Las acusaciones por narcotráfico contra diez políticos mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han provocado un cisma en México y llegan en un momento de desencuentros entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Se trata del más fuerte golpe contra la supuesta “narcopolítica” mexicana del que se tenga registro en los últimos años (¡y vaya que han existido episodios controvertidos entre ambos países!).
La petición pone en jaque al gobierno de Claudia Sheinbaum, que tendrá que pensar el siguiente movimiento con forma de dilema: o procede a la detención y extradición de los políticos de su propio partido, o bien decide romper lanzas con el gobierno de Donald Trump, al menos en materia de cooperación contra las drogas.
Las acusaciones formales fueron presentadas el miércoles 29 de abril por el fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Terrence C. Cole.
Son diez funcionarios y exfuncionarios públicos de muy alto perfil como el alcalde de Culiacán, la capital sinaloense; un senador de la República por el estado de Sinaloa y un vicefiscal por la misma entidad, además del mandatario estatal en funciones, Rocha Moya. Todos ellos pertenecen al partido oficialista Morena y todos están acusados de conspirar con el poderoso Cartel de Sinaloa para introducir a Estados Unidos cargamentos de droga, entre otros delitos.
Horas más tarde de la divulgación de los cargos, y en un movimiento inusual de ajedrez (sin quitarse el jaque), la Cancillería mexicana confirmó la recepción de una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra varias personas, pero detalló que dichas solicitudes no fueron sustentadas con documentos que validaran las muy serias acusaciones. La Cancillería agregó que los expedientes ya habían sido turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que después reiteró la postura de la Cancillería: no se otorgaron pruebas suficientes para actuar contra los políticos. No obstante, dijo que se abriría una investigación para determinar si las acusaciones tienen sustento.
Un día después, la presidenta Sheinbaum leyó en un comunicado su posición que, básicamente, reitera lo expuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía, pero agrega que, de no encontrarse elementos de prueba en la investigación que realice el ministerio público, deberá asumirse que existe una intención política en contra del país. De esta manera la presidenta parece que intenta ganar tiempo. No rechaza los cargos, promete una investigación para determinar la viabilidad de la petición y mantiene una posición firme que la hace ver fuerte al interior de su movimiento: no a la injerencia de Estados Unidos y sí a la soberanía nacional.
Pero el problema se mantiene. Sigue en jaque.
Días antes de la presentación de cargos contra los políticos mexicanos, las relaciones entre México y Estados Unidos parecía que habían alcanzado un nivel máximo de tensión por la participación de cuatro agentes estadounidenses en un operativo en el estado de Chihuahua, sin autorización del gobierno de México. Trágicamente dos de los cuatro agentes, que según fuentes eran de la CIA, fallecieron en un supuesto accidente en la sierra de ese estado y a pesar de que el operativo resultó en un éxito —por el desmantelamiento de la red de laboratorios de drogas más grande que se haya realizado— el tema molestó al gobierno de Sheinbaum a tal grado que envió una carta de extrañamiento a la embajada de Estados Unidos por no haber informado de la presencia de los agentes en territorio mexicano —algo que está prohibido en las leyes mexicanas— y por haber participado en el operativo con la autorización del gobierno de Chihuahua, cuya gobernadora, María Eugenia Campos, es del opositor Partido Acción Nacional.
Por su parte la Casa Blanca, a través de la vocera de la presidencia, Karoline Leavitt, reclamó más empatía a la presidenta Sheinbaum para con los agentes caídos.
Pero el caso se fue enredando más y más: en el Congreso, Morena y sus partidos aliados pedían juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, quien negaba estar al tanto de la participación de la CIA en el operativo.
Lo irónico es que no tuvo que pasar mucho tiempo para que el gobernador señalado, ahora por Estados Unidos, sea del partido gobernante, algo que ya están aprovechando los partidos de oposición en México, en un momento en el que comienzan a calentarse los motores rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en la que entre otros cargos se diputarán 17 gubernaturas. Sí, entre ellas… Chihuahua y Sinaloa.
Minutos después de la publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobernador Rocha Moya manifestó en sus redes sociales su rechazo categórico las acusaciones en su contra y dijo que en su momento comprobará su inocencia. Según Rocha, las acusaciones “se inscriben en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.”
En términos casi idénticos se expresó el senador acusado, Enrique Inzunza, y otros representantes del movimiento gobernante de la Cuarta Transformación que invocan al nacionalismo a través de supuestos ataques a la soberanía nacional y la actitud injerencista del presidente Trump y del embajador en México, Ronald Johnson.
Antes de darse a conocer las acusaciones contra los diez políticos mexicanos hubo mensajes claros, de tal manera que no puede considerarse una sorpresa. No es casual que siete días antes el embajador Johnson visitara Sinaloa. Fue en un evento en el marco de una importante inversión de US$ 3.000 millones de una empresa estadounidense, fabricante de metanol, en ciudad de Los Mochis. Mucho se destacó el fuerte discurso del diplomático sobre la “epidemia” de la corrupción gubernamental en México que, según él, limitaba el número de inversiones y oportunidades en el país y relacionó el tema con la renegociación del Tratado de Libre Comercio que México negocia con Estados Unidos.
Dijo que el país debía sacudirse de la colusión entre carteles y funcionarios de todo nivel, desde policías, hasta alcaldes, gobernadores y legisladores, y dejó claro que su gobierno perseguiría a los políticos corruptos.
Las palabras del embajador, justo en Sinaloa y justo unos días antes del anuncio del Departamento de Justicia, no son más que la continuación del discurso del presidente Trump desde que asumió su segundo mandato, y que ha repetido en innumerables oportunidades: México ha colaborado en la lucha contra las drogas, pero no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción; los carteles de la droga gobiernan el país y la presidenta Sheinbaum tiene temor de enfrentarlos.
Si el gobierno de México decide colaborar con Washington y entrega a los políticos señalados, la presidenta y su movimiento tendrían que asumir el costo de reconocer que en sus filas se gestaron mafias que no se había atrevido a combatir y que hoy lo hacen bajo la presión de Estados Unidos. Abrirían la puerta a fuertes críticas en temas como el financiamiento del narcotráfico a sus campañas electorales, un asunto que los partidos de oposición han utilizado para mermar la imagen del partido en el gobierno.
También se abriría el camino a nuevas demandas del gobierno estadounidense que tendrían que atenderse porque ya sería muy difícil justificar una negativa.
Si por el contrario la jugada es cerrar la puerta a la colaboración, tendría enormes e impredecibles consecuencias, frente a la administración de Trump que está urgida de ganar alguna batalla que le dé réditos electorales rumbo a las elecciones intermedias de noviembre.
Acciones unilaterales en territorio mexicano, detenciones o presiones comerciales dentro del acuerdo comercial cuyas negociaciones formales recién comienzan serían algunas de las consecuencias previsibles.
La decisión de Sheinbaum marcará el rumbo de los próximos años en la relación bilateral. Por eso su siguiente movimiento será crucial.
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