La empresa Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison y que tuvo por más de 25 años la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal en el canal de Panamá, anunció este martes el inicio de un arbitraje internacional contra la compañía danesa Maersk, a la que la Autoridad Marítima de Panamá le entregó la operación transitoria de las terminales.
La firma dijo en un comunicado que el arbitraje se basa “en un contrato de largo plazo para facilitar un enfoque colaborativo de negocio mediante el uso exclusivo de las operaciones de las terminales portuarias de PPC en Panamá y el acceso a un rango de instalaciones operativas e información de PPC”, y acusó a Maersk de “socavar” el acuerdo.
“(Maersk) se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios”, señaló la multinacional.
Maersk confirmó el inicio del procedimiento y dijo a CNN que “no considera que sea responsable de las reclamaciones y las abordará en el foro correspondiente”.
PPC dijo también que el arbitraje tendrá lugar en Londres y que el reclamo es “distinto y sin perjuicio de los pasos en curso de PPC para hacer responsable a Panamá por su conducta anticontrato y antiinversionista”. CNN contactó al Gobierno de Panamá para solicitar comentarios y espera respuesta.
A fines de enero, la Corte Suprema de Panamá dejó firme un fallo inapelable que anuló el contrato con PPC para la operación en ambos extremos del Canal con gran parte de capital chino, lo que la compañía denunció como una “toma ilegal” y afirmó que los daños escalaron a “más de US$ 2.000 millones”.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha rechazado las acusaciones de ilegalidad y aseguró que su país es “un Estado de Derecho” y que el fallo debe ser respetado.
Maersk, a través de APM Terminals, dijo tras el fallo que estaba dispuesta a asumir la operación temporalmente con el objetivo de “mitigar los riesgos que pueda afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global” y subrayó que “no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura”.
La vía fluvial estratégica, por donde transita anualmente alrededor del 40 por ciento de todo el tráfico de contenedores de Estados Unidos, es uno de los puntos clave de las tensiones entre Washington y Beijing.
La semana pasada, EE.UU. volvió a criticar las acciones de China, a quien acusa de detener buques con bandera panameña como parte de una serie de represalias tras la suspensión de contratos. Por su parte, el Gobierno chino respondió que los señalamientos “carecen de fundamento” y que “revelan su intento” de controlar el canal.
El presidente Donald Trump, desde antes de asumir su segundo mandato, ha estado criticando la supuesta influencia de China en el canal. A su vez, Beijing impidió que el conglomerado hongkonés vendiera a un consorcio liderado por el gestor estadounidense de activos BlackRock unas 40 terminales alrededor del mundo, incluidas las panameñas.
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