La llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca ha sacudido la relación con su principal socio comercial y vecino. Su estrategia central ha sido amenazar con imponer aranceles para presionar a México, así como a Canadá, exigiéndoles que refuercen la seguridad en la frontera y frenen la migración ilegal y el tráfico de drogas.
Este jueves, Trump reafirmó que los aranceles de 25% a productos mexicanos, y canadienses, entrarán en vigor el 4 de marzo, pues aseguró que ni EE.UU. ni Canadá han hecho suficiente para detener el tráfico de fentanilo.
Ante el anuncio de Trump, Sheinbaum respondió que había que “tener la cabeza fría” y que había solicitado una llamada con su par estadounidense.
Además, la semana pasada altos funcionarios del Gobierno de México se reunieron en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
“Se acordaron una serie de acciones coordinadas, en ambos países, que se implementarán en el transcurso de las siguientes semanas y meses, orientadas a fortalecer el combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera, con el objetivo central de disminuir las muertes en ambos países por consumo de fentanilo ilegal y por uso de armas de fuego traficadas ilegalmente”, indicó el jueves la cancillería mexicana en un comunicado, sin dar más detalles de las acciones pactadas.
Ante este escenario complejo, Abelardo Rodríguez Sumano, doctorado en relaciones internacionales, considera que “estamos hablando de la peor crisis desde la Revolución mexicana. No solamente diplomática, sino en materia de seguridad nacional y defensa nacional. Creo yo que sí se está perfilando la principal crisis desde entonces y esto obviamente plantea un escenario inédito porque venimos de un proceso de integración norteamericana que se ha venido desdibujando poco a poco”.
Agrega que Trump “tiene una perspectiva sobre todo del uso de la fuerza de manera unilateral que no simpatiza con la cooperación internacional y las organizaciones multilaterales”.
“Como gran superpotencia es capaz de alguna manera de amenazar con la ruptura de la soberanía nacional de algunos otros países, no lo ha concretado en este momento en el caso de México o en el caso de Canadá, pero ya lo anunció y eso es muy preocupante, es importante tenerlo en el radar. Se está conduciendo en el marco de una política neo imperial”, señala Rodríguez.
La relación entre México y Estados Unidos se vio marcada por crisis y momentos de alta tensión a lo largo del siglo XX.
Durante la Revolución mexicana (1910-1917), Francisco Villa atacó Columbus, Nuevo México, en 1916 porque el gobierno de EE. UU. apoyaba a Venustiano Carranza, otro líder revolucionario con el que tenía rencillas, y al presidente Álvaro Obregón. Estados Unidos envió soldados a México para detener a Villa, pero la expedición fracasó, y el caudillo mexicano expulsó a los militares estadounidenses. El entonces presidente Carranza no impidió la incursión, pues quería el arresto de Villa.
Según el Gobierno de México, la denominada “Batalla de Columbus” es reconocida como la única vez en la historia militar de los Estados Unidos en “que un ejército latinoamericano atacó su territorio”.
En 1933, previo a la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la Guerra Fría ambos países aplicaron la política del “buen vecino”, lo que ayudó a resolver de forma conjunta diferendos como el de la expropiación de los activos de las petroleras que operaban en México en 1938.
El gobierno de EE.UU. respondió bloqueando brevemente la compra de plata a México; a la par, las petroleras estadounidenses exigieron grandes compensaciones. En 1942, se firmó un acuerdo en el que México aceptó pagar a las compañías una parte de lo que pedían.
En 1985, se dio otro diferendo con el asesinato en México del agente de la DEA Enrique Camarena. El gobierno mexicano trabajó en el esclarecimiento del caso, y detuvo a 13 agentes federales y al narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo y años después a Rafael Caro Quintero. Este suceso dio pie a que ambos países sentaran las reglas con las que actuarían los agentes de la DEA en México.
Este jueves, México extraditó a Estados Unidos a un grupo de 29 presuntos narcotraficantes, entre los que estaba Caro Quintero, para que sean juzgados por la justicia estadounidense.
En la década de 1990 también comenzaron los acercamientos entre EE.UU., Canadá y México para un tratado de libre comercio, que entró en vigor en 1994.
Rodríguez, profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, señala que en lugar de fortalecer la integración norteamericana, como había venido ocurriendo con el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., México y Canadá y su sucesor, el TMEC, la administración del presidente estadounidense ha optado por la “diplomacia coercitiva”, desdibujando los lazos con sus vecinos y con Europa.
“La administración Trump se está conduciendo en varias bandas. Está por un lado trabajando la coordinación (con México), pero por el otro lado también está elevando las amenazas de la posibilidad de romper esa colaboración (…) vía diplomacia coercitiva, con amenazas que han alterado por completo el esquema de colaboración para un vecino estratégico como México”, señala Rodríguez.
Rodrigo Brito, doctorado en Derecho por la UNAM y maestro en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, advierte que, aunque la situación con Estados Unidos vive su peor momento de los últimos años, no es algo completamente nuevo.
“Ya lo vivimos en el período anterior de Donald Trump. Esta complejidad no es solamente propia de México, sino que es una forma de gobernar del presidente Trump”, asegura Brito.
El 20 de febrero, el Gobierno del presidente Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a varios grupos criminales, incluidos seis cárteles mexicanos —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, la Nueva Familia de Michoacán, Cárteles Unidos y el del Golfo.
Tras esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que, según ella, busca reforzar la soberanía nacional, con penas más severas y prisión preventiva oficiosa a extranjeros que trafiquen armas o violen la soberanía nacional.
“México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero”, indica la propuesta, que está en proceso en el Congreso.
“Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía, entonces ellos pueden ponerles el nombre que decidan (a los cárteles), pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, dijo la mandataria sobre el tema.
Funcionarios y exfuncionarios dicen que esta designación a los cárteles puede sentar las bases para ataques directos de EE.UU. contra sus instalaciones en territorio mexicano.
Para Rodríguez, el gobierno de Sheinbaum envió esta propuesta luego de esta denominación y el sobrevuelo de drones para espiar a los grupos criminales en territorio mexicano, como una forma de “anticiparse” a una posible intervención del gobierno de EE.UU.
Sheinbaum ha asegurado que estos drones operan a petición del gobierno mexicano, como parte de la colaboración entre ambos países y que no hay nada ilegal en su operación.
“Lo que está sucediendo aquí es que se están anticipando a la posibilidad de ese escenario (una intervención) que entiendo lo están identificando como algo real, posible, y para ello están elevando los costos de la posibilidad de esa intervención. El gobierno mexicano está sentando un precedente para plantear que en el caso de la violación de la soberanía nacional por un actor extranjero o transnacional habría un costo jurídico”, explica Rodríguez.
La presidenta ha descartado que Trump busque invadir México para combatir a los cárteles, pero también ha dejado claro que la designación de las organizaciones criminales como terroristas no debe ser “una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía”.
Por su parte, Brito señala que la respuesta de México ante las acciones del gobierno de Trump debe ser fundamentalmente diplomática, alineada con los principios establecidos en la Constitución mexicana ―que privilegia la solución pacífica de controversias, la no intervención y la cooperación internacional―, y no cambiándola ante problemas coyunturales.
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