Las misiones médicas internacionales de Cuba, piedra angular de décadas en la política exterior de su gobierno socialista, están bajo la lupa en medio de la fuerte crisis que enfrenta la isla por sus problemas económicos estructurales y la creciente presión de Estados Unidos. Un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó denuncias generalizadas que podrían implicar violaciones laborales y de derechos humanos contra el personal médico inscrito en el programa.
El informe se basa en los testimonios de 71 profesionales sanitarios de más de 10 países, aunque la mayor parte de sus hallazgos se refiere a Venezuela, que acogió a la mayoría de los médicos cubanos y donde estaban basados 50 de los 71 profesionales entrevistados por la comisión.
La Comisión, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoce que las misiones han desempeñado históricamente un papel vital en la ampliación de la cobertura sanitaria en algunas de las regiones más pobres de América Latina, pero al mismo tiempo sostiene que muchos trabajadores inscritos en el programa se enfrentan a condiciones “restrictivas y coercitivas”. Estas incluyen largas jornadas e información limitada sobre contratos y estructuras salariales, que a menudo dejan a los trabajadores en una situación de miseria en comparación con lo que los gobiernos anfitriones pagan por sus servicios.
“Me dieron un pequeño sueldo (US$ 4), pero con eso no pude comprar nada. Ni siquiera tenía suficiente para azúcar y café”, dice uno de los testimonios recogidos en el informe. La CIDH informa que el profesional sanitario admitió que un paciente generoso les dio carne de caballo para que pudieran acceder, al menos, a una comida.
Por razones de seguridad, todos los testimonios incluidos en el informe son anónimos, ya que varios de los médicos y enfermeros entrevistados por la CIDH comparten temores de represalias contra sus seres queridos en Cuba.
La Habana ha negado históricamente acusaciones similares a las contenidas en este reporte. CNN contactó al Gobierno cubano para obtener una respuesta a las conclusiones de la CIDH y está a la espera de una respuesta.
Las misiones médicas se remontan a la Guerra Fría, cuando la primera brigada fue enviada a Argelia en 1963. Desde entonces, Cuba ha prestado servicios de cooperación internacional en 63 países, principalmente en África y América Latina, pero también en Italia y Qatar, y, según la CIDH, empleaba a más de 23.000 profesionales en 2023.
A pesar de la extrema crisis económica que enfrenta su población en casa, los médicos cubanos han desempeñado un papel clave en la expansión de la salud pública en zonas rurales o de bajos ingresos. Al mismo tiempo, el programa se ha convertido en una fuente importante de ingresos para el Estado cubano, que en 2022 obtuvo casi US$ 5.000 millones a través de estos acuerdos.
El caso de Venezuela es ilustrativo, ya que durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el país sudamericano ha recibido a decenas de miles de médicos cubanos a cambio de envíos de petróleo a La Habana.
Ese doble papel, tanto humanitario como económico, está en el corazón del debate actual.
Algunos relatos describen posibles violaciones de las normas laborales internacionales, como la retención de salarios por parte del Estado cubano, las restricciones a la libertad de movimiento y la vigilancia del comportamiento de los trabajadores en el extranjero. En varias misiones, el Estado cubano retenía la mitad del salario de los trabajadores hasta su regreso a la isla, quizá dos o tres años después, según el informe de la CIDH. “Si te pagan US$ 300, te dan US$ 150 en la cuenta y el resto se paga al final de la misión. Si incumples el contrato, pierdes el dinero”, dice un profesional.
Muchos de los médicos y enfermeros basados en Venezuela que hablaron con los relatores también describen la obligación de participar en actividades para apoyar las políticas del entonces presidente Nicolás Maduro, a riesgo de que se les prohíba regresar a Cuba.
Mantener relaciones personales dentro de las comunidades anfitrionas está estrictamente prohibido, según la CIDH. “Tuve una relación con mi actual esposa que tuvo que ser aprobada por una comisión, primero para que fuera mi novia y luego para que nos casáramos. Pero se le impidió entrar en mi casa”, dice uno de los testimonios. Otro se queja del toque de queda impuesto a las 6:00 p.m. en la vivienda compartida donde la misión acoge a sus trabajadores.
Varios trabajadores denuncian que los funcionarios cubanos responsables de las misiones les han retenido el pasaporte al llegar al país anfitrión para evitar que abandonen su asignación.
Históricamente, La Habana ha rechazado afirmaciones similares, sosteniendo que las acusaciones de explotación laboral son infundadas y describiendo las misiones como programas voluntarios en el marco de la solidaridad internacional y la expansión del modelo socialista en el sur global.
Cuba ha sido excluida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el marco en el que opera la CIDH, desde 1962 y no es miembro de la OEA.
Dos de los siete relatores de la CIDH presentaron votos parcialmente disidentes sobre la adopción del informe, señalando que los testimonios están abrumadoramente relacionados con misiones en Venezuela y, por tanto, no deberían sacar conclusiones más amplias sobre el programa de misiones en su conjunto.
Al mismo tiempo, la Comisión reconoce la crisis económica que ha afectado a la isla en los últimos años, agravada por las sanciones estadounidenses y por el bloqueo naval impuesto por la administración del presidente Donald Trump este año. Todo esto significa que los ingresos externos, como los provenientes de acuerdos de cooperación médica vinculados a las misiones, son demasiado importantes para mantener a flote al Gobierno cubano.
En última instancia, es demasiado pronto para saber cómo afectará el dramático enfrentamiento con Washington a las misiones. En las últimas semanas, Honduras y Venezuela han manifestado su intención de abandonar el programa y de que los médicos cubanos regresen a casa.
Tegucigalpa rescindió su convenio con la Habana a comienzos de este año, que llevó a 168 médicos, en su mayoría oftalmólogos, a salir del país centroamericano el mes pasado, según reportó la agencia Associated Press. Cifras sobre el número de profesionales cubanos operando en Venezuela varían mucho, pero el medio local CubaNoticias360.com estima que se trata de decenas de miles de médicos, técnicos y profesionales educativos.
En este contexto, es probable que las conclusiones de la CIDH pongan aún más énfasis en que los beneficios del programa puedan alcanzarse sin renunciar a los derechos de quienes los hacen posibles.
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