de las asesorías ha participado directamente Pedro Pablo”, dijo el defensor, y agregó que ello “ha sido declarado por su exsocio y funcionarios” de un banco local que participaron de la asesoría e incluso por “por los representantes de Odebrecht”.
Kuczynski es actualmente candidato al senado para las elecciones de abril de este año.
2.Martin Vizcarra (2018-2020)
Asumió la presidencia en reemplazo de Kuczynski. Vizcarra era su vicepresidente y, según la línea de sucesión prevista en la Constitución peruana, le correspondía asumir el cargo tras la renuncia del mandatario. Casi dos años después, Vizcarra fue destituido a través de una moción de vacancia por incapacidad moral, luego de una denuncia periodística que señalaba que el mandatario habría recibido dinero ilícito de parte de empresas constructoras locales para favorecerlas con obras públicas, cuando era gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014.
Posterior a su destitución, en el ámbito penal, se inició un juicio contra Vizcarra por este mismo caso. Actualmente se encuentra en prisión y sentenciado a 14 años en primera instancia por el delito de cohecho. Durante el juicio, Vizcarra se declaró inocente y, después de su última audiencia, dijo a periodistas: “Empresarios privados han dado declaraciones que no han podido corroborar durante el juicio, no hay justificación alguna para una sentencia condenatoria”.
CNN contactó a Erwin Siccha, abogado del exmandatario, quien señaló que los empresarios que declararon en contra de Vizcarra “mintieron”. Según Siccha éstos se “convirtieron en colaboradores” de la investigación para “evadir sus propias responsabilidades”. Detalla que la justicia no consideró los medios de prueba de la defensa de Vizcarra y que se ha apelado a la sentencia en primera instancia. “No solo existe la posibilidad de revocar la sentencia por la inocencia del señor Martin Vizcarra, sino que por sobre ello está la probabilidad de que se declare nula esa sentencia que está plagada de errores y de vicios”, aseguró Siccha.
3.Manuel Merino (10 al 15 de noviembre 2020)
Tras la destitución de Vizcarra, y al no haber otro vicepresidente, el presidente del Congreso asumió el cargo, según la sucesión presidencial contemplada en la Constitución peruana. Pero Manuel Merino solo estuvo unos días en la presidencia, pues renunció tras las protestas en la capital y varias partes del país que dejaron 2 muertos y casi 100 heridos, según cifras de la Fiscalía y del Ministerio de Salud. Según las reacciones que CNN recogió durante las manifestaciones, las mismas se dieron en contra de la decisión tomada en el Congreso de destituir a Vizcarra, lo que calificaron como un “golpe legislativo”. Quienes marchaban decían no defender a Vizcarra sino la figura presidencial que había sido golpeada a solo meses de la elecciones presidenciales que debían realizarse en Perú.
El expresidente Merino le dijo a CNN que la vacancia por incapacidad moral contra Vizcarra se hizo cumpliendo los requisitos de ley y que el sentimiento en las calles se debía a que ellos las “prepararon”, haciendo referencia a Vizcarra y a un sector que tenía un “tipo de interés particular” para que “Martin Vizcarra continúe en el Gobierno”. “Lo que hubo en el caso de mi renuncia fue un golpe de Estado civil, en algún momento se va a tener que sancionar a los responsables, que fueron los grupos políticos que azuzaron, en este caso los empresarios, los izquierdistas, porque fue todo un tumulto que utilizó a la juventud”, denunció Merino.
4.Francisco Sagasti (noviembre 2020-julio 2021)
Tras la renuncia de Merino, el Congreso eligió a otro presidente del legislativo que se convirtió en presidente de la República. Se trata de Francisco Sagasti, quien completó el Gobierno de cinco años iniciado por Kuczynki. Fue el Gobierno de transición de Sagasti el que, tras elecciones en 2021, le entregó la posta a Pedro Castillo, quien venció a la candidata Keiko Fujimori durante el balotaje.
5.Pedro Castillo (2021-2022)
Las crisis en el Gobierno de Castillo se dispararon a los pocos días de iniciado su mandato. Una de las primeras se desató cuando el entonces presidente empezó a despachar desde el local que fue su centro de operaciones durante su campaña a la presidencia y no desde Palacio de Gobierno. El local fue calificado por un sector de congresistas y medios locales como un despacho “paralelo” o “clandestino” y se le acusaba al mandatario de realizar pactos irregulares en el lugar. Los ministros nombrados como parte de su Gobierno también eran cuestionados, pues varios de ellos tenían investigaciones fiscales en curso.
Así, el Ejecutivo, sin mayoría en el Congreso, se enfrentó a críticas en torno a la gestión del nuevo mandatario y las mociones de vacancia volvieron a presentarse como en el caso de Kuczynski y Vizcarra. En el plano político, el Congreso presentó tres mociones “por incapacidad moral” contra Castillo. En el plano penal, la Fiscalía abrió tres investigaciones contra el mandatario por varios presuntos delitos.
La primera moción de vacancia, presentada en octubre, a solo tres meses de iniciado su Gobierno, no alcanzó los votos para destituirlo. La misma, que se sustentaba en varios puntos, no solo incluía el lugar desde dónde Castillo despachaba y los cuestionamientos hacia sus ministros, sino que citaba una investigación que la Fiscalía peruana abrió por presunto financiamiento ilícito del partido por el que el mandatario postuló a la presidencia en 2021.
Meses después, en enero 2022, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares en contra del mandatario. La primera, relacionada a dos concesiones realizadas por el Estado en 2021 (tráfico de influencias y colusión). La segunda, por una presunta injerencia del mandatario en los ascensos militares durante su Gobierno (tráfico de influencias y patrocinio ilegal). Sin embargo, la Fiscalía dejó en claro que “los actos de investigación” se suspendían “hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad”.
Ese mismo mes de enero, y en medio de los escándalos que protagonizaba, Castillo le concedió una entrevista a CNN, la primera a un medio internacional como presidente. En ella, el periodista Fernando del Rincón le preguntó: “¿Va a terminar su mandato?”. Castillo respondió: “Por supuesto, el pueblo me ha traído acá”. Pero la historia fue otra. Meses después fue destituido por el Congreso, detenido y puesto en prisión luego de intentar disolver inconstitucionalmente el parlamento.
Aquella entrevista, que se trasladó a las primeras planas de casi todos los medios locales y de varios internacionales, complicó la situación de Castillo. Sus respuestas sobre los temas que lo involucraban, y que habían dado pie a la moción de vacancia e investigaciones fiscales, no solo no convencieron a sus críticos sino que, además, el exmaestro de una escuela pública dejó dudas sobre su capacidad para gobernar. “Yo no fui entrenado para ser presidente”, dijo en la entrevista. “El Perú va a seguir siendo mi escuela”, agregó.
Pero además, durante la entrevista a CNN, Castillo dijo que estaría dispuesto a considerar una consulta popular para decidir sobre la concesión de una salida al mar a Bolivia, tras lo cual el Congreso inició un trámite para destituirlo por traición a la patria. Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico, que entre 1879 y 1884 enfrentó a Chile contra la alianza que formaban Bolivia y Perú. En noviembre de 2022 el Tribunal Constitucional ordenó al parlamento anular el proceso.
En marzo de 2022 llegó la segunda moción de vacancia, que tampoco alcanzó los votos necesarios en el Congreso para destituirlo. El documento se sustentó en los presuntos actos de corrupción ocurridos durante su Gobierno, los mismos que habían sido anunciados por la fiscal Ávalos en enero.
En mayo de ese mismo año, Pedro Castillo se convirtió en el primer presidente peruano en funciones en ser investigado por la Fiscalía pues, a diferencia de Zoraida Avalos, el nuevo fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, decidió investigarlo. La posición de Sánchez era que, si bien Castillo no podía ser acusado, debido a su inmunidad, la Constitución no impedía que fuera investigado.
Finalmente, llegó la última moción de vacancia contra Castillo que, al igual que la segunda, se sustentaba, en parte, en las investigaciones abiertas por la Fiscalía. Pero la moción nunca llegó a votarse pues, ese mismo día, el 7 de diciembre de 2022, Castillo ordenó “disolver” el Congreso en un mensaje a la nación por TV nacional. Dijo que gobernaría mediante decretos ley y declaró la reorganización del sistema de justicia que lo investigaba. En ese momento, el Legislativo lo destituyó a través de una moción de vacancia por incapacidad moral. Castillo fue inmediatamente detenido y actualmente se encuentra preso y sentenciado en primera instancia por el delito de “conspiración para una rebelión”
Castillo siempre rechazó todas las acusaciones en su contra y las consideró una persecución política, lo que repitió varias veces públicamente durante el juicio en su contra.
6. Dina Boluarte (2022-2025, 2 años y 10 meses)
Al ser la vicepresidenta de Pedro Castillo, y según el mandato constitucional, Dina Boluarte asumió la presidencia. Los problemas para su Gobierno se desataron de inmediato, pues, en medio de las protestas tras asumir el cargo, murieron decenas de personas entre enfrentamientos con la policía y a causa del cierre de vías por parte de quienes protestaban. Tras ello, la Fiscalía empezó a investigar a Boluarte por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones. Posteriormente, la fiscalía archivó el delito de genocidio y el Congreso el caso en su conjunto, lo que, según le dijo a CNN Joseph Campos, abogado de la expresidenta, significa que, en el plano penal, es decir en la Fiscalía, “no existen en este momento investigaciones, todas han sido archivadas”. Dado la inmunidad de Boluarte como mandataria, la Fiscalía requería de la aprobación del parlamento.
Pero con el tiempo, Boluarte sumó otras investigaciones en su contra en el plano penal, entre ellas, una por la posesión de varios relojes Rolex y otro por abandono del cargo tras una cirugía plástica de la nariz.
En el caso conocido como Rolexgate, Boluarte está acusada por el delito de enriquecimiento ilícito. Todo se inició en marzo de 2024, tras un informe del programa local La Encerrona, que publicó imágenes en las que Boluarte llevaba relojes de lujo en eventos públicos. Si bien la entonces presidenta, en sus primeras declaraciones a la prensa, dijo que los relojes eran fruto de su trabajo y que eran de “antaño”, semanas después, en el mes de abril, cambió su versión y dijo que los relojes eran “prestados”.
Meses después, en diciembre del mismo año, la Fiscalía abrió una nueva investigación contra la mandataria por el delito de “omisión de actos funcionales” o abandono del cargo. La fiscalía sostiene que Boluarte no le comunicó al Congreso que estaba impedida temporalmente de ejercer el cargo debido a un procedimiento quirúrgico que se había realizado seis meses antes. En un mensaje a la Nación, Boluarte reconoció la cirugía, pero dijo que no se trató de un procedimiento estético sino de un procedimiento necesario “e imprescindible” para su salud, y señaló que éste y otros casos “vinculados a su entorno personal” eran “utilizados como escenarios políticos donde se pretende la desestabilización del orden democrático”.
Boluarte siempre dijo públicamente que era inocente de los cargos por los que fue acusada en todas las investigaciones.
Lo cierto es que, a raíz de estos casos, Boluarte enfrentó varias mociones de vacancia y así, el 10 de octubre de 2025 y tras el asesinato de un músico peruano en medio del incremento de la delincuencia en el país, fue destituida a través de cuatro mociones de vacancia por incapacidad moral, que recogieron las denuncias sobre creciente inseguridad ciudadana, el caso de los Rolex y la cirugía.
7.José Jerí (2025-2026, 4 meses)
Con menos de 40 años, José Jerí asumió el cargo de presidente de la República en reemplazo de Boluarte. Cuando la mandataria fue destituida, Jerí se desempeñaba como presidente del parlamento, así que, como ya había ocurrido en el pasado y según la sucesión prevista en la Constitución, era a él a quien le correspondía asumir la presidencia. Pero Jerí solo duró 4 meses en el cargo y, tras el escándalo que se desató por sus reuniones con un empresario chino, también abandonó la presidencia.
El Chifagate, como se le conoció en Perú, empezó a cocinarse cuando medios locales difundieron imágenes del presidente encapuchado ingresando a un chifa, como se le conoce a los restaurantes de comida peruano- china en Perú. Ni esa ni otras reuniones con el empresario, que Jerí aceptó públicamente, figuraban en los registros de la presidencia. El exmandatario pidió disculpas por la forma en que ingresó al local, pero negó en varias oportunidades haber cometido algún acto irregular. El empresario con el que se reunió el exmandatario mantiene una concesión con el Estado peruano y su nombre aparece también en el informe final de una comisión investigadora del Congreso peruano, de la que Jerí formó parte y cuyo trabajo se inició en 2022, aunque, el expresidente ante el mismo parlamento ha dicho que conoce al empresario desde 2024. El informe final de aquella comisión investigadora señala que el grupo de trabajo se creó para investigar “las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas” convocadas por varias entidades del Estado peruano, desde 2018 hasta 2022.
Tras los encuentros del exmandatario con el ciudadano chino, la Fiscalía abrió una investigación contra Jerí.
El expresidente ha declarado públicamente ser inocente. CNN contactó a sus abogados para obtener comentarios sobre estas acusaciones y está a la espera de respuesta.
8. José Maria Balcazar (Febrero 2026- a la fecha)
Asumió la presidencia en reemplazo de Jerí y también en su calidad de presidente del Congreso. Jose María Balcazar es quien deberá entregar la presidencia de la República al próximo presidente que sea electo en los comicios que se celebran en abril de este año. Así termina el periodo presidencial de cinco años que inició con Pedro Castillo, quien fue reemplazado por Boluarte, reemplazada a su vez por Jerí.
¿Cuándo nace la crisis peruana y cómo influye en el ciudadano?¿El próximo presidente correrá la misma suerte?
Mientras estaba en el cargo de Defensor del Pueblo entre 2016 Y 2022, Walter Gutiérrez, abogado constitucionalista, vio pasar a cinco presidentes de la República. “El Congreso ya no solo legisla, sino que también pone presidentes”, le dice a CNN el exfuncionario, quien asegura que el modelo institucional peruano, que “era un modelo presidencialista con controles parlamentarios”, está “completamente distorsionado” y que se ha convertido en un “parlamentarismo de facto” .
Gran parte de la crisis y la sucesión de un presidente tras otro responde, según sus palabras, al “abuso” que se ha hecho de lo que se conoce como vacancia por incapacidad moral, “una suerte de impeachment”, explica Gutiérrez. La presidencia de Perú vaca por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, según el artículo 118 de la Constitución. Es decir, la incapacidad moral es una causal de vacancia o destitución. Sin embargo, no existe una definición concreta sobre lo que implica su contenido y su interpretación queda en manos del Congreso de la República.
“Se ha hecho un abuso de los alcances y posibilidades del juicio político, se ha desbordado completamente esta figura y se ha debilitado seriamente el ejecutivo”, dice Gutiérrez.
“Nosotros nos opusimos a ese uso desprolijo de la incapacidad moral” desde la Defensoría, asegura el exfuncionario. “La Defensoría tiene en su mandato la obligación de velar por la buena marcha de la administración, no solo de los derechos humanos”.
El exdefensor del Pueblo dice que la figura de la vacancia por la cual fueron destituidos tres presidentes los últimos años también presionó a otros, como Kuczynski, a renunciar. Asegura que fue en ese periodo donde se inició la crisis que vio pasar a ocho presidentes en diez años. “La gigantesca mayoría que tenía el fujimorismo, que empieza a cuestionar, inició varias acciones para declarar la incapacidad moral de Kuczynski y empezaron a debilitarlo, al punto tal que él renunció”. Para Gutiérrez, la bancada fujimorista “exagero y abusó de esta figura”.
Gutiérrez señala que la vacancia se convirtió en una suerte de “clausula abierta donde todo “entraba”. Por lo tanto, asegura, “con esa figura podías poner y sacar presidentes”. Aunque, aclara, esta la vacancia por incapacidad moral existe desde el siglo XIX y surge como una incapacidad física “Era incapacidad para tomar decisiones, más que incapacidad de ética pública”. Desde su creación, a inicios de 1800, hasta antes del año 2000, es decir, en casi 200 años, solo se había utilizado dos veces.
Gutiérrez piensa que el hecho de que Perú regrese a tener un parlamento bicameral puede evitar que se repita esta crisis durante el próximo Gobierno que será electo en unos meses. “Como se ha creado el Senado y va a tener gran poder, esto va a ser más difícil, espero, porque el Senado va a ejercer un mayor control sobre esta figura” y “esto le podría dar una mayor estabilidad al Perú”.
Estos últimos 10 años, en la opinión de Gutiérrez, fue creciendo un gran “malestar social” y un “desapego” que lleva a circulo viciosos. “La gente no quiere tener vínculo con la política. Esta es una paradoja, porque si no tienes ese vínculo, la política no puede ir a mejor, va a ir a peor”, asegura. “La democracia es el sistema de la eterna vigilancia” sostiene.
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